Redacción
El pasado lunes 28 de abril, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) San Luis inició un quite de colaboración y estado de asamblea permanente en la Municipalidad de San Luis. La medida fue tomada ante la falta de respuestas del intendente Gastón Hissa a una serie de reclamos laborales, entre ellos: el pase de sumas no remunerativas al salario básico, la recomposición salarial, el cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, la mejora en las condiciones de seguridad e higiene, y el fin de la persecución sindical.
En este contexto de conflicto gremial y fuerte malestar en el ámbito laboral municipal, el intendente Hissa anunció públicamente la implementación de 400 recategorizaciones anuales para empleados municipales, presentándolas como un logro de su gestión.
Sin embargo, este anuncio no representa una medida extraordinaria ni una conquista laboral derivada de decisiones políticas actuales. Por el contrario, se trata del cumplimiento de normativas vigentes que establecen con claridad que las recategorizaciones deben realizarse de manera automática y periódica, en función de la antigüedad del trabajador y el cumplimiento de ciertos requisitos básicos.
La Ordenanza N° 2163-HCD-1990, en su artículo 1°, establece que: "El personal municipal de planta permanente ascenderá de categoría automáticamente cada cuatro (4) años de servicios efectivos, hasta alcanzar la categoría 15 inclusive."
A su vez, la Ordenanza N° 358-HCD-61 (Estatuto del Empleado Municipal), en su artículo 38°, reafirma: "La recategorización del personal de planta permanente se efectuará automáticamente cada cuatro (4) años de servicios efectivos, siempre que el agente no haya sido objeto de sanciones disciplinarias en el lapso considerado y reúna los requisitos que para cada categoría se establezcan en el Manual de Misiones y Funciones."
Por lo tanto, anunciar estas recategorizaciones como si fueran parte de un programa novedoso o un beneficio extraordinario constituye una tergiversación de la realidad. No es una concesión política, es el reconocimiento de un derecho preexistente amparado por ordenanzas municipales vigentes desde hace más de tres décadas.
En momentos de tensión con los trabajadores y con medidas gremiales en curso, resulta preocupante que la gestión municipal utilice recursos comunicacionales para maquillar el cumplimiento de obligaciones legales como anuncios de gestión. En lugar de responder a los reclamos con hechos concretos, se recurre a relatos vacíos que no resisten el menor análisis jurídico ni institucional.
