Hace días la tarifa se fue a $475. El Municipio en sintonía con la provincia seguirá ajustando la tarifa periódicamente.
Actualidad04 de abril de 2024
Redacción
Las malas noticias para los vecinos de la ciudad continúan. Al estado de abandono que se vive en cada barrio, se suman las reiteradas subas en las tasas y sobre todo en la tarifa del servicio de transporte público.
Desde la llegada de Hissa, los usuarios pasaron de $250 a $457 y en abril la idea es llevarlo a $1.000. Esa es la intención del intendente y de los directivos de la empresa, lo que produciría un nuevo golpe al bolsillo. Estas decisiones van atadas a los incrementos que también se están reproduciendo en el transporte interurbano.
El pasado 30 de enero, los concejales que responden a Hissa, en una movida grotesca, impusieron un artículo que faculta al intendente a aumentar el boleto las veces que quiera sin pasar por el propio Concejo. Es decir, los propios concejales trabajaron para autoboicotearse y dar pleno poder al intendente.
Concejales del bloque justicialista cuestionaron la proyección de ingresos, la distribución de partidas y la metodología utilizada por el Ejecutivo. Advirtieron inconsistencias que, según señalaron, distorsionan el verdadero estado de las finanzas municipales.
La sesión exprés y el micrófono silenciado abrieron la puerta a una medida cautelar que pone en jaque la validez de la ordenanza. El reglamento, otra vez, quedó en segundo plano.
El sindicato pidió mejoras en múltiples administraciones, excepto en San Luis, donde se concentran la mayor cantidad de empleados. La omisión reaviva cuestionamientos sobre su rol durante el deterioro laboral en la gestión municipal de la capital.
Un grupo de integrantes de la Cámara de Comercio se reunieron con Jorge Gastón Hissa y lo responsabilizaron por el caos que generó la proliferación de manteros. Aunque agradecieron la convocatoria, aseguran que las soluciones que ahora propone ya existían en la gestión anterior y que el intendente sólo reacciona mirando el calendario electoral.
La bancada opositora busca suprimir el requisito impuesto por el Ejecutivo, al que señalan como ilegal y responsable de trabar la renovación del carnet a cientos de vecinos. El dictamen en minoría apunta a restituir los criterios de la Ley Nacional de Tránsito.
Mientras la gestión navega entre anuncios inflados y resultados escasos, la comunicación oficial intenta convertir encuentros administrativos en gestas históricas. La maquinaria propagandística crece, pero la credibilidad se achica.
Pascual Celdrán afirma que el gobierno de Claudio Poggi utilizó denuncias falsas para desviar la investigación e intentar involucrar a funcionarios de la gestión anterior. Señala presiones sobre la Justicia y responsabiliza a funcionarios actuales por el desvío del maíz.
La información que publicó el senador Bartolo Abdala contradice el discurso central del gobierno de Claudio Poggi, que insiste en denunciar una caída histórica de recursos. Los números libertarios muestran otra cosa, hubo más fondos, incluso por encima de la inflación.
La bancada opositora busca suprimir el requisito impuesto por el Ejecutivo, al que señalan como ilegal y responsable de trabar la renovación del carnet a cientos de vecinos. El dictamen en minoría apunta a restituir los criterios de la Ley Nacional de Tránsito.
El sindicato pidió mejoras en múltiples administraciones, excepto en San Luis, donde se concentran la mayor cantidad de empleados. La omisión reaviva cuestionamientos sobre su rol durante el deterioro laboral en la gestión municipal de la capital.
Del Profe Aedes
La sesión exprés y el micrófono silenciado abrieron la puerta a una medida cautelar que pone en jaque la validez de la ordenanza. El reglamento, otra vez, quedó en segundo plano.
Concejales del bloque justicialista cuestionaron la proyección de ingresos, la distribución de partidas y la metodología utilizada por el Ejecutivo. Advirtieron inconsistencias que, según señalaron, distorsionan el verdadero estado de las finanzas municipales.