La AFA y los clubes rechazaron que La Pedrera sea sede de la final entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors. En la decisión pesó un diagnóstico lapidario: el Gobierno provincial “no sabe organizar un evento de esta magnitud”.
Tras ser sentenciado a dos años y medio de prisión e inhabilitación perpetua, el exministro de Seguridad Claudio Latini denunció una persecución política orquestada desde el propio gobierno de Claudio Poggi y apuntó directamente contra Nancy Sosa, su sucesora en el cargo.
El Senado aprobó que 2026 sea “el Año de la Educación”, pero el presupuesto dice otra cosa: habrá menos fondos para el sistema educativo y los salarios docentes seguirán perdiendo contra la inflación.
El caso del maíz perdido se convirtió en una operación política de control y encubrimiento. El gobierno amplió la denuncia original, pero no explica dónde está el dinero ni quién lo tiene.
Mientras el maíz valuado en dos millones de dólares sigue sin aparecer, el gobierno de Claudio Poggi decidió mirar hacia atrás: denunció a exministros de la gestión anterior, pero evitó hablar de las responsabilidades propias en el manejo actual del campo.
El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, vuelve a estar bajo la lupa. Esta vez por la desaparición de maíz valuado en dos millones de dólares. Pero su historia ya tenía antecedentes de “pérdidas” difíciles de justificar.
El intendente Damián Gómez acusó al Concejo Deliberante, presidido por el poggista Ignacio Olagaray, de trabar fondos y paralizar proyectos clave. Denunció que el municipio sigue recibiendo recursos como si tuviera la población de hace quince años.
La Defensoría del Pueblo, académicos y medios locales alertan sobre la vulneración sistemática de la Ley de Acceso a la Información. Señalan que demoras y negativas afectan la transparencia y la fiscalización de la gestión pública.
El gobernador impulsa la reducción de la feria judicial como una “modernización del sistema”, pero los profesionales del Derecho de San Luis lo califican como una medida improvisada, sin sustento técnico ni administrativo. El descanso judicial, dicen, no es un privilegio, sino una necesidad estructural.
Con una canasta básica que roza los $782 mil, San Luis figura entre las provincias donde más cuesta llenar el carrito. Mientras tanto, el gobernador Claudio Poggi anuncia que “analizará” un aumento salarial. El desfasaje entre los precios y los sueldos ya golpea de lleno a los trabajadores puntanos.
La lista impulsada por el oficialismo provincial se impuso entre denuncias, favoritismos y enojo de los hinchas. A pocas horas de asumir, la nueva presidenta de la Liga enfrentó su primer escándalo: incidentes violentos en un partido y un repudio generalizado en redes.
El Tribunal lo declaró culpable del delito de peculado en perjuicio de la administración pública por la sustracción de bienes desde Terrazas del Portezuelo, cuando era ministro de Seguridad
La desaparición de una cosecha de 2 mil hectáreas de maíz en el campo “El Caburé” ya no es solo una mancha administrativa. Nuevas pruebas apuntan al propio ministro del Superior Tribunal, Víctor Endeiza, y al gobernador Claudio Poggi, quien no podría alegar desconocimiento en un negocio de más de 2 millones de dólares.
Con presiones, maniobras y la sombra del Gobierno provincial detrás, la candidata oficialista logró mantener la conducción de la Liga Sanluiseña. La Secretaría de Deportes, clave en el operativo para asegurar el resultado.
El oficialismo de Laura Sánchez busca retener la conducción de la Liga con respaldo del gobierno provincial y denuncias de presiones a los clubes. Del otro lado, Rubén Rey, con apoyo de AFA, intenta poner fin a años de manejos turbios y desconfianza.
En lugar de explicar el destino de los granos valuados en más de 2 millones de dólares, el Gobierno provincial apuntó contra un exfuncionario de su propia estructura
Por segunda semana consecutiva, el Concejo Deliberante de San Luis suspende su sesión. Aunque la presidenta Laura Sánchez lo justificó por el “Día del Empleado del HCD”, el verdadero motivo es su participación en la elección de autoridades de la Liga Sanluiseña de Fútbol.
La inscripción masiva para el Centro de Monitoreo en Juana Koslay mostró el rostro más crudo del ajuste: cientos de puntanos peleando por unos pocos puestos. Ni el intendente ni el gobernador logran esconder la falta de trabajo real en la provincia.
El presidente del Senado y referente de La Libertad Avanza en San Luis, Bartolomé Abdala, acusó al gobernador Claudio Poggi de haber adelantado los comicios provinciales por temor y de bloquear el crecimiento de nuevos dirigentes dentro de su espacio.
