El Gobernador de San Luis y el CFI: ¿una alianza para que los de siempre hagan negocios con el dinero de todos los puntanos?

En un encuentro que el oficialismo no ha tardado en calificar como “histórico”, el gobernador de San Luis y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI) anunciaron nuevas líneas de financiamiento para el sector privado. Según los discursos oficiales, estas herramientas están diseñadas para “fortalecer al sector privado” y “generar empleo” en la provincia. Sin embargo, la realidad parece estar lejos de ser tan transparente como nos quieren hacer creer.

¿Quiénes se benefician realmente?

Este tipo de anuncios suelen sonar bien en los titulares. ¿Quién podría oponerse a la creación de empleo y al fortalecimiento del sector privado? El problema surge cuando nos preguntamos quiénes, en realidad, se beneficiarán de estas líneas de financiamiento. Si la historia reciente nos sirve de guía, los beneficiados serán, como siempre, los mismos de siempre: empresarios cercanos al poder, privilegiados por sus vínculos políticos, mientras que los pequeños emprendedores y comerciantes locales siguen luchando por sobrevivir sin acceso a este tipo de ayudas.

El Consejo Federal de Inversiones (CFI), una entidad que supuestamente debería actuar en beneficio de todas las provincias, aparece ahora como una herramienta más del gobernador para asegurar que los recursos que pertenecen a todos los puntanos terminen en manos de unos pocos, favoreciendo la creación de negocios privados que nada tienen que ver con el bienestar común. En lugar de fomentar el desarrollo equitativo, esta iniciativa parece ser un plan para consolidar el poder económico de un grupo selecto.

El costo para los puntanos

Lo que no se menciona en los comunicados oficiales es que este financiamiento no surge de la nada. Son fondos públicos, el dinero de todos los puntanos, que se pondrá en manos de empresarios seleccionados bajo criterios que, hasta ahora, no han sido del todo claros. ¿Quién decide qué proyectos recibirán estos financiamientos? ¿Cuáles son las garantías de que esos fondos serán destinados a generar empleo real y a mejorar la vida de los ciudadanos comunes? Hasta el momento, esas respuestas brillan por su ausencia.

En lugar de utilizar estos recursos para fortalecer verdaderamente a los pequeños y medianos emprendedores que son el corazón de la economía provincial, el gobierno parece enfocado en favorecer a sus aliados, bajo la retórica de la "reactivación económica".

¿Dónde queda el control ciudadano?

Este tipo de decisiones merecen un análisis más profundo, y sobre todo, un control ciudadano. Los puntanos tienen el derecho de saber cómo y para qué se utiliza su dinero. Este tipo de encuentros, a puertas cerradas, entre el gobierno provincial y el CFI deberían ser objeto de mayor transparencia y escrutinio público. ¿Por qué no se abren estos procesos a la ciudadanía? ¿Por qué no se convocan mesas de diálogo en las que participen representantes de diversos sectores de la sociedad para definir el destino de estos fondos?

En lugar de promover una verdadera democracia participativa, el gobernador parece decidido a consolidar un círculo cerrado de poder en el que los recursos de todos son utilizados para beneficio de unos pocos.

El "histórico" encuentro que no es para todos

Mientras el gobierno celebra un encuentro que define como "histórico", los puntanos deben preguntarse a quién servirá realmente este financiamiento. ¿Será otra oportunidad perdida para los sectores que más lo necesitan? Mientras tanto, el gobernador sigue moviendo los hilos para que su círculo más cercano sea el verdadero ganador de esta supuesta reactivación. El destino de los recursos provinciales, una vez más, parece estar en manos de unos pocos, mientras el resto sigue esperando que el progreso llegue algún día.