El diputado nacional fue imputado, junto a otros ex funcionarios, en una causa que califica de “trucha”. Denunció que el gobernador Claudio Poggi usa la justicia para perseguir opositores y desviar la atención de su propio patrimonio millonario, acumulado tras décadas en el Estado.
ActualidadHace 4 horas
Redacción
La imputación contra Ernesto “Pipi” Nader Alí y otros ex funcionariois se transformó en un nuevo capítulo del show judicial del poggismo contra los dirigentes opositores. La jueza Luciana Banó y la fiscal Linda Maluf los acusaron por presunta defraudación a la administración pública y abuso de autoridad en obras realizadas en La Toma.
La respuesta del legislador fue directa y contundente: “Es una causa trucha, un escándalo político y jurídico. No tiene absolutamente nada. No me van a hacer callar”.
Lejos de ver el caso como un expediente judicial aislado, Alí lo interpretó como parte de una estrategia política. Según el diputado, el gobernador Claudio Poggi utiliza el aparato judicial como herramienta de disciplinamiento, especialmente contra quienes denuncian sus negocios y su enriquecimiento.
“La denuncia fue en diciembre de 2023 y recién se mueve casi dos años después. ¿Por qué ahora? Porque les duele que hable del enriquecimiento ilícito, de la ANDIS, del PAMI. Es todo mentira. Las obras están hechas e inauguradas, incluso por el mismo Poggi”, afirmó.
En San Luis, no es la primera vez que opositores enfrentan causas judiciales justo cuando crecen las críticas contra el gobierno. Para Alí, se trata de cortinas de humo que buscan tapar las denuncias más incómodas.
El patrimonio de Poggi, el tema de fondo
El eje más incómodo para el oficialismo es el que Alí viene marcando hace tiempo: la fortuna del gobernador.
“Mi declaración jurada en el Congreso tiene dos bienes. ¿Saben cuántos tiene Poggi? Es un multimillonario de la política. Yo estoy crocante de seco”, lanzó, en una frase que rápidamente circuló en redes.
El cuestionamiento es claro, Poggi, que hizo toda su carrera en el Estado, nunca explicó cómo amasó semejante patrimonio personal. Esa insistencia de Alí en desnudar el costado económico del poder es, para muchos, la verdadera razón de su persecución.
La defensa calificó la imputación como “apresurada y política”. El diputado, por su parte, pidió que el propio Poggi declare como testigo, recordando que durante su gestión también amplió plazos y modificó contratos de obras públicas, como ocurre en cualquier administración.
Mientras tanto, las denuncias que salpican al oficialismo parecen estancarse en los despachos judiciales. Esa selectividad refuerza la idea de una justicia a medida del poder político, que avanza rápido contra los opositores y se paraliza ante las causas que afectan al gobierno.
“No me van a callar”
Con su estilo frontal, Alí cerró su descargo sin dejar lugar a interpretaciones: “No les tengo miedo. Voy a seguir luchando por San Luis. Estas causas truchas no me van a callar”.
El caso no solo expone la fragilidad de la independencia judicial en la provincia, sino también el modo en que Poggi gobierna, con causas penales como cortinas de humo para ocultar las denuncias por su injusticable y multimillonario patrimonio.
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