El hecho expone una cadena de denuncias por amenazas, traslados forzados y violencia interna en distintas áreas del municipio.
La Federación Judicial denuncia que Poggi avanza contra derechos laborales históricos
La entidad nacional calificó de “violación constitucional” el proyecto del gobierno de San Luis para recortar la feria judicial.
Actualidad11 de noviembre de 2025
Redacción
El proyecto impulsado por el gobernador Claudio Poggi para reducir la feria judicial a tres semanas anuales encendió la alarma en todo el ámbito judicial. Aunque la iniciativa fue presentada como una “medida de eficiencia”, la Federación Judicial Argentina (FJA) la consideró un golpe directo al régimen laboral y a la independencia del Poder Judicial. La propuesta ya cuenta con media sanción en el Senado y se discute en Diputados, con posibilidades ciertas de convertirse en ley.
La FJA acusó al gobierno de San Luis de “alterar de manera unilateral derechos adquiridos” y de “violar abiertamente” las constituciones provincial y nacional. El comunicado difundido este lunes recordó que las condiciones laborales solo pueden modificarse en el marco de paritarias y mediante negociación colectiva, algo que el Ejecutivo omitió por completo.
Para la Federación, el recorte de la feria judicial no es un simple ajuste de calendario, sino que representa “una regresión inadmisible en materia de derechos laborales y democráticos”. En su pronunciamiento, el gremio habla de un “ataque al Estado de Derecho y al principio de legalidad”, advirtiendo que el proyecto desnuda una lógica de poder que busca disciplinar a la Justicia bajo el discurso de la eficiencia.
La iniciativa, además, funciona como un mensaje hacia otros sectores estatales, en momentos donde el Ejecutivo intenta instalar la idea de que “los empleados públicos trabajan poco y cobran mucho”.
Advertencia y posibles medidas
La Federación Judicial exhortó a las autoridades provinciales a “revocar de inmediato este engendro ilegal” y advirtió que, de persistir la iniciativa, promoverá acciones sindicales y judiciales en todos los niveles, incluso internacionales. El conflicto, lejos de cerrarse, abre un nuevo frente de tensión entre el gobierno y los trabajadores judiciales.
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