Raspando el fondo de la olla, el intendente de San Luis ya no sabe que dibujar para levantar los números en la campaña. La desesperación de una gestión que lleva un año y medio y todavía no se acomodó.
Actualidad29 de abril de 2025
Redacción
El pasado lunes 28 de abril, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) San Luis inició un quite de colaboración y estado de asamblea permanente en la Municipalidad de San Luis. La medida fue tomada ante la falta de respuestas del intendente Gastón Hissa a una serie de reclamos laborales, entre ellos: el pase de sumas no remunerativas al salario básico, la recomposición salarial, el cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, la mejora en las condiciones de seguridad e higiene, y el fin de la persecución sindical.
En este contexto de conflicto gremial y fuerte malestar en el ámbito laboral municipal, el intendente Hissa anunció públicamente la implementación de 400 recategorizaciones anuales para empleados municipales, presentándolas como un logro de su gestión.
Sin embargo, este anuncio no representa una medida extraordinaria ni una conquista laboral derivada de decisiones políticas actuales. Por el contrario, se trata del cumplimiento de normativas vigentes que establecen con claridad que las recategorizaciones deben realizarse de manera automática y periódica, en función de la antigüedad del trabajador y el cumplimiento de ciertos requisitos básicos.
La Ordenanza N° 2163-HCD-1990, en su artículo 1°, establece que: "El personal municipal de planta permanente ascenderá de categoría automáticamente cada cuatro (4) años de servicios efectivos, hasta alcanzar la categoría 15 inclusive."
A su vez, la Ordenanza N° 358-HCD-61 (Estatuto del Empleado Municipal), en su artículo 38°, reafirma: "La recategorización del personal de planta permanente se efectuará automáticamente cada cuatro (4) años de servicios efectivos, siempre que el agente no haya sido objeto de sanciones disciplinarias en el lapso considerado y reúna los requisitos que para cada categoría se establezcan en el Manual de Misiones y Funciones."
Por lo tanto, anunciar estas recategorizaciones como si fueran parte de un programa novedoso o un beneficio extraordinario constituye una tergiversación de la realidad. No es una concesión política, es el reconocimiento de un derecho preexistente amparado por ordenanzas municipales vigentes desde hace más de tres décadas.
En momentos de tensión con los trabajadores y con medidas gremiales en curso, resulta preocupante que la gestión municipal utilice recursos comunicacionales para maquillar el cumplimiento de obligaciones legales como anuncios de gestión. En lugar de responder a los reclamos con hechos concretos, se recurre a relatos vacíos que no resisten el menor análisis jurídico ni institucional.
El mandatario forma parte del grupo de gobernadores ex macristas que quieren congraciarse con el presidente Javier Milei. Para ello, prometieron no votar las dos iniciativas que presentó la oposición. El peligro de que el poggismo tenga más bancas en las elecciones de octubre.
Un informe de julio 2025 revela que la provincia lidera el ranking nacional de interés resarcitorio para contribuyentes que adeudan el impuesto a los Ingresos Brutos. La tasa alcanza el 7%, por encima de Buenos Aires y Santa Cruz.
La Municipalidad de San Luis presentó como un logro la reubicación de luminarias en el barrio Mirador del Portezuelo, que días antes habían sido desmontadas por la misma administración. Tras los reclamos vecinales, fueron reinstaladas con una improvisada protección “antivandálica”. La maniobra ya había sido denunciada por concejales de la oposición.
Mientras los medios alineados al gobierno atacaron con furia a Carolina Monte Riso por una publicación privada, callaron escandalosamente cuando un juez oficialista protagonizó un choque manejando alcoholizado. La vara del poder, más torcida que el discurso de campaña.
Mientras los hospitales enfrentan la falta de insumos, las escuelas atraviesan el invierno sin calefacción y los salarios estatales continúan congelados, la administración provincial acumuló una suma récord de recursos no ejecutados. Los números también desmienten el argumento del recorte nacional: la coparticipación creció y benefició especialmente a los intendentes aliados.
Cuando las manifestaciones llegaron a Terrazas del Portezuelo, el gobierno accedió a las demandas de los vecinos del barrio La Vecindad, que reclamaban acceso a la electricidad.
Se repite un patrón que compromete seriamente a la gestión municipal, como en los casos de los camiones y las cuadrillas de limpieza, se favorece sistemáticamente a las propuestas más costosas. Las firmas desplazadas denuncian un mecanismo direccionado y que roza la corrupción, y ya no puede disimularse.
Mientras los medios alineados al gobierno atacaron con furia a Carolina Monte Riso por una publicación privada, callaron escandalosamente cuando un juez oficialista protagonizó un choque manejando alcoholizado. La vara del poder, más torcida que el discurso de campaña.
Profesionales advirtieron una vez más sobre la crisis en el sistema sanitario. Denuncian la falta de recursos humanos, salarios por debajo de la media y una política de salud desmantelada desde la llegada de Claudio Poggi al poder.
Una encuesta nacional reveló que el 44% de los argentinos teme quedarse sin trabajo. El dato refleja el deterioro de las condiciones laborales y el impacto real del ajuste en la vida cotidiana de las familias.
El mandatario forma parte del grupo de gobernadores ex macristas que quieren congraciarse con el presidente Javier Milei. Para ello, prometieron no votar las dos iniciativas que presentó la oposición. El peligro de que el poggismo tenga más bancas en las elecciones de octubre.