La Nación tomó control del principal Puerto fueguino por 12 meses; desde la provincia ya anunciaron un amparo judicial y un fuerte rechazo político.
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El Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia por un año, tras detectar lo que calificó como irregularidades financieras, desvíos de fondos y riesgos operativos en la terminal marítima. La medida fue dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y formalizada mediante la resolución 4/2026.
Desde Nación sostienen que las inspecciones revelaron que la administración provincial utilizó recursos del Puerto para gastos ajenos a su función, con una tercerización impropia de registros contables y pocos fondos destinados a obras o servicios portuarios. Además adujeron deficiencias en infraestructura y protocolos de seguridad.
La intervención se decidió en plena temporada alta de cruceros (cuando Ushuaia funciona a pleno) y con el apoyo operativo de prefectura naval argentina para reforzar seguridad y tareas técnicas.
La gobernación de Tierra del Fuego, encabezada por Gustavo Melella, calificó la medida de “avasallamiento a la autonomía provincial” y anticipó que recurrirá a la Justicia para frenar la intervención. Además, legisladores y dirigentes locales la denunciaron como una intromisión arbitraria y sin justificación objetiva.
El choque pone en tensión competencias institucionales entre Nación y provincia, y abre un frente de conflicto político en el sur argentino en un momento clave para la actividad turística y marítima.
En 2025, el precio de la carne aumentó un 71% interanual, más del doble de la inflación informada por el INDEC. La combinación de retención ganadera y mayor exportación tensiona el mercado interno sin respuesta oficial. El impacto ya se siente en la góndola y reabre un debate económico que el Ejecutivo evita.
La administración nacional oficializó el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso durante febrero de 2026. Entre los temas centrales a tratar se destacan la reforma laboral, acuerdos pendientes y proyectos de interés estratégico para el Ejecutivo.
La AUH y la Tarjeta Alimentar crecieron por encima de la inflación y superan los 6 millones de beneficiarios. El gobierno reforzó transferencias directas mientras el empleo formal perdió 180 mil puestos en dos años.
En plena tensión política con la vicepresidenta Victoria Villarruel, el presidente Javier Milei viaja al Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) y decide que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quede en Casa Rosada a cargo de la gestión diaria, por encima de la titular del Senado.
La apertura de sobres para el segundo tramo del Acceso Este en Mendoza puso en escena a Hugo Dragonetti, empresario sanjuanino conocido por obras hidráulicas en San Juan, ahora en competencia por un contrato vial de más de $70 000 millones. El movimiento refleja la expansión interestatal de constructoras locales en un contexto de gran obra pública.
La Corte Suprema provincial atraviesa un conflicto interno que mezcla resistencias institucionales, disputas de poder político y decisiones polémicas, como aumentos salariales que llevarían haberes de magistrados a $24 millones. La situación pone en foco tensiones entre el Poder Judicial y la Legislatura de Santa Cruz.
La provincia registra 142 casos cada 100.000 habitantes mientras el promedio del país es de 90. La diputada y ex ministra de Salud, María José Zanglá denuncia desfinanciamiento provincial y falta de campañas de prevención tras el recorte nacional.
YPF Gas lanzó un plan piloto para evaluar un nuevo tipo de garrafa plástica más liviana y reciclable, con foco en facilitar el uso hogareño del gas licuado.
El Gobierno anunció un supuesto “superávit financiero” en 2025, pero omitió incluir los intereses reales de la deuda en pesos. Con esa maniobra contable, escondió un déficit que sí existió.
El gobierno provincial centra su política de seguridad en alarmas comunitarias, un plan reciclado que no funcionó. Videos y testimonios de robos se viralizan a diario mientras la ministra Nancy Sosa admite que "la alarma sola no es más seguridad".
Vecinos del barrio del sur denuncian baches, líquidos cloacales en las calles, basura acumulada y falta de agua potable. El 147 municipal no funciona y que el intendente Hissa solo aparece cuando hay actos oficiales.