En San Luis crecieron los hechos delictivos, según un informe del Ministerio de Seguridad de la Nación. Solo en 2024 hubo 3.302 robos.
Provinciales11 de febrero de 2025
Redacción
3.302 robos en 2024. San Luis tiene un número que Claudio Poggi no puede maquillar, el del Ministerio de Seguridad de la Nación desmonta su épica de mano dura y expone una provincia donde la inseguridad se pasea sin frenos. Antes de asumir, el gobernador y su círculo prometieron guerra al delito; hoy, su relato se rompe frente a estadísticas oficiales y la reacción de los ciudadanos.
Las redes sociales se han convertido en el termómetro real de la provincia. Robos, entraderas, violencia a plena luz del día dibujan un paisaje opuesto al de los operativos estrella del gobierno.
Mientras tanto, la ministra Nancy Sosa parece enfrascada en licitaciones millonarias que nadie supervisa, y los efectivos policiales cuentan los billetes justos para llegar a fin de mes. La inflación también asalta a quienes deberían protegernos.
El dato duro —619 robos cada 100.000 habitantes— coloca a San Luis en el puesto 18° del país. La pregunta salta sola: ¿Cómo triplicaron los casos delictivos, los que decían saber cómo combatir la inseguridad y exterminarla?.
Otra vez la realidad se llevó puesta la ficción - es decir, otro relato poggista-.
La edil fue citada tres veces como testigo en la causa contra Agustina Arancibia Rodríguez y nunca se presentó. Piden que el fiscal haga cumplir la carga pública para evitar que el expediente quede paralizado.
El intendente Juan Manuel Olguín dispuso el pago de un bono extraordinario que alcanza a más de 200 familias y moviliza la economía local. La medida contrasta con la pasividad de otros jefes comunales que, alineados con Poggi y Milei, mantienen congelados los salarios municipales.
En la 78° Sociedad Rural de San Luis, el gobernador reaccionó con una grosería ante una corresponsal de Lafinur que le consultó por su relación con José Luis Espert. Lo negó, pese a las fotos y visitas previas, y terminó lanzando una frase irrespetuosa que dejó expuesta su intolerancia.
El Ejecutivo municipal denunció ante el Superior Tribunal de Justicia una maniobra sin precedentes: concejales y funcionarios provinciales presentaron una demanda plagada de citas falsas, fallos inventados y doctrina inexistente.
Denuncian un “plan sistemático” para disciplinar voces críticas: concentración de pauta, represalias y medios fantasma financiados con fondos públicos.
El intendente de La Punta cedió terrenos municipales sin ordenanza, sin estudios de impacto ambiental ni consulta a los vecinos. El acuerdo con una empresa privada se firmó hace dos años y recién ahora busca la bendición del Concejo Deliberante. La antena se instalaría dentro de la planta potabilizadora de agua, una zona estratégica. En San Luis Capital, un negocio similar fue frenado por el Defensor del Pueblo.
Tras meses de presión, ataques mediáticos y maniobras para romper el Círculo Médico, el gobierno provincial tuvo que retroceder y cerrar un acuerdo. La derrota deja expuestos a Jorge Vergara y Teresa Nigra, debilitados tras un conflicto que golpeó directamente a los afiliados.
Vecinos denuncian que nunca pudieron anotarse mientras la intendencia difundía en sus redes oficiales que ya estaba disponible.
El escándalo por el maíz desaparecido de “El Caburé” golpea en el corazón del gobierno de Claudio Poggi. Los paladines de la ética, Bazla y Endeiza, ahora bajo la lupa judicial, ponen en jaque el discurso moral del oficialismo.
El intendente de Juana Koslay impulsa una tasa municipal para financiar el Centro de Monitoreo, una obra que fue bandera de campaña y terminó en silencio técnico. Los vecinos deberán pagar por un sistema que el propio municipio nunca puso en marcha.
El Frente Justicialista presentó una denuncia ante la Justicia Electoral contra el gobernador de San Luis por presunta violación al artículo 64 del Código Nacional Electoral. Lo acusan de usar vehículos oficiales y recursos del Estado para fines proselitistas en plena veda.
Los vecinos estallaron contra el intendente Jorge “Toti” Videla por el nuevo impuesto municipal de seguridad. Denuncian que la tasa es ilegal, arbitraria y que detrás del “plan de monitoreo” se esconde el financiamiento de una mansión de lujo del propio jefe comunal.
Madres y padres de San Luis denunciaron la falta de insulina y reactivos en hospitales públicos. En medio del discurso de “eficiencia y modernización”, el gobierno de Claudio Poggi muestra su costado más crudo: la salud infantil como víctima del ajuste.