El gobierno no los atendió ni informó nada al respecto. Trabajadores denuncian persecución y aprietes luego de las elecciones. En campaña, Poggi les dio "Libertad".
Actualidad04 de junio de 2025
Redacción
Ni avisaron, no explicaron, ni se hicieron cargo. Así amanecieron más de 3.500 trabajadores del Plan de Inclusión Social este lunes, al enterarse —por su cuenta, claro— que estaban “suspendidos” y sin cobrar un peso. Literalmente, sin previo aviso y sin una sola palabra oficial, 3.558 personas quedaron en la nada. Suspendidas, como si fueran un trámite más en una gestión que ya dejó en claro qué lugar ocupan los sectores más vulnerables en su lista de prioridades.
Muchos de estos trabajadores aseguran estar al día con sus tareas y asistencias. Hasta el último viernes, cumplieron con sus obligaciones como siempre. Pero, el lunes aparecieron borrados del sistema. Ni una explicación, ni un mensaje, ni un cartelito mal impreso. Nada. Solo la frialdad de un Estado que abandona a los suyos en medio de la crisis.
Y sí, huele —otra vez— a persecución. A una pasada de factura disfrazada de “revisión”. Porque llama la atención que justo después de las elecciones aparezca este nuevo recorte silencioso, selectivo y oportunamente ejecutado. En campaña, Poggi los usó para llenar actos. Hoy, los ignora como si fueran material descartable.
El ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, prefirió hacer lo que mejor le sale, desaparecer. No hubo conferencia de prensa, ni comunicado oficial, ni siquiera una excusa improvisada. Solo el clásico “tome número” para ver si “alguien revisa su caso”.
El gobierno de Poggi ya venía con antecedentes, fue el que más trabajadores echó en menos de un año. La mayoría, sin justificación legal, sin sumarios e irregularmente. Ahora, fortalecido por el resultado electoral, el mandatario va por más, controlar la Justicia y al parecer también por los que más necesitan del Estado para sobrevivir.
Pero esto no es solo una cuestión de números. No se trata de “reorganizar” planes o “depurar” listas. Se trata de personas, de hombres y mujeres que trabajan por un ingreso básico, que apenas alcanza para comer. En una provincia donde el mismo gobierno duplicó la pobreza en un año, y donde —por primera vez en la historia— murieron personas de frío en las calles, estas “suspensiones” no son decisiones administrativas, sino políticas de Estado.
Los empleados estatales ya fueron dados de baja y no cobrarán a fin de mes. La medida fue presentada como “no renovación de contratos”, mientras el Ejecutivo mantiene sueldos de hasta $2,5 millones para asesores sin funciones claras.
La publicación que buscaba mostrar gestión se convirtió en un mal espejo de su vacío político. Hoy es el ejemplo de una concejal que ni legisla, ni controla, ni escucha, ni le tiene miedo al ridículo. Aunque en las redes sociales quiera mostrar algo distinto.
Pasen, lean y rían (o lloren, según el grado de esperanza que les quede). Porque ya salió otro resumen de la política puntana y está plagado de frases inconexas, y teorías sin sustento. Dedicado a quienes tienen los niveles de lectocompresión más altos de Terrazas.
El concejal oficialista rompió filas con el bloque y no apoyó el balance municipal. Cuestionó errores, falta de información y disparó contra la presidenta del Concejo, Laura Sánchez, a quien no reconoce como parte del poggismo.
Déficit, caos en los sistemas informáticos y una situación que cada vez está peor. Una funcionaria ligada al adolfismo se quedaría con el cargo, en caso que la ministra Nigra acepte la dimisión de Jorge Vergara.
Concejales de la oposición votaron en contra y remarcaron que hubieron sobreejecuciones sin respaldo, dinero fantasma que no está en ningún lado, negociados con fondos FIMA, deuda encubierta y un ajuste brutal que recayó sobre los vecinos y los trabajadores. El oficialista Mario Silvestri se abstuvo, profundizando la grieta con el intendente.
La crisis del plan de viviendas en San Luis afecta a miles de inscriptos: solo un tercio accedería a una solución habitacional. El resto quedaría en lista de espera. El gobierno de Claudio Poggi enfrenta una nueva polémica.
Se reveló que Sol Puntano contrató a la empresa Los Tres Olivas SAS, vinculada a Cesar Oliva y al ministro Federico Trombotto, como proveedores. El entramado de una red de negocios y privilegios desde adentro del Estado.
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Pasen, lean y rían (o lloren, según el grado de esperanza que les quede). Porque ya salió otro resumen de la política puntana y está plagado de frases inconexas, y teorías sin sustento. Dedicado a quienes tienen los niveles de lectocompresión más altos de Terrazas.
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