El Gobierno corrió la inflación del espejo y dejó al IPC sin cara

La explicación oficial suena a pura narrativa: la nueva medición de la inflación en Argentina (el flamante IPC que debía reflejar la canasta real de gastos de los hogares) no se va a publicar ahora porque “el proceso de desinflación no está consolidado”.

El dato tenía fecha prevista de publicación para el 10 de febrero con una metodología actualizada que reemplazaba la vieja canasta de 2004 por otra basada en la encuesta de gastos de los hogares 2017-2018, lo que hubiera cambiado la ponderación de servicios y bienes y, según estimaciones privadas, brindado una lectura más “fiel” de la evolución de precios.

Pero la realidad política se impuso: el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a defender la decisión diciendo que “es mejor mantener la metodología vigente hasta que la desinflación esté consolidada”, aunque eso implique no mostrar el dato con la fórmula más actualizada.

La renuncia del director del organismo estadístico, Marco Lavagna, fue la otra pieza del rompecabezas. Aunque el Gobierno dijo que la decisión de postergar la medición no tenía que ver con presiones, el cambio de autoridades en un momento clave no pasa desapercibido. Lavagna venía empujando el cambio metodológico que ahora se congeló, y su salida generó dudas sobre la coherencia técnica del proceso.

El nuevo IPC (que no se estrena) no era un invento menor: implicaba un ajuste en las ponderaciones de la canasta que, por ejemplo, hubiera elevado el peso de servicios como vivienda, electricidad y transporte, y disminuido el de alimentos y prendas, acercando el índice a los hábitos reales de consumo. Economistas privados estimaron que, de haberse aplicado, la inflación de 2025 habría sido alrededor de 33,6% en vez del 31,5% oficial, es decir 2,1 puntos porcentuales más arriba.

Oficialmente, el argumento es técnico: no mover la ecuación en medio de un proceso de baja de precios evitaría “ruido” y preserva comparaciones históricas limpias. Pero la pregunta es inevitable: si la nueva fórmula estaba casi lista, ¿qué importó más, la transparencia estadística o la conveniencia política?

Porque no es un dato menor. En momentos en que se precia de una inflación controlada, mostrar una lectura que podría resultar más alta (aunque solo sea por la actualización de la canasta) introduce tensión en un relato que el Gobierno ha ido construyendo como parte central de su legitimación económica. 

Más aún: en economías donde la inflación es bandera política, el termómetro importa tanto como la medición en sí. Cambiar el índice justamente cuando se reafirma la bendición de la desinflación no solo evita cifras “espinosas”, sino que reduce la visibilidad de cómo se comportan los precios con ponderaciones más realistas.

El resultado es que Argentina sigue midiendo inflación con una fórmula que no cambió en décadas, mientras el índice más representativo queda guardado en un cajón técnico–político que nadie sabe cuándo volverá a ver la luz.