El Gobierno redujo el límite de ingresos tanto individual como familiar. La decisión abarca a beneficios como el salario familiar por hijo, la asignación prenatal, por adopción y la ayuda escolar anual, entre otros.
Economía26 de febrero de 2024
Redacción
El Gobierno bajó los topes que regían para la percepción de asignaciones familiares de los trabajadores formales, al reducir de $ 1.980.000 a $ 1.077.403 el límite de ingresos a nivel individual y de $ 3.960.000 a $ 2.154.806 el tope máximo familiar, equivalente al doble del individual, con lo cual limitó el universo de potenciales beneficiarios. La decisión abarca a beneficios como el salario familiar por hijo, la asignación prenatal, por adopción y la ayuda escolar anual, entre otros.
El decreto 194/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial, señaló que la medida es de "carácter urgente para superar la situación de emergencia que afecta a nuestro país". Entre los argumentos, destaca que "la República Argentina se encuentra atravesando una situación de inédita gravedad, generadora de profundos desequilibrios que impactan negativamente en toda la población, en especial en lo social y económico".
Del mismo modo, se recordó que la cobertura del sistema de seguridad social debe "alcanzar a la población para la cual se diseñaron las políticas públicas", actualizando las decisiones "a la realidad imperante" y la "sustentabilidad del régimen".
En marzo del año pasado, la anterior administración había incrementado el tope de ingresos para percibir asignaciones familiares al igualarlo al mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. Con esa medida, se habían incorporado unos 900.000 niños y adolescentes al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
Esto se sostuvo en diciembre último cuando, a partir del incremento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias -equivalente a 15 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles-, el tope de ingresos del grupo familiar pasó de $ 1.401.750 a $ 3.960.000, a condición de que ninguno de los padres cobre cada uno más de $ 1.980.000, el tope individual que se aplicó en ese entonces.
"La presente medida tiene por objeto implementar una equitativa distribución de los recursos sobre la base del principio cardinal de solidaridad social en atención al uso racional, eficaz y eficiente de los recursos públicos", justifica el decreto, que cita el DNU 70/23, el cual fija la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social.
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Es por la combinación del ajuste por devaluación, la actualización del impuesto y el margen de ganancia de las compañías. Silencio de las empresas y de la Secretaría de Energía.
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