El proyecto impulsado por el Gobierno provincial obtuvo media sanción en el Senado y generó un fuerte malestar entre los profesionales del derecho. La medida reabre el debate sobre el rol del Colegio de Abogados y la influencia política en la Justicia puntana.
El Poder Ejecutivo se prepara para impulsar leyes con la nueva conformación del recinto.
El exintendente de Potrero de los Funes rompió el silencio y apuntó contra los medios alineados con el oficialismo provincial. Denunció una campaña sucia en su contra y acusó a los candidatos poggistas de esquivar los verdaderos problemas de la localidad.
La AFA y los clubes rechazaron que La Pedrera sea sede de la final entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors. En la decisión pesó un diagnóstico lapidario: el Gobierno provincial “no sabe organizar un evento de esta magnitud”.
Tras ser sentenciado a dos años y medio de prisión e inhabilitación perpetua, el exministro de Seguridad Claudio Latini denunció una persecución política orquestada desde el propio gobierno de Claudio Poggi y apuntó directamente contra Nancy Sosa, su sucesora en el cargo.
El Senado aprobó que 2026 sea “el Año de la Educación”, pero el presupuesto dice otra cosa: habrá menos fondos para el sistema educativo y los salarios docentes seguirán perdiendo contra la inflación.
El caso del maíz perdido se convirtió en una operación política de control y encubrimiento. El gobierno amplió la denuncia original, pero no explica dónde está el dinero ni quién lo tiene.
Mientras el maíz valuado en dos millones de dólares sigue sin aparecer, el gobierno de Claudio Poggi decidió mirar hacia atrás: denunció a exministros de la gestión anterior, pero evitó hablar de las responsabilidades propias en el manejo actual del campo.
El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, vuelve a estar bajo la lupa. Esta vez por la desaparición de maíz valuado en dos millones de dólares. Pero su historia ya tenía antecedentes de “pérdidas” difíciles de justificar.
El exintendente de Potrero de los Funes rompió el silencio y apuntó contra los medios alineados con el oficialismo provincial. Denunció una campaña sucia en su contra y acusó a los candidatos poggistas de esquivar los verdaderos problemas de la localidad.
La edil fue citada tres veces como testigo en la causa contra Agustina Arancibia Rodríguez y nunca se presentó. Piden que el fiscal haga cumplir la carga pública para evitar que el expediente quede paralizado.
El intendente Juan Manuel Olguín dispuso el pago de un bono extraordinario que alcanza a más de 200 familias y moviliza la economía local. La medida contrasta con la pasividad de otros jefes comunales que, alineados con Poggi y Milei, mantienen congelados los salarios municipales.
En la 78° Sociedad Rural de San Luis, el gobernador reaccionó con una grosería ante una corresponsal de Lafinur que le consultó por su relación con José Luis Espert. Lo negó, pese a las fotos y visitas previas, y terminó lanzando una frase irrespetuosa que dejó expuesta su intolerancia.
El Ejecutivo municipal denunció ante el Superior Tribunal de Justicia una maniobra sin precedentes: concejales y funcionarios provinciales presentaron una demanda plagada de citas falsas, fallos inventados y doctrina inexistente.
Denuncian un “plan sistemático” para disciplinar voces críticas: concentración de pauta, represalias y medios fantasma financiados con fondos públicos.
El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, vuelve a estar bajo la lupa. Esta vez por la desaparición de maíz valuado en dos millones de dólares. Pero su historia ya tenía antecedentes de “pérdidas” difíciles de justificar.
El caso del maíz perdido se convirtió en una operación política de control y encubrimiento. El gobierno amplió la denuncia original, pero no explica dónde está el dinero ni quién lo tiene.
El Senado aprobó que 2026 sea “el Año de la Educación”, pero el presupuesto dice otra cosa: habrá menos fondos para el sistema educativo y los salarios docentes seguirán perdiendo contra la inflación.
Tras ser sentenciado a dos años y medio de prisión e inhabilitación perpetua, el exministro de Seguridad Claudio Latini denunció una persecución política orquestada desde el propio gobierno de Claudio Poggi y apuntó directamente contra Nancy Sosa, su sucesora en el cargo.
La AFA y los clubes rechazaron que La Pedrera sea sede de la final entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors. En la decisión pesó un diagnóstico lapidario: el Gobierno provincial “no sabe organizar un evento de esta magnitud”.