Redacción
El poggismo a esta altura ha logrado lo que parecía imposible, borrar la ya fina línea que separa al Estado de la campaña partidaria. En medio del despliegue electoral y con un “plan patita” que regala bicicletas y da créditos, entre otras cosas, el gobierno de Claudio Poggi cuela proselitismo desde las oficinas públicas con una impunidad que solo se explica por la pasividad de algunos funcionarios judiciales
El logo del frente oficialista no necesita presentación, es el logo del gobierno, apenas disfrazado. Misma tipografía, mismos colores, mismo vector del mapa de San Luis. Un calco institucional, pero con pretensiones electorales. Y ahí está, estampado en cada boleto, cartel y acto de entrega, como si el Estado entero se hubiera convertido en una unidad básica con presupuesto propio.
Lo llamativo —o lo cínico— es que mientras tanto, el mismo oficialismo, de la mano del vicegobernador Ricardo Endeiza, corre a la Justicia Electoral para que no permita al Frente Justicialista usar su logo. Un logo que, vale recordar, ya había sido aprobado con anterioridad. El argumento es que “podría confundir al electorado”. Vaya ironía. La confusión, al parecer, sólo es válida si la genera el oficialismo con fondos públicos.
La escena es clara, mientras el poggismo reparte bicicletas con la marca del gobierno estampada al lado del nombre de su frente, la Justicia se muestra dispuesta a censurar a la oposición por usar su propia simbología. Todo un mensaje.
La pregunta no es solo qué hará la Justicia. La pregunta es si la Justicia está dispuesta a mirar. Porque la trampa es evidente, un frente que utiliza los recursos, los colores y hasta la estética del Estado para instalarse, mientras se victimiza ante una supuesta amenaza gráfica del peronismo.
No hay equilibrios democráticos posibles cuando el gobierno juega con las cartas marcadas y los árbitros se hacen los distraídos. La institucionalidad no se defiende con discursos, se defiende dejando de usarla como sello de campaña.
