
El hecho expone una cadena de denuncias por amenazas, traslados forzados y violencia interna en distintas áreas del municipio.
El comunicado de periodistas y el departamento de Comunicación de la Universidad Nacional de San Luis sobre la falta de transparencia en la gestión provincial encendió la mecha. En el gobierno, apuntan a la conducción universitaria por permitir un documento que, sin nombrarlo, golpea directo al secretario de Comunicación, Diego Masci.
Actualidad08 de noviembre de 2025
Redacción
El gobierno de Claudio Poggi no tolera los ruidos fuera del libreto, y esta vez el ruido vino del ámbito universitario. Un comunicado firmado por periodistas, académicos y organizaciones locales, denunciando la “denegación y demora” en los pedidos de acceso a la información pública, desató un fuerte malestar en Terrazas del Portezuelo.
La chispa fue que entre los firmantes aparecía el Departamento de Comunicación de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), un gesto institucional que el oficialismo leyó como una afrenta. En los pasillos de Terrazas circularon reproches hacia el rector Raúl Gil y diputado electo Víctor Moriñigo por no haber frenado una crítica que, aunque sin nombres propios, apunta con claridad a Diego Masci, el hombre que maneja la comunicación del gobierno.
Masci no se quedó callado. En declaraciones recientes, se despegó del documento y defendió la postura oficial: “No comparto lo que dicen, los funcionarios no hablan porque no quieren”, admitió, dejando al descubierto la falta de acceso que reconocen incluso desde adentro del Ejecutivo.
La frase, lejos de apaciguar las aguas, las agitó más. Porque no se trata solo de “voluntades”, sino de una política comunicacional cerrada, que funciona a través de medios aliados y campañas pagadas en redes sociales. El relato oficial se impone por saturación, mientras la información pública, esa que debería estar al alcance de todos, se esconde detrás depedidos que nunca obtienen respuesta.
En la UNSL, el comunicado fue interpretado como un deber ético frente a la opacidad del poder, pero en el entorno de Poggi lo vieron como un acto político. No es la primera vez que el gobierno se incomoda con la autonomía universitaria, pero esta vez el golpe dolió más, porque vino de un espacio que considera bajo su control.
En San Luis, el acceso a la información pública sigue dependiendo del humor del funcionario de turno, y el gobierno de Poggi parece decidido a mantener el control del relato, incluso si eso implica enojarse con quienes apenas piden que se cumpla la ley.

El hecho expone una cadena de denuncias por amenazas, traslados forzados y violencia interna en distintas áreas del municipio.

Tras la renuncia de Jorge Caro, el prosecretario parlamentario de LLA en el Senado, Rodolfo Negri, anunció que presentará un proyecto para presidir el club. La movida se da en un contexto de vacancia institucional y reabre el debate sobre la injerencia política en entidades deportivas.

La intervención comenzó hace varios meses y quedó inconclusa, con montículos de arena y trabajos a medio hacer. Comerciantes y vecinos advierten problemas de tránsito y peligros por falta de señalización. El antecedente inmediato es la obra inconclusa en la avenida Presidente Perón durante la gestión de Jorge Gastón Hissa.

La Resolución Rectoral Nº 917/2025 dispuso aumentos salariales diferenciados desde julio y agosto, beneficiando a autoridades superiores del Rectorado. La decisión fue firmada por el entonces rector Víctor Moriñigo, hoy diputado provincial, en un contexto de ajuste y pérdida salarial para docentes y no docentes.

La Municipalidad anunció medidas de “ordenamiento” urbano durante 2025, pero no logró sostener ninguna política efectiva. Los conflictos en la vía pública continúan y dejaron en evidencia una gestión sin planificación ni ejecución real.

Los homicidios de una madre y su hija, la persistencia de robos y el conflicto abierto entre la Policía y la ministra Nancy Sosa son los últimos episodios de una crisis que se arrastra desde hace al menos dos años. El cierre de año encuentra al gobierno provincial sin respuestas estructurales en el área.

El intendente de San Luis encabezó un nuevo acto para mostrar vehículos que ya habían sido presentados como “compras recientes” en al menos tres ocasiones durante el último año. La puesta en escena se dio en medio de críticas por el deterioro de los servicios básicos en la ciudad.

El Concejo Deliberante aprobó las emergencias económica, administrativa, del transporte y del agua enviadas por la intendencia. La oposición cuestionó la falta de información, el uso político de las herramientas y señaló que la crisis real de la ciudad no fue abordada

Los homicidios de una madre y su hija, la persistencia de robos y el conflicto abierto entre la Policía y la ministra Nancy Sosa son los últimos episodios de una crisis que se arrastra desde hace al menos dos años. El cierre de año encuentra al gobierno provincial sin respuestas estructurales en el área.

La Resolución Rectoral Nº 917/2025 dispuso aumentos salariales diferenciados desde julio y agosto, beneficiando a autoridades superiores del Rectorado. La decisión fue firmada por el entonces rector Víctor Moriñigo, hoy diputado provincial, en un contexto de ajuste y pérdida salarial para docentes y no docentes.

La intervención comenzó hace varios meses y quedó inconclusa, con montículos de arena y trabajos a medio hacer. Comerciantes y vecinos advierten problemas de tránsito y peligros por falta de señalización. El antecedente inmediato es la obra inconclusa en la avenida Presidente Perón durante la gestión de Jorge Gastón Hissa.

Tras la renuncia de Jorge Caro, el prosecretario parlamentario de LLA en el Senado, Rodolfo Negri, anunció que presentará un proyecto para presidir el club. La movida se da en un contexto de vacancia institucional y reabre el debate sobre la injerencia política en entidades deportivas.

El hecho expone una cadena de denuncias por amenazas, traslados forzados y violencia interna en distintas áreas del municipio.