3500 personas no cobraron el plan de Inclusión y hay temor por bajas masivas

Ni avisaron, no explicaron, ni se hicieron cargo. Así amanecieron más de 3.500 trabajadores del Plan de Inclusión Social este lunes, al enterarse —por su cuenta, claro— que estaban “suspendidos” y sin cobrar un peso. Literalmente, sin previo aviso y sin una sola palabra oficial, 3.558 personas quedaron en la nada. Suspendidas, como si fueran un trámite más en una gestión que ya dejó en claro qué lugar ocupan los sectores más vulnerables en su lista de prioridades. 

Muchos de estos trabajadores aseguran estar al día con sus tareas y asistencias. Hasta el último viernes, cumplieron con sus obligaciones como siempre. Pero, el lunes aparecieron borrados del sistema. Ni una explicación, ni un mensaje, ni un cartelito mal impreso. Nada. Solo la frialdad de un Estado que abandona a los suyos en medio de la crisis.

Y sí, huele —otra vez— a persecución. A una pasada de factura disfrazada de “revisión”. Porque llama la atención que justo después de las elecciones aparezca este nuevo recorte silencioso, selectivo y oportunamente ejecutado. En campaña, Poggi los usó para llenar actos. Hoy, los ignora como si fueran material descartable.

El ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, prefirió hacer lo que mejor le sale, desaparecer. No hubo conferencia de prensa, ni comunicado oficial, ni siquiera una excusa improvisada. Solo el clásico “tome número” para ver si “alguien revisa su caso”. 

El gobierno de Poggi ya venía con antecedentes, fue el que más trabajadores echó en menos de un año. La mayoría, sin justificación legal, sin sumarios e irregularmente. Ahora, fortalecido por el resultado electoral, el mandatario va por más, controlar la Justicia y al parecer también por los que más necesitan del Estado para sobrevivir.

Pero esto no es solo una cuestión de números. No se trata de “reorganizar” planes o “depurar” listas. Se trata de personas, de hombres y mujeres que trabajan por un ingreso básico, que apenas alcanza para comer. En una provincia donde el mismo gobierno duplicó la pobreza en un año, y donde —por primera vez en la historia— murieron personas de frío en las calles, estas “suspensiones” no son decisiones administrativas, sino políticas de Estado.