A pocos días de las legislativas, los medios alineados al gobernador Claudio Poggi lanzaron una ofensiva de desinformación contra el candidato justicialista Jorge “Gato” Fernández. Copias de notas, titulares calcados y una estrategia que huele más a desesperación que a táctica.
ActualidadHace 5 horas
Redacción
Como en cada cierre de campaña, el oficialismo provincial desempolvó su manual de operaciones mediáticas. En los últimos días, portales vinculados al poggismo —El Puntano, InfoSanLuis y Somos Noticias Villa Mercedes— publicaron una serie de artículos casi idénticos que intentan vincular al “Gato” Fernández con causas judiciales y con figuras del rodriguezsaismo.
Entre el 3 y el 8 de octubre, las tres páginas difundieron las mismas acusasiones publicitadas con millones de pesos en redes sociales. La coincidencia no es casual. Detrás de la repetición se percibe la coordinación típica de una estrategia diseñada para saturar redes y titulares con un mismo mensaje, amplificando sospechas y moldeando percepciones sin pruebas. Una operación de manual, que busca instalar ruido justo cuando las encuestas ubican al Frente Justicialista al frente de la intención de voto.
“Cuando no hay gestión ni propuestas, recurren a la difamación”, aseguran desde el entorno de Fernández, donde ya anticipan “una semana cargada de fake news”. No exageran, el poggismo tiene como únicas herramientas la difamación a través de medios que son coordinados por el propio secretario de Comunicación, Diego Masci.
Mientras tanto, Fernández continúa con una campaña territorial, recorriendo barrios, localidades del interior y comercios, en contraste con otros candidatos que se mantienen entre estudios de televisión y spots publicitarios. A esto se le suma, que la comunicación poggista solo difunde el discurso de todos los candidatos que no del PJ, incluso los de el kirchnerismo duro, para confundir al electorado.
A medida que se acerca el 26 de octubre, la lógica del gobierno parece ser siempre la misma, si no se puede convencer, se intenta confundir. Pero en una provincia acostumbrada a ver estas jugadas, las operaciones mediáticas pueden terminar mostrando más debilidad que poder.
El escándalo por el maíz desaparecido de “El Caburé” golpea en el corazón del gobierno de Claudio Poggi. Los paladines de la ética, Bazla y Endeiza, ahora bajo la lupa judicial, ponen en jaque el discurso moral del oficialismo.
Productores denuncian que el gobierno habría vendido “en negro” una cosecha de maíz valuada en más de dos millones de dólares. El funcionario Ricardo Bazla, hombre de la "ética" poggista, vuelve a quedar en el centro de un escándalo que salpica a la Justicia y a otros ministerios.
El intendente bloqueó un proyecto aprobado por el Concejo, impulsado por un concejal de su propio espacio. El veto, sin publicación oficial y con argumentos endebles, reavivó la interna en el oficialismo capitalino.
Mientras crece la inseguridad en la provincia, efectivos policiales fueron enviados a espiar un encuentro político. El gobierno de Poggi usa recursos del Estado y medios oficialistas para montar un sistema de persecución ideológica, sin precedentes.
El candidato a diputado nacional por el PJ cuestionó con dureza el modelo económico de Javier Milei, al que calificó de insensible y destructor del tejido social. Reclamó un Estado presente y denunció el drama de los jubilados ante el ajuste y la desprotección sanitaria.
Las largas filas en el Banco Supervielle terminaron en frustración, la mayoría de los trabajadores municipales no calificó para el crédito que el intendente presentó como un logro. Salarios por debajo de la línea de pobreza y deudas crecientes exponen el verdadero problema.
A días de las elecciones, un hombre clave del futsal, renunció a su cargo y a su candidatura en la lista de Laura Sánchez. Su salida expone un escándalo por contrataciones millonarias que salpican a la actual presidenta de la Liga Sanluiseña.
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La edil fue citada tres veces como testigo en la causa contra Agustina Arancibia Rodríguez y nunca se presentó. Piden que el fiscal haga cumplir la carga pública para evitar que el expediente quede paralizado.
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