Raspando el fondo de la olla, el intendente de San Luis ya no sabe que dibujar para levantar los números en la campaña. La desesperación de una gestión que lleva un año y medio y todavía no se acomodó.
ActualidadEl martes
Redacción
El pasado lunes 28 de abril, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) San Luis inició un quite de colaboración y estado de asamblea permanente en la Municipalidad de San Luis. La medida fue tomada ante la falta de respuestas del intendente Gastón Hissa a una serie de reclamos laborales, entre ellos: el pase de sumas no remunerativas al salario básico, la recomposición salarial, el cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, la mejora en las condiciones de seguridad e higiene, y el fin de la persecución sindical.
En este contexto de conflicto gremial y fuerte malestar en el ámbito laboral municipal, el intendente Hissa anunció públicamente la implementación de 400 recategorizaciones anuales para empleados municipales, presentándolas como un logro de su gestión.
Sin embargo, este anuncio no representa una medida extraordinaria ni una conquista laboral derivada de decisiones políticas actuales. Por el contrario, se trata del cumplimiento de normativas vigentes que establecen con claridad que las recategorizaciones deben realizarse de manera automática y periódica, en función de la antigüedad del trabajador y el cumplimiento de ciertos requisitos básicos.
La Ordenanza N° 2163-HCD-1990, en su artículo 1°, establece que: "El personal municipal de planta permanente ascenderá de categoría automáticamente cada cuatro (4) años de servicios efectivos, hasta alcanzar la categoría 15 inclusive."
A su vez, la Ordenanza N° 358-HCD-61 (Estatuto del Empleado Municipal), en su artículo 38°, reafirma: "La recategorización del personal de planta permanente se efectuará automáticamente cada cuatro (4) años de servicios efectivos, siempre que el agente no haya sido objeto de sanciones disciplinarias en el lapso considerado y reúna los requisitos que para cada categoría se establezcan en el Manual de Misiones y Funciones."
Por lo tanto, anunciar estas recategorizaciones como si fueran parte de un programa novedoso o un beneficio extraordinario constituye una tergiversación de la realidad. No es una concesión política, es el reconocimiento de un derecho preexistente amparado por ordenanzas municipales vigentes desde hace más de tres décadas.
En momentos de tensión con los trabajadores y con medidas gremiales en curso, resulta preocupante que la gestión municipal utilice recursos comunicacionales para maquillar el cumplimiento de obligaciones legales como anuncios de gestión. En lugar de responder a los reclamos con hechos concretos, se recurre a relatos vacíos que no resisten el menor análisis jurídico ni institucional.
La denuncia de un vecino dejó en evidencia que el nuevo espacio no trabaja como debería y su puesta en marcha fue más show que una política de seguridad. Una nueva situación donde la realidad se lleva puesta al relato oficialista.
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Funcionarios del programa responsabilizaron al intendente Jorge Gastón Hissa por la falta de controles en las escuelas.
“Cuiden su trabajo”, les advirtió la edil, a días de las elecciones, repitiendo la lógica del intendente Jorge Gastón Hissa.
Un vecino, en un accidente, rompió un frasco de formol y desató un caos. Daniel Piñeda, subsecretario de Ingresos Públicos y Fiscalización de Hissa, escapó del lugar y dejó a los trabajadores para que se hagan cargo de la situación, algunos debieron ser atendidos por intoxicación. El personal de maestranza debió limpiar el piso sin guantes y barbijos, por la falta de insumos en la gestión municipal.
Todo el peso cayó sobre Emiliano Pascuarelli, que podría dejar su cargo al frente de la señal. Lo reemplazaría Emanuel Moreno, director de El Puntano y hombre de confianza de Facundo Santarone.
Administrativos de la universidad confirmaron que la nota que elevó al Consejo Superior tiene una trampita y no estima dejar de percibir el salario.
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