Ya son más de 200 y continúan llegando telegramas. Solo ATE ha mostrado solidaridad y acompañamiento con las personas despedidas.
Actualidad31 de enero de 2024
Redacción
En este crítico escenario, donde la estabilidad laboral de más de 200 trabajadores pende de un hilo, la omisión de los líderes sindicales de la provincia resulta desconcertante. Mientras los despidos del intendente Gastón Hissa impactan a madres solteras, personas con enfermedades y empleados con años de servicio, el clamor sindical se torna en un silencio atronador.
Los trabajadores han puesto su mirada en Claudio “Chapa” Suárez de UPCN, Alejandro Sosa del Sindicato de Municipales y Edgar Magallanes de Obras Sanitarias, 3 dirigentes alineados políticamente con el poggismo que han casi desaparecido en medio de las amenazas y la escandalosa persecución que existe en el Municipio. El referente de Serba forma parte de la gestión, aunque indirectamente a través de su hermano, ya que por una condena judicial no puede ejercer ningún cargo en la administración pública. El SIEP tampoco hizo público su posicionamiento ante la situación.
La falta de respuesta plantea interrogantes sobre su rol en la protección de los trabajadores y el resguardo de la justicia laboral. Tampoco se conoció su pronunciamiento sobre los sobresueldos que se habrían pagado Hissa y su gabinete, a 10 días de asumir y mientras los municipales cobraban en dos cuotas.
Esta crisis no solo pone en evidencia la vulnerabilidad de los empleados frente a decisiones arbitrarías, sino también la necesidad de una acción sindical más proactiva y solidaria. En medio del desconcierto, queda por responder si el silencio de algunos sindicatos es pasividad o complicidad frente a la injusticia que se está perpetrando.
Un informe de julio 2025 revela que la provincia lidera el ranking nacional de interés resarcitorio para contribuyentes que adeudan el impuesto a los Ingresos Brutos. La tasa alcanza el 7%, por encima de Buenos Aires y Santa Cruz.
La Municipalidad de San Luis presentó como un logro la reubicación de luminarias en el barrio Mirador del Portezuelo, que días antes habían sido desmontadas por la misma administración. Tras los reclamos vecinales, fueron reinstaladas con una improvisada protección “antivandálica”. La maniobra ya había sido denunciada por concejales de la oposición.
Mientras los medios alineados al gobierno atacaron con furia a Carolina Monte Riso por una publicación privada, callaron escandalosamente cuando un juez oficialista protagonizó un choque manejando alcoholizado. La vara del poder, más torcida que el discurso de campaña.
Mientras los hospitales enfrentan la falta de insumos, las escuelas atraviesan el invierno sin calefacción y los salarios estatales continúan congelados, la administración provincial acumuló una suma récord de recursos no ejecutados. Los números también desmienten el argumento del recorte nacional: la coparticipación creció y benefició especialmente a los intendentes aliados.
Cuando las manifestaciones llegaron a Terrazas del Portezuelo, el gobierno accedió a las demandas de los vecinos del barrio La Vecindad, que reclamaban acceso a la electricidad.
Se repite un patrón que compromete seriamente a la gestión municipal, como en los casos de los camiones y las cuadrillas de limpieza, se favorece sistemáticamente a las propuestas más costosas. Las firmas desplazadas denuncian un mecanismo direccionado y que roza la corrupción, y ya no puede disimularse.
Moriñigo y Gil viajaron a Uruguay y no cayó bien en la casa de altos estudios, mientras se agrava el conflicto en Dospu y faltan recursos en distintas áreas.
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Profesionales advirtieron una vez más sobre la crisis en el sistema sanitario. Denuncian la falta de recursos humanos, salarios por debajo de la media y una política de salud desmantelada desde la llegada de Claudio Poggi al poder.
Una encuesta nacional reveló que el 44% de los argentinos teme quedarse sin trabajo. El dato refleja el deterioro de las condiciones laborales y el impacto real del ajuste en la vida cotidiana de las familias.