El sindicato estatal ATE presentó una denuncia interna que acusa a Nucleoeléctrica Argentina de pagar cifras exorbitantes por software y servicios sin justificativo técnico claro. La conducción de la empresa, encabezada por un hombre cercano al presidente, queda bajo lupa por múltiples contratos cuestionados.
Nacionales27/01/2026
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La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) acusó a Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) (empresa estatal que opera las tres centrales nucleares del país) de incurrir en presuntos sobreprecios descomunales en contrataciones recientes. La denuncia fue elevada por un gerente de planta al Comité de Integridad de la compañía y apunta directamente a decisiones de contratación de la gestión actual.
Según el sindicato, la empresa pagó unos 7 millones de dólares por un software de gestión administrativa cuyo valor real rondaría los 600 mil, lo que implica una diferencia de más de 1.000 % respecto de precios de mercado. Además, se cuestiona la licitación de un servicio de limpieza por montos que duplicarían los costos anteriores.
La denuncia no se limita al software. El documento presentado reclama que el procedimiento de compra fue discrecional, con requisitos técnicos arbitrarios y sin competencia real entre oferentes, lo que favoreció a un proveedor determinado.
ATE solicitó la suspensión del proceso, una auditoría interna detallada y explicaciones públicas sobre estas decisiones que, a juicio del gremio, podrían configurar manejos irregulares de fondos públicos. Por ahora, la empresa no brindó declaraciones oficiales.
El conflicto ya dejó consecuencias internas: el directorio de Nucleoeléctrica apartó temporariamente a dos altos directivos que respondían al presidente de la firma, Demian Reidel, exjefe de Gabinete del Consejo de Asesores Presidenciales y vinculado al entorno del presidente Javier Milei.
Las denuncias se dan en un contexto delicado para NASA, que también enfrenta otros cuestionamientos previos por procesos licitatorios y posibles direccionamientos de contratos, incluidos servicios de limpieza en las centrales Atucha I y II y Embalse, donde se detectaron sobreprecios superiores al 140 % según informes gremiales y auditorías internas.
El caso abre un foco de tensión política en torno a una empresa estratégica para la matriz energética del país y las decisiones de contratación bajo la conducción de un funcionario cercano al poder actual, con posibles repercusiones administrativas y judiciales si se confirman las irregularidades denunciadas.
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