
Del Profe Aedes
Una secretaria del Juzgado Civil N° 3 recorrió las instalaciones. El abogado de los damnificados le pidió a la presidenta del Cuerpo Legislativo que asigne tareas a los empleados.
Provinciales13 de marzo de 2024
Redacción
Siguen sin reincorporarlos. La Justicia de San Luis consideró que 14 empleados despedidos del Concejo Deliberante capitalino tienen que volver a sus funciones, pero a pesar que el fallo es de fines de febrero, esto sigue sin concretarse. Por eso, en la mañana de este miércoles, una representante del Juzgado Civil N° 3 recorrió las instalaciones del Legislativo puntano para certificar si los trabajadores estaban en sus funciones.
“La presidenta debe estar obligada a cumplir con la orden judicial. El Poder Judicial es el órgano contralor. Mis defendidos van a presentarse todos los días hasta que la presidenta (Agustina Arancibia Rodríguez) se digne a asignarle tareas”, sostuvo el abogado, Esteban Badra, al salir de la visita durante esta mañana.
Pero la reunión con la máxima autoridad del Cuerpo no obtuvo la respuesta deseada. La resolución indicó que la reincorporación de tareas es retroactiva al 1° de enero. “La presidenta dijo que no los reincorporará porque no”, se quejó el abogado ante la falta de argumentos para ir en contra de una postura que tomó la Justicia.
Los trabajadores se reunieron en el patio del edificio ubicado en calle Colón al 500 y aguardaron por novedades. De momento, las únicas fueron que ni se les habilitó el fichaje con huella dactilar.
Badra adelantó que si no se les abona todo el dinero adeudado a enero, realizarán denuncias en la Justicia.
FUENTE: EL DIARIO DE LA REPÚBLICA

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Trabajadores marcharán este martes en rechazo a la pérdida del poder adquisitivo y a la falta de respuestas del gobierno provincial. La protesta apunta a un problema que el oficialismo intenta minimizar, como es la caída estructural del salario estatal.

Vecinos apuntan contra el predio de la presidenta de la Liga Sanluiseña por graves irregularidades: venta de alcohol, falta de habilitación, ausencia de matafuegos y seguros. El negocio personal de Sánchez vuelve a quedar bajo sospecha.

El exintendente de Potrero de los Funes rompió el silencio y apuntó contra los medios alineados con el oficialismo provincial. Denunció una campaña sucia en su contra y acusó a los candidatos poggistas de esquivar los verdaderos problemas de la localidad.

La edil fue citada tres veces como testigo en la causa contra Agustina Arancibia Rodríguez y nunca se presentó. Piden que el fiscal haga cumplir la carga pública para evitar que el expediente quede paralizado.

El intendente Juan Manuel Olguín dispuso el pago de un bono extraordinario que alcanza a más de 200 familias y moviliza la economía local. La medida contrasta con la pasividad de otros jefes comunales que, alineados con Poggi y Milei, mantienen congelados los salarios municipales.

En la 78° Sociedad Rural de San Luis, el gobernador reaccionó con una grosería ante una corresponsal de Lafinur que le consultó por su relación con José Luis Espert. Lo negó, pese a las fotos y visitas previas, y terminó lanzando una frase irrespetuosa que dejó expuesta su intolerancia.

El Ejecutivo municipal denunció ante el Superior Tribunal de Justicia una maniobra sin precedentes: concejales y funcionarios provinciales presentaron una demanda plagada de citas falsas, fallos inventados y doctrina inexistente.

Pascual Celdrán afirma que el gobierno de Claudio Poggi utilizó denuncias falsas para desviar la investigación e intentar involucrar a funcionarios de la gestión anterior. Señala presiones sobre la Justicia y responsabiliza a funcionarios actuales por el desvío del maíz.

Un grupo de integrantes de la Cámara de Comercio se reunieron con Jorge Gastón Hissa y lo responsabilizaron por el caos que generó la proliferación de manteros. Aunque agradecieron la convocatoria, aseguran que las soluciones que ahora propone ya existían en la gestión anterior y que el intendente sólo reacciona mirando el calendario electoral.

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La sesión exprés y el micrófono silenciado abrieron la puerta a una medida cautelar que pone en jaque la validez de la ordenanza. El reglamento, otra vez, quedó en segundo plano.

Concejales del bloque justicialista cuestionaron la proyección de ingresos, la distribución de partidas y la metodología utilizada por el Ejecutivo. Advirtieron inconsistencias que, según señalaron, distorsionan el verdadero estado de las finanzas municipales.