El convenio con FEFARA, firmado entre sombras, hunde a la obra social universitaria en una crisis cada vez más profunda. Mientras Moriñigo transfiere fondos millonarios para contener el colapso, los afiliados denuncian abandono, discrecionalidad y un modelo de salud convertido en negocio. La bomba que le quedará a Raúl Gil y una situación cada vez más parecida a DOSEP.
Actualidad03 de junio de 2025
Redacción
La situación de la obra social de la Universidad Nacional de San Luis (DOSPU) atraviesa uno de sus momentos más críticos desde su creación. Lejos de ofrecer respuestas eficaces ante las demandas de sus afiliados, se ha transformado en el epicentro de una crisis estructural que combina desfinanciamiento, falta de transparencia, delegación de funciones clave a privados y denuncias de maltrato sistemático.
En el centro del conflicto se encuentra el convenio con la Federación Farmacéutica de la República Argentina (FEFARA), una organización que —según denuncias internas— opera bajo un modelo que ha elevado los costos sin mejorar los servicios. A pesar de los argumentos oficiales que justifican la tercerización como un mecanismo para optimizar recursos, el resultado concreto ha sido la profundización del colapso de la cobertura prestacional. Lejos de representar un alivio, FEFARA se ha convertido en una carga para DOSPU.
El rector saliente, Víctor Moriñigo, ha autorizado transferencias por alrededor de 400 millones de pesos a la obra social, de los cuales entre el 70% y el 90% serían destinados directamente a cubrir pagos exigidos por FEFARA. No hay evidencia de que ese dinero haya mejorado la atención a los afiliados. Por el contrario, múltiples sectores de la comunidad universitaria —en particular jubilados y trabajadores— han advertido que el sistema de salud está dejando de cumplir su función básica, la de garantizar el acceso a medicamentos y tratamientos médicos.
La situación de DOSPU es similar a la que se vive en DOSEP, la obra social de los trabajadores del Estado también selló un convenio con FEFARA y desde hace tiempo tiene los mismos inconvenientes con la entrega de medicamentos y las coberturas.
Un documento firmado por afiliados y jubilados reafirma esta preocupación, señalando que “se ha dilapidado y se sigue dilapidando el capital que debiera haber estado acumulado justamente para atender las situaciones de salud de los afiliados en el momento en que se produzcan”.
A esto se le suma una serie de denuncias concretas que describen con claridad la gravedad del escenario como los obstáculos que pone FEFARA para no dar coberturas a tratamientos específicos, cargas adicionales, falta de información sobre la situación financiera de DOSPU y retrasos injustificados en la entrega de medicamentos, entre otros.
La falta de control institucional y con la que se maneja este convenio han generado un fuerte malestar entre los afiliados. El pedido más reiterado en los distintos comunicados es que la obra social vuelva a gestionar de forma directa su red de farmacias y retome el control de los fondos públicos que administra. Para quienes aportan desde hace décadas, la actual gestión delegada representa no solo un retroceso en derechos adquiridos, sino también una amenaza a su salud y su bienestar.
El traspaso de la rectoría a Raúl Gil encuentra a la universidad en un momento delicado. La administración saliente intenta cerrar su gestión sin que estalle el conflicto, pero el malestar ya es inocultable. La nueva conducción tendrá la difícil tarea de revisar un sistema que ha demostrado ser ineficaz, opaco y perjudicial para miles de personas.
La crisis de DOSPU no es solo una cuestión de gestión administrativa. Es un tema político que visibiliza el esquema de administración irregular que existió en la gestión de Morinigo. Sobre todo teniendo en cuenta que el diputado electo eligió firmar un convenio que ya venía maldecido desde DOSEP.
De esta manera FEFARA se quedó con el control de las obras sociales más grandes de la provincia y a ambas las hundió en una crisis severa.
Los empleados estatales ya fueron dados de baja y no cobrarán a fin de mes. La medida fue presentada como “no renovación de contratos”, mientras el Ejecutivo mantiene sueldos de hasta $2,5 millones para asesores sin funciones claras.
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Concejales de la oposición votaron en contra y remarcaron que hubieron sobreejecuciones sin respaldo, dinero fantasma que no está en ningún lado, negociados con fondos FIMA, deuda encubierta y un ajuste brutal que recayó sobre los vecinos y los trabajadores. El oficialista Mario Silvestri se abstuvo, profundizando la grieta con el intendente.
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Se reveló que Sol Puntano contrató a la empresa Los Tres Olivas SAS, vinculada a Cesar Oliva y al ministro Federico Trombotto, como proveedores. El entramado de una red de negocios y privilegios desde adentro del Estado.
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