Tras el reclamo de los vecinos del barrio Cerro de la Cruz y la intervención de la Defensoría del Pueblo, el Municipio debió suspender la instalación de una torre de telefonía celular que ya estaba completamente montada.
Provinciales26 de junio de 2025
Redacción
La gestión de Jorge Gaston Hissa hizo un nuevo papelon. Sin consultarle a los vecinos, la Municipalidad de San Luis habilitó la instalación de una antena de telefonía celular en la manzana 273 del barrio Cerro de la Cruz. La estructura, que ya estaba completamente montada, debió ser paralizada tras una fuerte reacción vecinal y la posterior intervención de la Defensoría del Pueblo, que consideró fundadas las quejas y observaciones de los habitantes.
El conflicto tomó forma cuando 52 vecinos firmaron una presentación advirtiendo que la antena no solo alteraba la fisonomía residencial del barrio, sino que también despertaba preocupación por su impacto potencial en la salud, afectaba el valor de las propiedades linderas y ya había provocado daños estructurales en viviendas cercanas.
Frente al malestar social, la primera respuesta del Ejecutivo municipal fue minimizar el reclamo y relativizar su representatividad. Sin embargo, ante la evidencia y la presión institucional, el intendente Jorge Gastón Hissa se vio obligado a suspender la obra y emitir declaraciones en tono defensivo: “Nos vamos a tomar el tiempo necesario para arribar a una conclusión bien objetiva y que se apegue a las normativas vigentes”.
Lo cierto es que el retroceso oficial deja al descubierto una modalidad que se repite: decisiones tomadas sin planificación, falta de diálogo con los vecinos y una gestión que responde más al conflicto que a la prevención. Desde la Defensoría aseguraron que mantendrán el seguimiento del caso y destacaron la participación ciudadana como factor clave para frenar una obra que parecía avanzar sin obstáculos.
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El exintendente de Potrero de los Funes rompió el silencio y apuntó contra los medios alineados con el oficialismo provincial. Denunció una campaña sucia en su contra y acusó a los candidatos poggistas de esquivar los verdaderos problemas de la localidad.
La edil fue citada tres veces como testigo en la causa contra Agustina Arancibia Rodríguez y nunca se presentó. Piden que el fiscal haga cumplir la carga pública para evitar que el expediente quede paralizado.
El intendente Juan Manuel Olguín dispuso el pago de un bono extraordinario que alcanza a más de 200 familias y moviliza la economía local. La medida contrasta con la pasividad de otros jefes comunales que, alineados con Poggi y Milei, mantienen congelados los salarios municipales.
En la 78° Sociedad Rural de San Luis, el gobernador reaccionó con una grosería ante una corresponsal de Lafinur que le consultó por su relación con José Luis Espert. Lo negó, pese a las fotos y visitas previas, y terminó lanzando una frase irrespetuosa que dejó expuesta su intolerancia.
El Ejecutivo municipal denunció ante el Superior Tribunal de Justicia una maniobra sin precedentes: concejales y funcionarios provinciales presentaron una demanda plagada de citas falsas, fallos inventados y doctrina inexistente.
Denuncian un “plan sistemático” para disciplinar voces críticas: concentración de pauta, represalias y medios fantasma financiados con fondos públicos.
El intendente de La Punta cedió terrenos municipales sin ordenanza, sin estudios de impacto ambiental ni consulta a los vecinos. El acuerdo con una empresa privada se firmó hace dos años y recién ahora busca la bendición del Concejo Deliberante. La antena se instalaría dentro de la planta potabilizadora de agua, una zona estratégica. En San Luis Capital, un negocio similar fue frenado por el Defensor del Pueblo.
El dirigente de la UTHGRA San Luis ocupará el lugar del libertario, quien deja el Congreso para asumir como legislador provincial por el departamento Pueyrredón.
Mientras se debatía la reducción de la feria judicial, empleados municipales de La Punta habrían sido enviados a insultar y amedrentar a abogados y judiciales. El operativo, según testigos, fue digitado por el senador Martín Olivero y el intendente Luciano Ayala.
Con una votación dividida y sin acompañamiento de la oposición, el oficialismo de Claudio Poggi avanzó con una medida que desató el repudio de abogados, empleados judiciales y gremios. La sesión terminó en un clima tenso, con discusiones y desalojo parcial de las tribunas.
Darío Oviedo Helfenberger, exfuncionario del gobierno de Poggi, pidió una pericia judicial de su celular y acusó directamente a Víctor Endeiza y Ricardo Bazla de darle las órdenes para el operativo que terminó con la desaparición de una cosecha millonaria.
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