El gobierno presiona fiscales y jueces para apurar causas contra la oposición

El poggismo puso en marcha una estrategia de presión directa sobre fiscales y jueces para apurar causas contra la oposición, combinando operadores judiciales y medios financiados por el propio Estado. La maniobra, cada vez menos disimulada, busca instalar una agenda judicial funcional al relato oficial y condicionar el ritmo de los expedientes en Tribunales.

La ingeniería de ese esquema tiene un nombre central: Rafael Berruezo, fiscal adjunto en un cargo creado a medida, con poder real para orientar investigaciones sensibles. Desde ese rol, el oficialismo logró construir un circuito de causas activadas con velocidad quirúrgica cuando los imputados pertenecen a la gestión anterior, mientras otros expedientes permanecen estancados sin explicación institucional convincente.

La presión no se limita a los despachos judiciales. El gobierno también utiliza su red de medios para apurar resoluciones, exponer magistrados díscolos y marcar tiempos políticos. La designación de Víctor Endeiza en el Superior Tribunal no calmó esa obsesión por controlar la Justicia: por el contrario, la estrategia se profundizó con la creación de portales que funcionan como instrumentos de disciplinamiento más que como espacios periodísticos.

El caso más elocuente de esa doble vara es la causa PANE, que involucra al ministro de Producción, Federico Trombotto. Mientras las investigaciones contra exfuncionarios se mueven a toda velocidad, el expediente que roza al ministro-candidato testimonial permanece sin avances visibles, en una parálisis que contrasta con la celeridad exigida en otros frentes. También está el caso El Caburé. 

En ese marco apareció incluso un “medio” como El Tribuno, financiado con pauta estatal, que se presentó como especializado en la temática judicial pero cuya función real fue presionar a jueces y fiscales que no se alineaban con el gobierno. Un dispositivo más en una ofensiva que expone una relación cada vez más tensa entre el poder político y la independencia judicial, con consecuencias directas sobre la credibilidad institucional.