El comunicado de periodistas y el departamento de Comunicación de la Universidad Nacional de San Luis sobre la falta de transparencia en la gestión provincial encendió la mecha. En el gobierno, apuntan a la conducción universitaria por permitir un documento que, sin nombrarlo, golpea directo al secretario de Comunicación, Diego Masci.
ActualidadHace 2 horas
Redacción
El gobierno de Claudio Poggi no tolera los ruidos fuera del libreto, y esta vez el ruido vino del ámbito universitario. Un comunicado firmado por periodistas, académicos y organizaciones locales, denunciando la “denegación y demora” en los pedidos de acceso a la información pública, desató un fuerte malestar en Terrazas del Portezuelo.
La chispa fue que entre los firmantes aparecía el Departamento de Comunicación de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), un gesto institucional que el oficialismo leyó como una afrenta. En los pasillos de Terrazas circularon reproches hacia el rector Raúl Gil y diputado electo Víctor Moriñigo por no haber frenado una crítica que, aunque sin nombres propios, apunta con claridad a Diego Masci, el hombre que maneja la comunicación del gobierno.
Masci no se quedó callado. En declaraciones recientes, se despegó del documento y defendió la postura oficial: “No comparto lo que dicen, los funcionarios no hablan porque no quieren”, admitió, dejando al descubierto la falta de acceso que reconocen incluso desde adentro del Ejecutivo.
La frase, lejos de apaciguar las aguas, las agitó más. Porque no se trata solo de “voluntades”, sino de una política comunicacional cerrada, que funciona a través de medios aliados y campañas pagadas en redes sociales. El relato oficial se impone por saturación, mientras la información pública, esa que debería estar al alcance de todos, se esconde detrás depedidos que nunca obtienen respuesta.
En la UNSL, el comunicado fue interpretado como un deber ético frente a la opacidad del poder, pero en el entorno de Poggi lo vieron como un acto político. No es la primera vez que el gobierno se incomoda con la autonomía universitaria, pero esta vez el golpe dolió más, porque vino de un espacio que considera bajo su control.
En San Luis, el acceso a la información pública sigue dependiendo del humor del funcionario de turno, y el gobierno de Poggi parece decidido a mantener el control del relato, incluso si eso implica enojarse con quienes apenas piden que se cumpla la ley.
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Tras ser sentenciado a dos años y medio de prisión e inhabilitación perpetua, el exministro de Seguridad Claudio Latini denunció una persecución política orquestada desde el propio gobierno de Claudio Poggi y apuntó directamente contra Nancy Sosa, su sucesora en el cargo.
El Senado aprobó que 2026 sea “el Año de la Educación”, pero el presupuesto dice otra cosa: habrá menos fondos para el sistema educativo y los salarios docentes seguirán perdiendo contra la inflación.
El caso del maíz perdido se convirtió en una operación política de control y encubrimiento. El gobierno amplió la denuncia original, pero no explica dónde está el dinero ni quién lo tiene.
Mientras el maíz valuado en dos millones de dólares sigue sin aparecer, el gobierno de Claudio Poggi decidió mirar hacia atrás: denunció a exministros de la gestión anterior, pero evitó hablar de las responsabilidades propias en el manejo actual del campo.
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