La perejil que tapa el bosque

A Verónica Alejandra Acosta, vecina de Villa Mercedes, el Estado le depositó por “error” 510 millones de pesos. Ella esperaba apenas 8 mil, producto de una cuota alimentaria. El giro descomunal no fue fruto del azar ni de un fallo técnico espontáneo, sino que fue una orden administrativa autorizada, rubricada y ejecutada desde la Tesorería General de la Provincia.

¿Quién firmó? Walter Daniel Valenzuela, actual Tesorero General y hombre de extrema confianza del gobernador Claudio Poggi, con antecedentes en la Dirección de Vialidad durante su gestión anterior. No es un ignoto administrativo de tercera línea, es uno de los responsables directos del manejo de los fondos públicos. 

Pero el dato más grave no es solo el volumen del error ni la impunidad del funcionario, sino lo que ocurrió después, la maquinaria del poggismo se activó para proteger a los suyos y montar un operativo de distracción pública. A falta de respuestas institucionales, la estrategia fue clara, exponer a Acosta, culpabilizarla, condenarla socialmente y pasearla por todos los medios nacionales como si se tratara de una delincuente.

Un linchamiento mediático orquestado desde el propio poder político, que encontró en una mujer humilde, sin antecedentes ni intención de fraude, la figura perfecta para encubrir las falencias estructurales del sistema financiero del Estado. Mientras tanto, quien ordenó, autorizó y ejecutó el movimiento de fondos continúa sin ser siquiera interrogado públicamente.

Este caso no es aislado. Otra transferencia “errónea” por 110 millones de pesos fue detectada poco después. Los márgenes de duda se reducen, ya no estamos hablando de desprolijidades ocasionales, sino de un patrón sistemático de irregularidades financieras, donde los errores reiterados se acumulan como excusas para una estructura que —lejos de estar desbordada— parece funcionar a plena conciencia de su impunidad.

La trama se vuelve más oscura si se observan los vínculos personales de Valenzuela y su cercanía la familia del gobernador. La esposa del tesorero, también tiene una historia opaca en el Estado. Su nombre aparece involucrado en un escándalo por el robo de leña del Plan de Inclusión Social. Por estas épocas se dice que, de vuelta en la gestión, aprovechó para arreglar todas las aberturas de su domicilio con los materiales y la mano de obra de los trabajadores del gobierno. Todo un símbolo del poggismo en su mejor expresión, la de utilización de los recursos con planes personales.

Y mientras se desata la cacería sobre una ciudadana, la fiscalía que investigaba el caso fue sorpresivamente reemplazada. Otro movimiento que, lejos de garantizar transparencia, siembra sospechas sobre una justicia cada vez más subordinada al ritmo de la política oficial.

Lo que queda claro es el modo de operar, cuando se revela una falla, se protege a los responsables reales, se encubre el desorden institucional, y se busca una víctima funcional sobre la que montar el espectáculo de la “moral pública”. El poggismo no está resolviendo un error; está ejecutando un plan de represión pública para no ahondar en la rendición de cuentas. 

En San Luis, el que roba millones desde adentro no es noticia, sino el perejil encontrado para la situación, un árbol chico que tape el bosque podrido.