El gobernador anunció la reactivación del Centro de Deshabituación de La Toma, paralizado por su propia gestión durante casi dos años pese a tener un 85% de avance. La oposición lo acusa de hacer marketing con la salud pública.
Provinciales05 de agosto de 2025
Redacción
Este lunes, Claudio Poggi se mostró en La Toma para anunciar la reactivación del Centro de Deshabituación al Consumo Problemático y Adicciones, un espacio pensado para complementar la tarea de los centros preventivos de la provincia. La escena parecía un impulso renovador, pero escondía un dato que incomoda: la obra fue paralizada por el propio Poggi tras asumir el gobierno.
El edificio, ubicado en las afueras de la localidad cabecera del departamento Pringles, llevaba casi dos años abandonado pese a que su avance era del 80 al 85%. Había sido iniciado durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá, pero la administración actual lo dejó en pausa mientras las demandas del municipio y de la comunidad se multiplicaban.
Críticas por la demora y el uso político
El diputado nacional Ernesto “Pipi” Nader Alí no dejó pasar la oportunidad de cuestionar al gobernador y su accionar. “Abandonaron una obra clave para la salud pública durante dos años. Tenía un 85% de avance y lo dejaron morir”, denunció en sus redes.
El legislador fue más allá y apuntó contra el uso político del anuncio: “Ahora vuelven, apurados por la foto. Pero la salud no puede ser marketing. Tiene que ser política pública. Exigimos que se termine y se sostenga. Porque la salud mental no puede esperar”.
Marketing versus política pública
El caso del Centro de Deshabituación de La Toma deja al descubierto una estrategia repetida, congelar obras heredadas para luego reactivarlas bajo sello propio. La demora, sin embargo, tiene un costo que no aparece en los comunicados oficiales. Durante dos años, la región careció de un espacio clave para atender a personas con consumos problemáticos, mientras las estadísticas de adicciones en la provincia no dejaron de crecer.
El anuncio de Poggi, lejos de ser un logro de gestión, se convierte en el retrato de una política que parece más preocupada por la foto que por la urgencia social. La obra vuelve a arrancar, pero el tiempo perdido no se recupera.
Vecinos apuntan contra el predio de la presidenta de la Liga Sanluiseña por graves irregularidades: venta de alcohol, falta de habilitación, ausencia de matafuegos y seguros. El negocio personal de Sánchez vuelve a quedar bajo sospecha.
El exintendente de Potrero de los Funes rompió el silencio y apuntó contra los medios alineados con el oficialismo provincial. Denunció una campaña sucia en su contra y acusó a los candidatos poggistas de esquivar los verdaderos problemas de la localidad.
La edil fue citada tres veces como testigo en la causa contra Agustina Arancibia Rodríguez y nunca se presentó. Piden que el fiscal haga cumplir la carga pública para evitar que el expediente quede paralizado.
El intendente Juan Manuel Olguín dispuso el pago de un bono extraordinario que alcanza a más de 200 familias y moviliza la economía local. La medida contrasta con la pasividad de otros jefes comunales que, alineados con Poggi y Milei, mantienen congelados los salarios municipales.
En la 78° Sociedad Rural de San Luis, el gobernador reaccionó con una grosería ante una corresponsal de Lafinur que le consultó por su relación con José Luis Espert. Lo negó, pese a las fotos y visitas previas, y terminó lanzando una frase irrespetuosa que dejó expuesta su intolerancia.
El Ejecutivo municipal denunció ante el Superior Tribunal de Justicia una maniobra sin precedentes: concejales y funcionarios provinciales presentaron una demanda plagada de citas falsas, fallos inventados y doctrina inexistente.
Denuncian un “plan sistemático” para disciplinar voces críticas: concentración de pauta, represalias y medios fantasma financiados con fondos públicos.
El intendente de La Punta cedió terrenos municipales sin ordenanza, sin estudios de impacto ambiental ni consulta a los vecinos. El acuerdo con una empresa privada se firmó hace dos años y recién ahora busca la bendición del Concejo Deliberante. La antena se instalaría dentro de la planta potabilizadora de agua, una zona estratégica. En San Luis Capital, un negocio similar fue frenado por el Defensor del Pueblo.
El dirigente de la UTHGRA San Luis ocupará el lugar del libertario, quien deja el Congreso para asumir como legislador provincial por el departamento Pueyrredón.
Mientras se debatía la reducción de la feria judicial, empleados municipales de La Punta habrían sido enviados a insultar y amedrentar a abogados y judiciales. El operativo, según testigos, fue digitado por el senador Martín Olivero y el intendente Luciano Ayala.
Con una votación dividida y sin acompañamiento de la oposición, el oficialismo de Claudio Poggi avanzó con una medida que desató el repudio de abogados, empleados judiciales y gremios. La sesión terminó en un clima tenso, con discusiones y desalojo parcial de las tribunas.
Darío Oviedo Helfenberger, exfuncionario del gobierno de Poggi, pidió una pericia judicial de su celular y acusó directamente a Víctor Endeiza y Ricardo Bazla de darle las órdenes para el operativo que terminó con la desaparición de una cosecha millonaria.
Vecinos apuntan contra el predio de la presidenta de la Liga Sanluiseña por graves irregularidades: venta de alcohol, falta de habilitación, ausencia de matafuegos y seguros. El negocio personal de Sánchez vuelve a quedar bajo sospecha.