Que Claudio Poggi quiere controlar la Justicia no es ninguna novedad. Pero ahora, con la salida del exprocurador Luis Martínez, la ofensiva se intensificó. En una reunión preelectoral con su gabinete y algunos intendentes, el gobernador de San Luis dio la orden de ir a fondo contra el Poder Judicial. La táctica es clara, saturar el sistema con operadores políticos, militar la asunción de Berruezo, mientras se instala en la opinión pública la idea de que los jueces son los responsables de todos los males de la provincia.
La directiva se montó inmediatamente. Intendentes fieles al poggismo, como Jorge Gastón Hissa, Maximiliano Frontera y Luciano Ayala, no tardaron en incluir referencias críticas a la Justicia en sus discursos de apertura de sesiones. Un giro curioso, por decir lo menos. Como el Poder Judicial fuera el único obstáculo entre ellos y las malas gestiones que están llevando a cabo.
Pero el embate no termina ahí. Desde las cuentas oficiales de funcionarios comenzaron a replicar en redes sociales declaraciones de Poggi contra los jueces, amplificando el mensaje. Paralelamente, los medios de comunicación financiados por el gobernador aumentaron la presión con artículos que, forzosamente, vinculan a la Justicia con todos los problemas del territorio. Y, por supuesto, no podía faltar el escuadrón digital, el millonario centro de trolls del gobierno se puso en marcha, con perfiles falsos que inundan grupos de Facebook y comentarios en redes pidiendo intervención judicial en tono de indignación ciudadana.
Amigos cercanos
La avanzada no se queda solo en el discurso. Mientras el poggismo denuncia la supuesta inoperancia judicial, abre las puertas a funcionarios afines al oficialismo dentro del Poder Judicial. Un caso emblemático es el de Marisa Isabel Pannocchia, quien asumirá funciones en la subárea de Despacho Violencia de la Oficina de Gestión Unificada de los juzgados de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia de la 1ª circunscripción judicial.
Pannocchia no es una funcionaria más. Su histórica cercanía con el intendente de San Luis, Jorge Gastón Hissa, es bien conocida en el ámbito judicial. No solo comparten una vieja amistad, sino también una sociedad empresarial y cargos en el Ejecutivo. Es decir, los mismos que señalan a la Justicia como un nido de problemas, son los que se encargan de poblarla con nombres de su círculo más íntimo.
La maniobra está en marcha. El discurso contra los jueces, la maquinaria mediática y digital y la colocación de aliados dentro del Poder Judicial parecen ser los pilares de la estrategia poggista. El objetivo final, controlar el único poder que todavía no tiene bajo su ala.
Enojo de padres y docentes con el rector de la UNSL por estar de campaña y no atender las cuestiones estructurales del colegio.
Motosierra a la Justicia se denominan las redes que, además de comprar seguidores, pagan publicidad para despotricar contra el Poder Judicial. Otra movida poco creativa de Masci y compañía.
El intendente alegó su propia torpeza y le tiró la responsabilidad al gobierno. Bromatología no controla las viandas que reciben los niños en las escuelas y los padres manifestaron su preocupación ante la desidia.
Hay bronca en dirigentes del interior por la posición amistosa del empresario con el poggismo.
En San Luis crecieron los hechos delictivos, según un informe del Ministerio de Seguridad de la Nación. Solo en 2024 hubo 3.302 robos.
El Fiscal de Estado, Victor Endeiza, apuntó contra los jueces por exigir que el gobierno retome una obra fundamental para los vecinos de El Volcán y que fue frenada por el propio Poggi de la mano de su pata judicial, María Eugenia Bona.
En la ciudad suben los impuestos, pero baja la calidad de vida. A los cortes de agua, se suman las pésimas condiciones del agua potable que entrega la gestión municipal.
Parece que son muy pocos los que respetan el memorándum confeccionado por el secretario de Ética Pública y Control de Gestión. Crece la interna en el gobierno. La crisis en la salud pública se codea con el Caribe.
Eugenia Gallardo se hará cargo del plan que será usado con fines electorales. La falta de autocrítica del gobernador, la eyección de los radicales y las contradicciones del oficialismo sobre la politización en las escuelas.
El gobierno de Claudio Poggi atraviesa su momento de mayor tensión política, y la razón tiene nombre y apellido: Alberto Rodríguez Saá.
El gobierno aumentó la partida para el PANE. Además, politiza las escuelas mandando funcionarios a “controlar”, generando malestar entre docentes y trabajadores.
A 20 días de las elecciones, volverán a anotar gente como ya hizo el gobernador en otras elecciones. No hubo anuncios salariales, ni de obras de importancia.
