
Más aumentos: Taxistas atribuyen al intendente el pedido del incremento en la tarifa
La semana pasada ingresó una petición al Concejo Deliberante que elevaría un 51% el servicio, pero lo choferes lo desconocen y señalan al Municipio como el autor.
La semana pasada ingresó una petición al Concejo Deliberante que elevaría un 51% el servicio, pero lo choferes lo desconocen y señalan al Municipio como el autor.
Hace días la tarifa se fue a $475. El Municipio en sintonía con la provincia seguirá ajustando la tarifa periódicamente.
La primera actualización se aplicará en abril; la siguiente entre mayo y septiembre y la última desde octubre a diciembre. Fuerte impacto en hogares de altos ingresos, comercios e industrias.
Además buscan instalar que los empleados públicos de San Luis cobran demasiado. La fórmula es la misma trillada y evidente que desarrolla la Comunicación cercana al gobernador.
A partir del 1° de febrero el boleto de transporte urbano en San Luis cuesta $ 250 con subas mensuales de acuerdo a la inflación y los costos operativos, según el aumento aprobado por el Concejo Deliberante y a ese ajuste se sumaría ahora el resultante de la quita de subsidios.
Tras la caída de la ley ómnibus, Javier Milei inició su represalia fiscal contra los gobernadores eliminando el Fondo Compensador del Interior. Solo habrá ayuda para la tarifa social.
Las subas van de 150 a 278 % en lo que va del año.
El presidente había dicho durante la campaña que el aumento no iba a ser exagerado y que lo iba a pagar "la casta".
Mientras Claudio Poggi intenta sellar un acuerdo con La Libertad Avanza, el líder de Todos Unidos se distancia del oficialismo y reconfigura el escenario político en San Luis. La renuncia de Alfonso Vergés marca el inicio de una ruptura de alto impacto.
Los rumores son cada vez más fuertes, sobre cambios en la cúpula de la fuerza. Hay presiones desde la Secretaría de Comunicación para que no se filtren los datos y la situación recaiga sobre la ya golpeada gestión de la ministra Nancy Sosa.
Una transferencia de 510 millones "por error" terminó en la cuenta de una mujer humilde, pero la condena social fue para ella, no para el funcionario que la autorizó. Mientras tanto, el gobierno protege al verdadero responsable y monta un show para desviar la atención.