
Trabajadores acusan a los directivos de ejercer un régimen laboral inhumano, con amenazas, vigilancia ilegal y sanciones arbitrarias. El verdadero mando lo tiene un concejal que ya sueña con la intendencia.
El aumento en las tasas municipales ordenado por el intendente capitalino ya está vigente y golpea el bolsillo de los puntanos.
Actualidad01 de julio de 2024Este lunes, los vecinos de la capital puntana se despertaron con la amarga sorpresa de un nuevo tarifazo implementado por el intendente Hissa. El aumento en las tasas municipales ha generado un profundo malestar entre los vecinos, especialmente el exorbitante incremento en los costos de la Licencia de Conducir, que ha afectado tanto a los propietarios de automóviles como a los de motocicletas.
El precio de la Licencia de Conducir para automóviles ha pasado de $4.400 pesos a $9.800 pesos, más del doble de su valor anterior. En el caso de las motocicletas, el incremento ha sido igualmente impactante, subiendo de $2.300 pesos a 5.300 pesos. Estas subas representan una carga desproporcionada ante la situación económica actual, donde muchas personas ya enfrentan dificultades económicas significativas.
Lo más preocupante es que este tarifazo es solo el comienzo. Se ha anunciado que en octubre se implementará una nueva suba, lo que resultará en un aumento total del 371% en las tasas municipales.
Hissa ha justificado estos incrementos como necesarios para equilibrar las finanzas municipales y mejorar los servicios. Sin embargo, los ciudadanos se preguntan por qué la carga de estos ajustes recae exclusivamente sobre sus hombros. En lugar de buscar soluciones que no perjudiquen tan directamente a la población, parece que la administración ha optado por el camino más fácil, sin considerar las repercusiones sociales y económicas de sus decisiones.
Otro dato clave son los 1200 millones de superávit que tuvo el Municipio en el primer trimestre, algo que pone en tela de juicio un tarifazo injustificado como el que la gestión de Hissa instrumentó en las tasas.
Trabajadores acusan a los directivos de ejercer un régimen laboral inhumano, con amenazas, vigilancia ilegal y sanciones arbitrarias. El verdadero mando lo tiene un concejal que ya sueña con la intendencia.
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