
La gestión municipal convirtió una política pública en ruinas y ahora la publicita como “plan integral”. No hay épica donde hubo desmantelamiento.
Recibieron fondos para viajes pero siempre estuvieron en la provincia.
Actualidad28 de enero de 2024
Redacción
Si algo le faltaba a la malograda gestión de Gastón Hissa en la Municipalidad de San Luis, era estar envuelta en posibles hechos de corrupción. Este domingo un informe de El Diario de la República dio cuenta del posible pago de sobresueldos por parte de la administración municipal al propio intendente y a varios integrantes de su gabinete.
El Mosquito pudo acceder a la información que demuestra que tanto el intendente como los funcionarios se pagaron viáticos por viajes que nunca realizaron.
El caso es similar al que este medio informó la semana pasada dondeAgustín Hissa, hermano del intendente, y Yanina Miranda, cobraron fondos por viajes que no hicieron. El día que según los viáticos estaban de viaje, participaron de una reunión de gabinete con el gobernador, Claudio Poggi.
Esta distribución de fondos se dio en medio del desdoblamiento de sueldos que la Municipalidad llevó a cabo. Mientras el intendente y su equipo de prensa construían el relato del “Municipio quebrado”, por detrás se habrían atribuido pagos de más de 300 mil pesos en cada caso.
El 16 de diciembre al intendente se lo vio en la Plaza Pringles, según las imágenes que publicaron en sus propias redes y en las del Municipio. En ese mismo momento, debía estar en Buenos Aires junto al subsecretario de Relaciones Institucionales, Luis Lucero Guillet. Según el expediente I-12140108-2023 se le abonó a ambos la suma de $331.490,25 pesos en concepto de viáticos por un supuesto viaje a Buenos Aires desde el viernes 15 hasta el lunes 18 de diciembre.


El pago fue autorizado por la secretaria de Hacienda, Fabiana Malamud, y la contadora Patricia Vallesi. En el mismo expediente está incluida Laura Moyano Mendoza; directora General de Registro Civil y de las Colectividades.
La lista de funcionarios y viáticos continúa, lo que sugiere en primera instancia, que se utilizó como herramienta para engrosar sus ingresos. El subsecretario de Infraestructura, Planeamiento y Desarrollo Urbano, Andrés García y la directora General de Desarrollo Urbano, Privado y Ambiental, Sofía Agustina Villegas, también recibieron fondos por supuestos viajes.
Un dato curioso es que todos los pagos fueron por montos similares, casi como si fuera un pago “en común”. Otra situación a destacar es que en enero, el intendente ordenó la recategorización de su planta de funcionarios para aumentar sus sueldos.
En simultáneo despidió a más de 200 personas y tomó un crédito para pagar sueldos mientras se conoció que la Municipalidad contaba con los fondos para hacer frente a los pagos.










La gestión municipal convirtió una política pública en ruinas y ahora la publicita como “plan integral”. No hay épica donde hubo desmantelamiento.

Concejales del bloque justicialista cuestionaron la proyección de ingresos, la distribución de partidas y la metodología utilizada por el Ejecutivo. Advirtieron inconsistencias que, según señalaron, distorsionan el verdadero estado de las finanzas municipales.

La sesión exprés y el micrófono silenciado abrieron la puerta a una medida cautelar que pone en jaque la validez de la ordenanza. El reglamento, otra vez, quedó en segundo plano.

El sindicato pidió mejoras en múltiples administraciones, excepto en San Luis, donde se concentran la mayor cantidad de empleados. La omisión reaviva cuestionamientos sobre su rol durante el deterioro laboral en la gestión municipal de la capital.

Un grupo de integrantes de la Cámara de Comercio se reunieron con Jorge Gastón Hissa y lo responsabilizaron por el caos que generó la proliferación de manteros. Aunque agradecieron la convocatoria, aseguran que las soluciones que ahora propone ya existían en la gestión anterior y que el intendente sólo reacciona mirando el calendario electoral.

La bancada opositora busca suprimir el requisito impuesto por el Ejecutivo, al que señalan como ilegal y responsable de trabar la renovación del carnet a cientos de vecinos. El dictamen en minoría apunta a restituir los criterios de la Ley Nacional de Tránsito.

Mientras la gestión navega entre anuncios inflados y resultados escasos, la comunicación oficial intenta convertir encuentros administrativos en gestas históricas. La maquinaria propagandística crece, pero la credibilidad se achica.

Pascual Celdrán afirma que el gobierno de Claudio Poggi utilizó denuncias falsas para desviar la investigación e intentar involucrar a funcionarios de la gestión anterior. Señala presiones sobre la Justicia y responsabiliza a funcionarios actuales por el desvío del maíz.

Decretos firmados el 17 de septiembre readecuaron los sueldos de funcionarios de la Secretaría de Hacienda que conduce Néstor Ordoñez. Mientras los estatales continúan muy por debajo de la canasta básica alimentaria.

El sindicato pidió mejoras en múltiples administraciones, excepto en San Luis, donde se concentran la mayor cantidad de empleados. La omisión reaviva cuestionamientos sobre su rol durante el deterioro laboral en la gestión municipal de la capital.

Del Profe Aedes

Concejales del bloque justicialista cuestionaron la proyección de ingresos, la distribución de partidas y la metodología utilizada por el Ejecutivo. Advirtieron inconsistencias que, según señalaron, distorsionan el verdadero estado de las finanzas municipales.

La gestión municipal convirtió una política pública en ruinas y ahora la publicita como “plan integral”. No hay épica donde hubo desmantelamiento.