Finalmente, el gobernador Claudio Poggi logró su capricho en la Legislatura provincial y ayer obtuvo la aprobación de la venta de la Casa de San Luis en Buenos Aires. Con la justificación política y mediática de que los fondos de la venta servirán para refaccionar el Policlínico de Villa Mercedes, el jefe del Ejecutivo provincial dispondrá de un patrimonio cultural de la provincia en un proceso inmobiliario del que no hay detalles y que fue criticado en la previa por asociaciones culturales y la oposición peronista. Se trata de un golpe bajo a la puntanidad; el cordobés no quiere rastros de nada que rememore el orgullo del ser puntano.
La enmienda fue pasada por 5 votos a favor y 2 en contra. Entre quienes se expresaron a favor de la venta del histórico edificio estuvieron Adolfo Castro Luna, Martín Olivero y Sergio Guardia del oficialismo provincial; sumado a los votos de los aliados Juan Carlos y Diego García, experonistas. En contra de la venta se expresaron los senadores justicialistas Sergio Moreyra y Hugo Olguín; Mariana Cruz, del mismo espacio, se retiró antes de la votación, mientras que Alejandro Torres se ausentó y solicitó una licencia por enfermedad.
Castro Luna fue el encargado de justificar la venta del patrimonio de San Luis. “Hay un costo enorme, que nuestros ciudadanos pagan sin obtener beneficio alguno”, apuntó el legislador representante del Departamento Pedernera. A su consideración, la mitad de la población de la provincia puede llegar a atenderse en el policlínico mercedino y hoy opera a un 40% de su capacidad. “Muchas provincias operan desde ubicaciones más modestas y eficientes”, aseguró.
El senador Olguín recordó, en primer lugar, que de acuerdo al reglamento interno de la Cámara alta, proyectos como el de venta de la Casa de San Luis no pueden tratarse sin su análisis previo en comisiones. “Es un patrimonio histórico y cultural que representa la presencia de nuestra provincia en la capital del país, facilitando el acceso a servicios y apoyo para residentes y visitantes puntanos. Proceder a la venta sin un análisis exhaustivo de las consecuencias y sin participación activa de la comunidad y las instituciones implicadas podría resultar en una pérdida irreparable de un bien valioso para todos los ciudadanos”, apuntó en segundo lugar.
Como contrapropuesta, el legislador de Chacabuco propuso suspender la venta hasta una consulta pública amplia, un análisis de alternativas, la presentación de un informe detallado por parte del Ejecutivo sobre las razones y beneficios esperados, y el impacto social y cultural de la transacción. Su iniciativa no prosperó.Por último, recordó que el gobierno anterior ya había iniciado obras de refacción en 2022 y 2023. “No es un gran anuncio refaccionar el hospital, deberían haber dado continuidad a lo que se venía haciendo”, concluyó. “Buscar una excusa para vender un bien de la provincia es irrisorio. Se podría haber hecho una encuesta a la sociedad”, coincidió su par Moreyra.
FUENTE: EL DIARIO DE LA REPÚBLICA
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