San Francisco: denuncian a un funcionario poggista por violencia de género

El secretario de Deportes de San Francisco del Monte de Oro y referente del oficialismo provincial, Antonio Javier Agustín Brito, fue formalmente imputado por el Ministerio Público Fiscal por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en perjuicio de su pareja, Estefanía Soledad Ordoñes; amenazas contra dos agentes policiales; y resistencia a la autoridad, todos en concurso real.

Según consta en la formulación de cargos realizada en la causa PEX 445366/25, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 5 de mayo, luego de un evento realizado por el club de fútbol “Colocasi” de San Francisco. En ese contexto, Brito, que se encontraba en aparente estado de ebriedad, fue llevado por su pareja en su vehículo personal, tras negarse un tercero a hacerlo.

Durante el trayecto, y siempre según la denuncia, Brito se tornó violento al discutir con Ordoñes respecto al destino al que se dirigían. La mujer decidió entonces bajarse del vehículo con la intención de dirigirse a la comisaría. En ese momento, de acuerdo con la denuncia, Brito le arrebató las llaves del auto, descendió del vehículo y le propinó un golpe de puño en el rostro, provocando que cayera al suelo.

La víctima intentó caminar hacia la comisaría, pero según consta en el acta, Brito la alcanzó, la empujó desde atrás, haciéndola caer nuevamente, y se preparaba para golpearla por segunda vez cuando arribó personal policial alertado por vecinos. Según los testimonios incorporados a la causa, en ese instante Brito comenzó a proferir amenazas contra los agentes actuantes.

A uno de ellos le habría manifestado: "Yo soy el secretario de Deportes de la localidad, conozco tu casa y tu familia, hago lo que quiero", mientras que al otro le dijo: "Te voy a hacer echar, ya sé dónde vivís y te voy a encontrar en algún momento". También gritaba: “¡Soy un violador!”, en lo que fue interpretado por los uniformados como una expresión descontrolada.

Según el relato policial, Brito intentó nuevamente acercarse a la víctima, lo que derivó en un forcejeo con los oficiales, quienes finalmente lograron reducirlo y colocarle las esposas. 

El fiscal interviniente atribuyó de forma provisoria a Brito la comisión de los delitos mencionados, todos en carácter de autor. Como medidas cautelares, se solicitó la firma del libro durante cuatro meses, la prohibición de salida de la provincia por el mismo plazo, y una restricción de acercamiento a la víctima por seis meses.

Más allá de la gravedad del caso, lo que genera particular inquietud es el tratamiento desigual que recibe la noticia en ciertos medios provinciales. Mientras algunos se muestran activos al momento de denunciar a funcionarios de otros sectores políticos por hechos similares —e incluso por situaciones de menor entidad—, en este caso optaron por el silencio. La cobertura informativa parece seguir una lógica de conveniencia antes que de coherencia.

En este contexto, la causa judicial avanza y el silencio oficial se hace cada vez más estridente. La imputación contra Brito representa un hecho de gravedad institucional que interpela tanto al poder político como a los discursos públicos sobre violencia de género que, en demasiadas ocasiones, se reducen a declaraciones sin consecuencias.