En lugar de aclarar su viaje a Dubai, el funcionario dejó al desnudo la falta de presupuesto para las personas con discapacidad y la absoluta indolencia oficial.
Provinciales19 de junio de 2025
Redacción
Luis Giraudo volvió de su tour por Medio Oriente con una estrategia clara, apagar el incendio con nafta. En una entrevista radial, buscó justificar su presencia en Dubai, pero lo que terminó haciendo fue algo mucho más revelador, ya que expuso sin querer que el área de Discapacidad en San Luis no tiene ni un peso. Literal.
“La gestión mía la sigo haciendo de forma transparente. No tengo presupuesto para nada, no he tocado un peso de la gestión”, dijo sin sonrojarse, como si se tratara de un logro y no de una confesión de abandono institucional.
En la misma línea, reconoció que los reclamos de las familias y ONGs “son correctos”, porque no reciben ayuda. No porque no quieran, claro, sino porque no hay voluntad política.
Mientras el gobierno alquila pantallas LED para sus actos y entrega bicicletas como si fuesen políticas públicas, los puntanos con discapacidad deben peregrinar entre trámites y promesas vacías. El caso de DOSEP es solo una muestra real, falta de cobertura, de insumos y de humanidad.
Vecinos apuntan contra el predio de la presidenta de la Liga Sanluiseña por graves irregularidades: venta de alcohol, falta de habilitación, ausencia de matafuegos y seguros. El negocio personal de Sánchez vuelve a quedar bajo sospecha.
El exintendente de Potrero de los Funes rompió el silencio y apuntó contra los medios alineados con el oficialismo provincial. Denunció una campaña sucia en su contra y acusó a los candidatos poggistas de esquivar los verdaderos problemas de la localidad.
La edil fue citada tres veces como testigo en la causa contra Agustina Arancibia Rodríguez y nunca se presentó. Piden que el fiscal haga cumplir la carga pública para evitar que el expediente quede paralizado.
El intendente Juan Manuel Olguín dispuso el pago de un bono extraordinario que alcanza a más de 200 familias y moviliza la economía local. La medida contrasta con la pasividad de otros jefes comunales que, alineados con Poggi y Milei, mantienen congelados los salarios municipales.
En la 78° Sociedad Rural de San Luis, el gobernador reaccionó con una grosería ante una corresponsal de Lafinur que le consultó por su relación con José Luis Espert. Lo negó, pese a las fotos y visitas previas, y terminó lanzando una frase irrespetuosa que dejó expuesta su intolerancia.
El Ejecutivo municipal denunció ante el Superior Tribunal de Justicia una maniobra sin precedentes: concejales y funcionarios provinciales presentaron una demanda plagada de citas falsas, fallos inventados y doctrina inexistente.
Denuncian un “plan sistemático” para disciplinar voces críticas: concentración de pauta, represalias y medios fantasma financiados con fondos públicos.
El intendente de La Punta cedió terrenos municipales sin ordenanza, sin estudios de impacto ambiental ni consulta a los vecinos. El acuerdo con una empresa privada se firmó hace dos años y recién ahora busca la bendición del Concejo Deliberante. La antena se instalaría dentro de la planta potabilizadora de agua, una zona estratégica. En San Luis Capital, un negocio similar fue frenado por el Defensor del Pueblo.
El dirigente de la UTHGRA San Luis ocupará el lugar del libertario, quien deja el Congreso para asumir como legislador provincial por el departamento Pueyrredón.
Mientras se debatía la reducción de la feria judicial, empleados municipales de La Punta habrían sido enviados a insultar y amedrentar a abogados y judiciales. El operativo, según testigos, fue digitado por el senador Martín Olivero y el intendente Luciano Ayala.
Con una votación dividida y sin acompañamiento de la oposición, el oficialismo de Claudio Poggi avanzó con una medida que desató el repudio de abogados, empleados judiciales y gremios. La sesión terminó en un clima tenso, con discusiones y desalojo parcial de las tribunas.
Darío Oviedo Helfenberger, exfuncionario del gobierno de Poggi, pidió una pericia judicial de su celular y acusó directamente a Víctor Endeiza y Ricardo Bazla de darle las órdenes para el operativo que terminó con la desaparición de una cosecha millonaria.
Vecinos apuntan contra el predio de la presidenta de la Liga Sanluiseña por graves irregularidades: venta de alcohol, falta de habilitación, ausencia de matafuegos y seguros. El negocio personal de Sánchez vuelve a quedar bajo sospecha.