Mientras crece la inseguridad en la provincia, efectivos policiales fueron enviados a espiar un encuentro político. El gobierno de Poggi usa recursos del Estado y medios oficialistas para montar un sistema de persecución ideológica, sin precedentes.
Actualidad
Redacción
El gobierno provincial parece haber cruzado una línea peligrosa. En vez de reforzar la seguridad en las calles, la ministra Nancy Sosa habría desplegado a la Policía para vigilar y fotografiar una reunión de Jorge “Gato” Fernández —candidato a diputado nacional por el Partido Justicialista— con trabajadores del sindicato de ATSA.
El hecho fue revelado por el periodista Eduardo Olivares en San Luis 24, quien advirtió sobre el uso de agentes de inteligencia y recursos del Estado con fines políticos. “Le digo a la dirigencia política que estén atentos, porque los están espiando”, lanzó, y señaló además la participación del secretario de Comunicación, Diego Masci, en la maniobra.
La operación, según se supo, no terminó en la toma de imágenes. Las fotos obtenidas por los efectivos fueron luego publicadas por medios vinculados al poggismo, que las subieron con logos de agua para simular un trabajo periodístico propio. Una práctica tan burda como preocupante, que intenta legitimar el espionaje oficial bajo la fachada de la prensa “independiente”.
El episodio deja en evidencia una estructura coordinada entre la Policía y los medios afines al gobierno, orientada a hostigar a referentes opositores y sindicales. Mientras tanto, los delitos reales —robos, asaltos, violencia urbana— siguen en aumento sin que la ministra Sosa dé respuestas concretas.
En cualquier democracia madura, usar las fuerzas de seguridad para vigilar a dirigentes políticos sería un escándalo institucional. En San Luis, parece formar parte de la rutina del poder. El poggismo, que hace gala de republicanismo extremo en los discursos, demuestra en los hechos que no duda en manipular las instituciones para espiar, intimidar y disciplinar a la disidencia.
Con esta práctica, el gobierno no solo erosiona la confianza pública, sino que instala un precedente alarmante: el de una provincia donde la seguridad sirve menos para proteger a los ciudadanos que para cuidar los intereses del oficialismo.
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