Redacción
Con el respaldo del bloque alineado al intendente Jorge Gastón Hissa, la presidenta del Concejo Deliberante de San Luis, Laura Sánchez, logró evitar su remoción pese a las graves irregularidades que se le atribuyen. La oposición la acusó formalmente por haber violado el reglamento interno del cuerpo, obstruido procesos institucionales y adoptado decisiones unilaterales de alto impacto político. La situación no está cerrada y ahora avanzará hacia la Justicia.
La edil fue acusada de incurrir en múltiples violaciones al reglamento interno, entre ellas, la emisión unilateral de despacho de comisión sin el aval de sus miembros, como sucedió con la ordenanza que prohíbe la actividad de los denominados “trapitos”. El documento fue emitido sin constancia de debate, opiniones vertidas ni votación de los integrantes de los miembros de la comisión.
La maniobra, impulsada por el propio jefe comunal obsesionado con sacar la ordenanza “como la mandó”, fue orquestada por la presidenta del Concejo sin cumplir los procedimientos reglamentarios, constituyendo un hecho de gravedad institucional.
Durante la sesión en la que se trató su remoción, Sánchez recurrió a un discurso cargado de agravios contra la oposición, sin asumir responsabilidad por los hechos. Su intervención no logró revertir la imagen de desorden político e institucional que arrastra desde su llegada a la presidencia del cuerpo.
El oficialismo logró frenar la remoción con mayoría ajustada. No obstante, el bloque de Hissa mostró fisuras, los concejales Mario Silvestri, presidente de la Comisión que Sánchez Ultrajó y Diego Videla se ausentaron de la votación, desmarcándose de la defensa cerrada a la presidenta. Esa retirada fue interpretada como un síntoma de desgaste interno y malestar con el rumbo institucional del cuerpo.
Más allá de la resolución política momentánea, la situación de Sánchez quedó fuertemente comprometida. El bloque opositor anticipó que presentará acciones judiciales por lo que considera una “violación deliberada del reglamento interno” y un “abuso de funciones”. La presidenta del Concejo no solo enfrenta cuestionamientos éticos y políticos, sino también una posible responsabilidad legal en el avance de causas vinculadas a su conducta.
Sostenida por la voluntad del intendente, Sánchez se ha convertido en una pieza clave en una estrategia de control institucional que, lejos de ordenar el funcionamiento del Concejo, lo empuja cada vez más hacia el descrédito. La Justicia deberá ahora determinar si las irregularidades cometidas tienen consecuencias jurídicas. Lo político, ya está claro la presidencia de Sánchez está herida y su permanencia, cada vez más insostenible.
