La verdad sobre la vuelta de San Luis al CFI

El reciente retorno de San Luis al Consejo Federal de Inversiones (CFI) ha sido presentado por el gobernador Claudio Poggi como un logro político de gran envergadura, un hito para la provincia. Sin embargo, detrás de esta decisión aparentemente técnica, se oculta una compleja red de intereses políticos nacionales que buscan consolidar poder y controlar una caja millonaria. La influencia de Mauricio Macri en esta jugada no es casual; responde a una estrategia clara de manejo de recursos y cargos, con el PRO colocando sus piezas clave para asegurarse una posición dominante en el organismo. 

Ignacio Lamothe, por La Cámpora, fue reelecto por unanimidad y continuará al frente del Consejo Federal de Inversiones. Por su parte, el PRO pudo colocar a Sebastián García De Luca, quien estará a cargo de una de las direcciones. 

Un pedido desde las sombras
El retorno al CFI, que Poggi promueve como un gran avance para San Luis, es en realidad un trámite burocrático impulsado por el ex presidente Mauricio Macri. Según fuentes cercanas, el líder del PRO está decidido a utilizar el Consejo Federal de Inversiones para manejar una importante "caja", asegurando el control de los recursos financieros y los cargos estratégicos en la estructura. 

Luego de colocar uno de los directores, el PRO quiere quedarse con la presidencia que hasta octubre manejará el peronista Gildo Insfrán. 

Esta maniobra evidencia el interés del macrismo por extender su control en provincias como San Luis, utilizando a figuras como Poggi para consolidar su agenda. En lugar de representar un verdadero avance para la provincia, el retorno al CFI pone a San Luis bajo la influencia de decisiones políticas tomadas desde Buenos Aires, favoreciendo las ambiciones de Macri y su entorno.

Una carga económica para San Luis
Lejos de ser un logro, este retorno acarrea una pesada carga financiera para San Luis. La provincia deberá aportar millones de pesos mensuales al CFI, lo que representa un costo significativo en un contexto económico ya difícil. Estos fondos podrían haber sido destinados a inversiones locales para mejorar la calidad de vida de los puntanos, pero ahora se utilizarán para alimentar un organismo cuyas decisiones estarán en manos de actores externos, alineados con los intereses del PRO y el kirchnerismo que el gobernador tanto combatió. 

La soberanía política de San Luis se ve erosionada con esta decisión. Aceptar las condiciones impuestas desde el macrismo significa ceder el control sobre una parte importante de los recursos provinciales, una concesión que Poggi parece estar dispuesto a hacer para asegurarse un lugar en la estructura de poder. 

La lucha por el control de la "caja"
El CFI, más que un simple órgano de coordinación federal, se ha convertido en un campo de batalla político donde diferentes facciones buscan controlar los fondos que maneja. En este contexto, el retorno de San Luis no es una casualidad. Detrás de este movimiento hay una lucha por el manejo de los recursos, y la provincia se encuentra en medio de esa disputa, sin un verdadero beneficio a la vista para los ciudadanos.

Claudio Poggi, que ha intentado posicionarse como un líder provincial sin un “padre político” claro, está demostrando que su estrategia es acomodarse en cualquier estructura que le permita mantenerse relevante en la escena política. Su falta de lealtades fijas lo lleva a seguir las órdenes de Macri, sacrificando los intereses de San Luis por su propia supervivencia política.

En lugar de fortalecer la provincia, esta jugada política la debilita, poniéndola al servicio de agendas ajenas. Lo que Poggi presenta como un logro no es más que un peaje que San Luis deberá pagar para mantenerse dentro de un juego de poder que cada vez le resulta más costoso.