El poggismo se legisla a sí mismo: quieren custodiar los activos digitales que ya se dejaron en su gestión anterior

El oficialismo puntano acaba de protagonizar uno de esos momentos de antología política que combinan cinismo, impunidad y guión tragicómico. El Senado provincial le dio media sanción a un proyecto de ley que busca “resguardar” los activos digitales del Estado. Suena bien, ¿no? Cuentas oficiales, correos institucionales, accesos a servidores… todo bien cuidadito. Pero, como en toda obra del poggismo, el truco está en los actores.

Uno de los grandes impulsores de esta cruzada moralizante es Diego Masci, secretario de Comunicación del gobierno. Sí, el mismo que avaló —sin ponerse colorado— que el medio ultrafiel El Chorrillero se quedara con las redes sociales de “San Luis Inspira”, una cuenta institucional del primer Poggi gobernador, que mágicamente se privatizó y mutó en aparato de propaganda disfrazado de medio periodístico.

La nueva ley, según los senadores oficialistas, busca que “los activos digitales no sean propiedad personal de nadie”. Un poco tarde, ¿no? Cuando el patrimonio digital del Estado ya fue apropiado con nombre, apellido y número de IP. La jugada es tan burda que ni siquiera disimulan: ahora quieren regular lo que ya usufructúan como si fuese propio.

El poggismo tiene una habilidad notable para autoamnistiarse en tiempo real. Masci, con su memoria de corto alcance, parece olvidar que fueron ellos los que permitieron que las herramientas institucionales se convirtieran en búnkeres de campaña. Ahora nos venden una ley como si defendieran lo público, cuando en realidad buscan blindar su dominio de lo digital y clausurar el acceso a cualquier otro actor político.

Esto no es una política de Estado: es una política de facción, disfrazada de institucionalidad. Los activos digitales no les importan como bien común, sino como botín exclusivo. Lo demás, puro acting legislativo. Una puesta en escena más, de esas que San Luis ya está demasiado acostumbrada a ver.