El oficialismo universitario que conduce Raúl Gil y articula el diputado Víctor Moriñigo perdió el control de la obra social DOSPU ante la lista opositora Defendamos DOSPU, que se impuso por 99 votos contra 94 en elecciones celebradas esta semana.
La Resolución Rectoral Nº 917/2025 dispuso aumentos salariales diferenciados desde julio y agosto, beneficiando a autoridades superiores del Rectorado. La decisión fue firmada por el entonces rector Víctor Moriñigo, hoy diputado provincial, en un contexto de ajuste y pérdida salarial para docentes y no docentes.
El comunicado de periodistas y el departamento de Comunicación de la Universidad Nacional de San Luis sobre la falta de transparencia en la gestión provincial encendió la mecha. En el gobierno, apuntan a la conducción universitaria por permitir un documento que, sin nombrarlo, golpea directo al secretario de Comunicación, Diego Masci.
La agrupación estudiantil Juventud Universitaria Peronista solicita investigar al Secretario de Desregulación del gobierno de Javier Milei por presunta irregularidad académica. La denuncia apunta a un posible fraude en la FCEJS.
Un documento interno expone que el funcionario de Milei habría percibido sus ingresos sin estar activo en la FICES. Esta semana, el dirigente radical presentó un pedido de licencia por cargo de mayor jerarquía.
El nuevo rector de la Universidad Nacional de San Luis debutó con un discurso armado con inteligencia artificial y bajo la sombra de Víctor Moriñigo, que dejó su marca con designaciones familiares y acuerdos políticos incómodos.
El ahora exrector de la UNSL, Víctor Moriñigo, se aseguró un aumento en su dedicación como docente antes de partir hacia su nueva carrera política. Nunca dio clases, pero ya dejó todo listo para cobrar como si lo hubiera hecho.
Moriñigo y Gil viajaron a Uruguay y no cayó bien en la casa de altos estudios, mientras se agrava el conflicto en Dospu y faltan recursos en distintas áreas.
El convenio con FEFARA, firmado entre sombras, hunde a la obra social universitaria en una crisis cada vez más profunda. Mientras Moriñigo transfiere fondos millonarios para contener el colapso, los afiliados denuncian abandono, discrecionalidad y un modelo de salud convertido en negocio. La bomba que le quedará a Raúl Gil y una situación cada vez más parecida a DOSEP.
El candidato a diputado por el poggismo ahora se dedicará de lleno a la campaña. Previo a eso, repartió recursos de la universidad como si fueran propios, mientras en los pasillos sigue la bronca por su doble juego.
El rector de la UNSL lanzó a sus candidatos a rector y vice Raúl Gil y Claudia Brusasca a través de la lista Consenso e Identidad Universitaria para las elecciones de mayo del 2025.
El Consejo Superior declaró la emergencia económica, financiera y administrativa en el ámbito de la Universidad Nacional de San Luis, por el término de 120 días, con los efectos en materia académica que esto conlleva. Asimismo, resolvió manifestar, como comunidad universitaria, una extrema preocupación respecto de la situación económica y presupuestaria de la UNSL.
Dijo que los funcionarios del gobierno de Poggi vendieron el maíz valuado en más de dos millones de dólares y después lo culparon a él. El próximo 25 de marzo, Ricardo Bazla —hoy secretario de Ética provincial— tendrá su audiencia ante el juez Cuello.
El Gobierno de San Luis destinó $43,2 millones para un almuerzo empresarial en Buenos Aires, sin licitación y a través de un ente estatal. El costo por cubierto supera siete veces el valor de mercado. La lógica es idéntica a la que el propio oficialismo usa para procesar a la gestión anterior.
El fiscal de Estado suplente anunció una presentación judicial contra Alberto Rodríguez Saá horas después de quedar expuesto en el estrado. La causa Ramírez acumula más condenas mediáticas que sustancia jurídica.
Una tasación presentada en pleno juicio pone bajo la lupa algo más profundo: ¿se puede fijar el valor de un colectivo con una fórmula contable, sin mirar el mercado y sobre un estado que no es el original? Entre números que no cierran y criterios discutibles, el caso Ramírez deja más preguntas que respuestas.
Cierran los alegatos de una causa que el poggismo explotó durante meses en medios y redes: una perito que desconoce parámetros básicos del mercado automotor, una auditoría firmada por un funcionario próximo a ser indagado por corrupción, y el testimonio del propio ex gobernador que desmontó el argumento central de la fiscalía.
El oficialismo Invirtió millones en pauta oficial, operaciones mediáticas, alquiló dos colectivos y quedó en nada. La fiscalía pidió entre 5 y 7 años de prisión. El Colegio de Jueces absolvió a la ex secretaria de Deportes por falta de pruebas suficientes y le aplicó una condena en suspenso que no implica un solo día de cárcel.
Durante dos años, el oficialismo convirtió la compra de un colectivo en emblema de corrupción. La Justicia no encontró pruebas suficientes para sostener ese delito, pero la maquinaria comunicacional ya había hecho su trabajo. ¿Cuánto costó instalar un relato que no se pudo probar?
En pleno juicio, el fiscal adjutor Rafael Berruezo forzó una lectura que no estaba en el expediente y terminó desordenando la estrategia oficial. Dos días después, el fallo dejó su jugada sin sustento y abrió una pregunta incómoda: ¿actuó como fiscal o como actor político?