LavalleHay decisiones políticas que parecen buenas en la superficie, pero esconden un problema estructural cuando se analizan con lupa. En San Luis, el adelantamiento del calendario escolar y el anuncio de un aumento salarial del 5% llegaron envueltos en un discurso de alivio para los trabajadores públicos. Sin embargo, detrás del titular optimista se esconde una ecuación peligrosa: un descalce financiero que puede dejar a miles de familias transitando un marzo interminable.
Porque no se trata solo del porcentaje del aumento. Se trata del tiempo.
Adelantar el inicio de clases implica concentrar gastos enormes en febrero: útiles, uniformes, transporte, cooperadoras, actividades extracurriculares. Para muchas familias estatales, ese momento del año representa el mayor pico de gasto fuera de las fiestas de fin de año. Si a eso se suma un adelanto del pago de haberes al 20 de febrero, el resultado no es alivio financiero sino una ilusión de liquidez que se evapora rápidamente.
El problema técnico es claro: se rompe el ciclo financiero mensual del asalariado público. Durante años, los vencimientos de tarjetas de crédito y compromisos económicos se acomodaron en torno a la fecha habitual de cobro. Es una lógica básica de economía doméstica. Pero cuando el sueldo se adelanta varios días, ese equilibrio se desarma.
El trabajador cobra antes, sí. Pero ese dinero llega justo cuando debe afrontar el gasto escolar más alto del año. Ocho días después, cuando vence la tarjeta, la plata ya no está. No porque la gente administre mal, sino porque la política pública alteró la sincronización entre ingreso y deuda.
Así aparece el verdadero riesgo: el pago mínimo, los intereses financieros y el endeudamiento en cadena.
Mientras desde el discurso oficial se habla de recomposición salarial, en la práctica muchas familias podrían enfrentar lo que se siente como dos resúmenes seguidos. Marzo, entonces, deja de ser un mes normal y se convierte en un período de casi cuarenta días sin ingresos nuevos, pero con obligaciones que no esperan.
La pregunta que surge es inevitable: ¿se evaluó el impacto real del adelantamiento del calendario educativo y del pago de haberes sobre la economía cotidiana de los trabajadores? Porque una cosa es anunciar medidas desde un despacho y otra muy distinta es vivir el día a día con la presión de la tarjeta, la inflación y los gastos escolares.
El aumento del 5% tampoco parece suficiente para amortiguar el golpe. En términos reales, apenas compensa una fracción de la pérdida de poder adquisitivo acumulada. Pero lo más delicado es que llega como respuesta tardía a un problema que el propio Gobierno ayudó a crear al modificar los tiempos del calendario educativo en el año que declaró como el de la educación.
El resultado es una paradoja: una política que pretendía mostrar orden y previsibilidad termina generando incertidumbre financiera en el hogar de miles de estatales.
Porque la economía familiar no funciona con discursos, funciona con fechas. Y cuando esas fechas se mueven sin considerar cómo vive la gente, el impacto se siente inmediatamente.
En las próximas semanas se verá si esta combinación de decisiones fue solo un error de cálculo o una muestra más de una gestión que prioriza el anuncio por sobre la planificación real. Lo cierto es que, mientras los números oficiales hablan de aumentos y adelantos, en la calle la preocupación gira en torno a una sola pregunta: ¿cómo llegar a fin de marzo cuando el mes parece tener más días que nunca?
Tal vez la ironía del título no esté tan lejos de la realidad. Porque para muchos trabajadores públicos, marzo no será un mes más. Será una carrera larga, con la billetera ajustada y la sensación de que alguien decidió cambiar el calendario sin preguntar cómo iban a sobrevivir quienes viven de un sueldo.
