La agrupación estudiantil Juventud Universitaria Peronista solicita investigar al Secretario de Desregulación del gobierno de Javier Milei por presunta irregularidad académica. La denuncia apunta a un posible fraude en la FCEJS.
ActualidadAyer
Redacción
El Secretario de Desregulación del gobierno de Javier Milei, Alejandro Cacace, enfrenta esta semana dos denuncias por presuntas irregularidades académicas en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL).
La primera denuncia apuntó a que Cacace cobró durante casi un año como docente de Derecho Constitucional sin cumplir con las clases correspondientes, mientras residía en Buenos Aires cumpliendo funciones ministeriales. La normativa interna de la UNSL (Ordenanza C.S. Nº30/08) establece que los cargos políticos de jerarquía son incompatibles con la docencia, situación que los denunciantes señalan como un posible incumplimiento de la normativa institucional.
Este jueves, se conoció una segunda denuncia ante la Decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales (FCEJS), Roxanna Camiletti. La agrupación estudiantil Juventud Universitaria Peronista, aseguró que Cacace figura en un acta de examen de Derecho Constitucional del 28 de julio de 2025 que no habría supervisado, ya que nunca estuvo presente. La denuncia solicita pericias caligráficas y resguardo del acta para determinar si la firma es apócrifa.
Ambas denuncias se encuentran bajo análisis por la FCEJS, que deberá definir si corresponde abrir expedientes y adoptar medidas conforme a la normativa institucional. Hasta el momento, la UNSL no emitió declaraciones oficiales sobre los pasos a seguir.
Pasan cosas en la política puntana y no seríamos nosotros si no las contamos, siempre bajo nuestra mirada conspirativa y ensobrada. Porque si hay descontento social que se note y bastante. Y si hay resúmenes políticos por ahí, este es el más descarado, tan mal escrito que los supuestos súper profesionales de la comunicación y los sommeliers de plumas periodísticas no pueden dejar de leerlo.
El diputado nacional fue imputado, junto a otros ex funcionarios, en una causa que califica de “trucha”. Denunció que el gobernador Claudio Poggi usa la justicia para perseguir opositores y desviar la atención de su propio patrimonio millonario, acumulado tras décadas en el Estado.
En plena crisis con el sector, la obra social provincial cerró un acuerdo con la Clínica de la Mujer y la Familia. Médicos denuncian que se trata de un pacto político y que en esas instituciones se emplea a profesionales en negro.
El intendente criticó que los concejales de la oposición “se agarren de lo legal” y terminó evidenciando desconocimiento sobre la normativa vigente en la ciudad.
El desembarco de Rodolfo Negri en el PAMI de San Luis marca un nuevo capítulo en la interna libertaria. La salida de la gente de Carlos D’Alessandro expone cómo los cargos nacionales se transformaron en botín político bajo el acuerdo Poggi–Bullrich–Menem.
Un documento interno expone que el funcionario de Milei habría percibido sus ingresos sin estar activo en la FICES. Esta semana, el dirigente radical presentó un pedido de licencia por cargo de mayor jerarquía.
La oposición realizó el pedido formal con el gobernador tras sus declaraciones, que dejaron en evidencia vacíos de información y expusieron al intendente Hissa y a su bloque.
La falta de claridad política y técnica mantiene rehenes a miles de afiliados, mientras el gobierno de Poggi intenta sostener un relato que ya se le desarma.
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