
Los barrios 600 y 900 Viviendas continúan sin suministro desde hace cuatro días. La Municipalidad responde solo con publicaciones en redes sociales. El intendente Luciano Ayala no dio explicaciones públicas ni fijó plazos de solución.
En un mapa del delito armado con la ayuda de nuestros lectores y seguidores en redes sociales, se estableció que en un lapso de 72 horas, en San Luis, La Punta y Juana Koslay, se producen por día unos 24 casos de robo.
Actualidad19 de mayo de 2024
Redacción
El mapa del delito del “Gran San Luis” (ciudad capital, La Punta y Juana Koslay), indica que, en tres días, se registraron casi ochenta robos: es decir, aproximadamente uno por hora. O, para ser más cercanos a la realidad, más de 24 robos —ya que hay muchos casos que no se denuncian — por día.
Entonces, gracias a la ayuda de los ciudadanos y ciudadanas confirmamos lo que esconde la nueva administración provincial (Seguridad) y la Policía.
A raíz del ocultamiento de información, ya que literalmente no existen los partes de hechos policiales —los que se dan a conocer son a cuentagotas y forzados por la prensa—, buscan instalar deliberadamente que en la provincia “hay delito cero”, lo que a la luz de lo aportado por los propios vecinos resulta ser una falacia.
En la ciudad capital, a los delitos contra la propiedad se les suman episodios como los arrebatos a cargo de motochorros, asaltos a mano armada y la sustracción de valiosos elementos guardados en vehículos, muchos de ellos estacionados en la zona céntrica o grandes comercios.
En La Punta, a la seguidilla de robos de motos en la última semana se le sumó un caso muy resonante: el asalto contra un chofer de la empresa Sol Bus. A la inusitada violencia se le agrega la inseguridad en la que dejaron a los usuarios del transporte interurbano ya que, por este hecho, los micros no ingresarían en horario nocturno a la zona del Módulo 15.
Quienes siguen atentamente todo lo que ocurre en materia de seguridad, o los casos de inseguridad, no dudan en señalar que las nuevas autoridades provinciales se manejan con improvisación y que se quedaron en el tiempo.
Sostienen que la visión que tienen es de hace 8 años, desde cuando dejaron la gobernación en 2015. Evidencian que no tienen una estrategia acorde a la realidad delictiva, que “no saben leer o interpretar el mapa del delito, si es que lo usan” y que utilizan sistemas obsoletos.
Los datos y sugerencias de los lectores son variados. Por ejemplo, se puntualiza que no se entiende cómo desaprovechan todas las herramientas que tienen a su alcance e, incluso los denominados nodos que les dan comodidad a los efectivos que están 24 horas de turno en barrios complicados. Los usan muy poco. En la fiesta de Villa de la Quebrada se vieron dos o tres. Pero desde diciembre a esta parte, por disposición de las nuevas autoridades, a muchos de estos resguardos los dejaron abandonados.
La imagen de la ministra de Seguridad Nancy Sosa haciendo circo, probando con un martillo la fortaleza del cristal de una patrulla, el desembarco de un escuadrón de la Gendarmería Nacional que le ocasionará un millonario gasto a las arcas provinciales, lo contrario al repetido “no hay plata” de Poggi, la falta de una recomposición salarial y la burla de la suma fija y anual asignada para la compra de indumentarias han ocasionado un profundo malhumor en las filas de la Policía puntana.
Fuente: EL DIARIO DE LA REPÚBLICA

Los barrios 600 y 900 Viviendas continúan sin suministro desde hace cuatro días. La Municipalidad responde solo con publicaciones en redes sociales. El intendente Luciano Ayala no dio explicaciones públicas ni fijó plazos de solución.

El gobierno de Martín Llaryora difundió el detalle de su inversión publicitaria entre enero y junio del año pasado, con discriminación de montos, medios y rubros. La provincia de Claudio Poggi, en cambio, no publica datos consolidados sobre contrataciones a figuras mediáticas ni el destino de los fondos destinados a comunicación oficial.

Dirigentes cercanos sospechan de una maniobra para forzar la salida de Berta Arenas sin asumir el costo político de removerla. La denuncia del juez federal Juan Carlos Nacul y los videos sobre irregularidades en el hospital llegaron en simultáneo y alimentan la hipótesis de filtración deliberada desde el núcleo del oficialismo provincial.

El local El Capo fue asaltado esta madrugada frente a un puesto de seguridad vacío. Los propietarios denunciaron que la zona está liberada y exigieron presencia policial efectiva. El mismo comercio había sido usado en 2023 por la gestión Poggi para denunciar inseguridad en la gestión anterior.

En la previa de una asamblea extraordinaria, comenzaron a delinearse dos opciones para manejar los destinos del "Verde". Andrés Vallone competirá en las próximas elecciones e irá contra el libertario, Rodolfo Negri.

Mediante una nota, el concejal Martín “Tincho” Bastías. Reclama fumigación en el ejido urbano y zonas aledañas ante la proliferación de mosquitos.

La Diócesis confirmó cambios en los horarios de apertura tras una serie de hechos de inseguridad dentro del templo. La decisión expone la falta de respuestas oficiales frente a robos denunciados desde hace meses en iglesias del centro capitalino.

Un relevamiento, basado en datos del INDEC y la Secretaría de Turismo de la Nación, expuso el bajo peso de la provincia en el mapa turístico. Empresarios del sector advierten que la temporada arrancó floja y cuestionan la eficacia del gasto oficial en promoción.

En la previa de una asamblea extraordinaria, comenzaron a delinearse dos opciones para manejar los destinos del "Verde". Andrés Vallone competirá en las próximas elecciones e irá contra el libertario, Rodolfo Negri.

El local El Capo fue asaltado esta madrugada frente a un puesto de seguridad vacío. Los propietarios denunciaron que la zona está liberada y exigieron presencia policial efectiva. El mismo comercio había sido usado en 2023 por la gestión Poggi para denunciar inseguridad en la gestión anterior.

Dirigentes cercanos sospechan de una maniobra para forzar la salida de Berta Arenas sin asumir el costo político de removerla. La denuncia del juez federal Juan Carlos Nacul y los videos sobre irregularidades en el hospital llegaron en simultáneo y alimentan la hipótesis de filtración deliberada desde el núcleo del oficialismo provincial.

El gobierno de Martín Llaryora difundió el detalle de su inversión publicitaria entre enero y junio del año pasado, con discriminación de montos, medios y rubros. La provincia de Claudio Poggi, en cambio, no publica datos consolidados sobre contrataciones a figuras mediáticas ni el destino de los fondos destinados a comunicación oficial.

La medida judicial alcanza a Javier González Fraga, Lucas Llach y otros 18 exfuncionarios del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri, además de directivos del Grupo Vicentín, en el marco de la investigación por un presunto fraude al Estado argentino.