El Senado aprobó la media sanción de una norma que busca proteger cuentas oficiales. Sin embargo, el propio oficialismo permitió su uso partidario tiempo atrás, cuando El Chorrillero se quedó con las cuentas del programa San Luis Inspira.
Provinciales05 de junio de 2025
Redacción
El oficialismo puntano acaba de protagonizar uno de esos momentos de antología política que combinan cinismo, impunidad y guión tragicómico. El Senado provincial le dio media sanción a un proyecto de ley que busca “resguardar” los activos digitales del Estado. Suena bien, ¿no? Cuentas oficiales, correos institucionales, accesos a servidores… todo bien cuidadito. Pero, como en toda obra del poggismo, el truco está en los actores.
Uno de los grandes impulsores de esta cruzada moralizante es Diego Masci, secretario de Comunicación del gobierno. Sí, el mismo que avaló —sin ponerse colorado— que el medio ultrafiel El Chorrillero se quedara con las redes sociales de “San Luis Inspira”, una cuenta institucional del primer Poggi gobernador, que mágicamente se privatizó y mutó en aparato de propaganda disfrazado de medio periodístico.
La nueva ley, según los senadores oficialistas, busca que “los activos digitales no sean propiedad personal de nadie”. Un poco tarde, ¿no? Cuando el patrimonio digital del Estado ya fue apropiado con nombre, apellido y número de IP. La jugada es tan burda que ni siquiera disimulan: ahora quieren regular lo que ya usufructúan como si fuese propio.
El poggismo tiene una habilidad notable para autoamnistiarse en tiempo real. Masci, con su memoria de corto alcance, parece olvidar que fueron ellos los que permitieron que las herramientas institucionales se convirtieran en búnkeres de campaña. Ahora nos venden una ley como si defendieran lo público, cuando en realidad buscan blindar su dominio de lo digital y clausurar el acceso a cualquier otro actor político.
Esto no es una política de Estado: es una política de facción, disfrazada de institucionalidad. Los activos digitales no les importan como bien común, sino como botín exclusivo. Lo demás, puro acting legislativo. Una puesta en escena más, de esas que San Luis ya está demasiado acostumbrada a ver.
El exintendente de Potrero de los Funes rompió el silencio y apuntó contra los medios alineados con el oficialismo provincial. Denunció una campaña sucia en su contra y acusó a los candidatos poggistas de esquivar los verdaderos problemas de la localidad.
La edil fue citada tres veces como testigo en la causa contra Agustina Arancibia Rodríguez y nunca se presentó. Piden que el fiscal haga cumplir la carga pública para evitar que el expediente quede paralizado.
El intendente Juan Manuel Olguín dispuso el pago de un bono extraordinario que alcanza a más de 200 familias y moviliza la economía local. La medida contrasta con la pasividad de otros jefes comunales que, alineados con Poggi y Milei, mantienen congelados los salarios municipales.
En la 78° Sociedad Rural de San Luis, el gobernador reaccionó con una grosería ante una corresponsal de Lafinur que le consultó por su relación con José Luis Espert. Lo negó, pese a las fotos y visitas previas, y terminó lanzando una frase irrespetuosa que dejó expuesta su intolerancia.
El Ejecutivo municipal denunció ante el Superior Tribunal de Justicia una maniobra sin precedentes: concejales y funcionarios provinciales presentaron una demanda plagada de citas falsas, fallos inventados y doctrina inexistente.
Denuncian un “plan sistemático” para disciplinar voces críticas: concentración de pauta, represalias y medios fantasma financiados con fondos públicos.
El intendente de La Punta cedió terrenos municipales sin ordenanza, sin estudios de impacto ambiental ni consulta a los vecinos. El acuerdo con una empresa privada se firmó hace dos años y recién ahora busca la bendición del Concejo Deliberante. La antena se instalaría dentro de la planta potabilizadora de agua, una zona estratégica. En San Luis Capital, un negocio similar fue frenado por el Defensor del Pueblo.
Tras meses de presión, ataques mediáticos y maniobras para romper el Círculo Médico, el gobierno provincial tuvo que retroceder y cerrar un acuerdo. La derrota deja expuestos a Jorge Vergara y Teresa Nigra, debilitados tras un conflicto que golpeó directamente a los afiliados.
La vicepresidenta de la Liga y candidata del oficialismo, enfrenta duras críticas por un millonario emprendimiento privado que alquila sus canchas a la propia institución. Dirigentes denuncian favoritismo, presiones políticas y uso discrecional de recursos.
El proyecto impulsado por el Gobierno provincial obtuvo media sanción en el Senado y generó un fuerte malestar entre los profesionales del derecho. La medida reabre el debate sobre el rol del Colegio de Abogados y la influencia política en la Justicia puntana.
La inscripción masiva para el Centro de Monitoreo en Juana Koslay mostró el rostro más crudo del ajuste: cientos de puntanos peleando por unos pocos puestos. Ni el intendente ni el gobernador logran esconder la falta de trabajo real en la provincia.
Por segunda semana consecutiva, el Concejo Deliberante de San Luis suspende su sesión. Aunque la presidenta Laura Sánchez lo justificó por el “Día del Empleado del HCD”, el verdadero motivo es su participación en la elección de autoridades de la Liga Sanluiseña de Fútbol.
En lugar de explicar el destino de los granos valuados en más de 2 millones de dólares, el Gobierno provincial apuntó contra un exfuncionario de su propia estructura