Mutismo absoluto: el gobierno sigue sin dar explicaciones por la transferencia de $500 millones a una mujer

Mientras la maquinaria oficial y mediática apunta contra una mujer de bajos recursos que creyó, como tantos en este país, que la vida al fin le devolvía algo, nadie se pregunta lo esencial: ¿quién transfirió más de 500 millones de pesos desde las arcas del Estado provincial? ¿Con qué autorización? ¿Y, sobre todo, con qué propósito?

Verónica Acosta, la ciudadana que recibió por “error” esa suma multimillonaria, ya fue paseada por los medios como una estafadora, una viva criolla, una delincuente de ocasión. Pero en el Código Penal no se castiga la ingenuidad ni el desborde emocional de quien, ahogada por la pobreza, se aferra a la ilusión de una oportunidad inesperada. Según las leyes, se castiga el dolo, la intención de engañar y de causar un perjuicio. Nada de eso puede probarse en este caso.

En cambio, lo que sí puede probarse —aunque nadie se digne a investigarlo— es que la transferencia fue real, concreta y ejecutada por un funcionario público con nombre y apellido, Walter Daniel Valenzuela, el tesorero general de la provincia. Y a él, curiosamente, nadie lo denuncia, nadie lo nombra ni lo pone en cadena nacional. En una nota anterior, El Mosquito dio cuenta del funcionario y de algunos vínculos familiares. 

A una semana de las elecciones, en un contexto donde el oficialismo hizo circular recursos millonarios, aparecieron 510 millones de pesos flotando en la nada, sin destino oficial, sin partida visible y sin una explicación lógica. La interrogante es para qué era ese dinero, para solventar el trabajo de los fiscales, reforzar los subsidios que por ejemplo dio el ministro Trombotto o alimentar alguna caja política paralela. Las preguntas son muchas, las respuestas ninguna. 

Lo que resulta casi obsceno no es solo el monto, sino la liviandad con la que el Gobierno dice haberse "dado cuenta del error" recién 24 horas después. Un descuido de medio día con semejante cifra podría costarle la cabeza a cualquier funcionario en un gobierno serio. Pero en San Luis, lo que costó fue la reputación de una familia vulnerable. 

La estrategia del poggismo ante la situación fue la habitual: distraer, perseguir y silenciar. Convertir a la víctima en culpable y a los responsables en fantasmas. Condenar antes que la Justicia, con Diego Masci —el secretario de Comunicación— como abanderado de la inquisición digital. Y si la víctima es mujer, mejor, el enemigo predilecto de este funcionario, que jamás se incomoda cuando hay que exponerlas públicamente, lincharlas en redes o pasearlas por estudios de televisión.

La supuesta imputación penal contra Acosta por “defraudación a la administración pública” es, desde lo jurídico, un disparate. El artículo 174, inciso 5° del Código Penal exige dolo. Sin intención, no hay delito. Lo que tal vez haya —en todo caso— es una cuestión civil. Un reclamo administrativo, pero no una cacería penal para cubrir la mugre debajo de la alfombra institucional.

Lo que está en juego acá no es solo el futuro judicial de Verónica Acosta. Lo que está en juego es la transparencia en el manejo de fondos públicos, la rendición de cuentas y la integridad del sistema político provincial. Porque si hoy te transfieren 500 millones por error, y mañana te meten preso por no devolverlo, el problema no es tuyo, es del Estado.

Y mientras Verónica enfrenta sola el escarnio público, los verdaderos responsables se refugian en el mutismo. Casi como si supieran que hablar podría ser más costoso que seguir callados, pero no por eso menos culpables.