
Los barrios 600 y 900 Viviendas continúan sin suministro desde hace cuatro días. La Municipalidad responde solo con publicaciones en redes sociales. El intendente Luciano Ayala no dio explicaciones públicas ni fijó plazos de solución.
Las demoras administrativas en el caso de un joven fallecido que tuvo problemas de adicción, tienen como responsables exclusivos a la ministra de Salud, Teresa Nigra y a las autoridades del CPAA. El expediente nunca se movió y naufragó en el sistema provincial.
Actualidad15 de enero de 2025
Redacción
En un espectáculo que ya se ha vuelto marca registrada del oficialismo, Claudio Poggi y su aparato mediático intentaron otra vez manipular el dolor humano con fines políticos. Esta vez, usando la tragedia de una madre que perdió a su hijo, intentaron responsabilizar a la Justicia por demoras que, según los documentos oficiales, tienen nombre y apellido: Teresa Nigra, ministra de Salud, y las autoridades del CPAA, Darío Pantano y Mónica Lucero.
Según el expediente al que accedió El Mosquito, las demoras en la atención del joven Becerra no fueron judiciales, sino administrativas. El pedido de internación, solicitado por el Juzgado de Familia N° 1 a cargo de Natalia Rita Giunta, estaba registrado desde el 5 de noviembre. Desde entonces, el trámite se transformó en una pelota que rebotó de un área a otra del Ministerio de Salud sin solución.

El propio informe del CPAA indicaba la necesidad de internar al joven en una comunidad terapéutica en Buenos Aires. Sin embargo, el sistema ministerial lo dejó “en pausa”, atrapado en el limbo burocrático que caracteriza a la gestión Poggi.
El CPAA es un reflejo perfecto del gobierno de Poggi: un espacio que se presentó con bombos y platillos como una solución integral, pero que en la práctica no cumplió con su propósito. Fue creado en las instalaciones de una clínica de DOSEP, reconvertida sin planificación y, como el caso Becerra lo demuestra, con una capacidad operativa nula.
El relato de Poggi sobre su supuesta lucha contra las adicciones no resiste el menor análisis. Su frase durante la inauguración del centro, prometiendo estar “preparados para asistir”, es un eco vacío frente a una realidad que le pasó por encima.
La operación del medio oficialista El Chorrillero no solo fue burda, sino malintencionada. Intentaron cargarle a la Justicia la responsabilidad de un caso cuya desidia recae directamente sobre las autoridades provinciales. Es irónico que la obsesión de Poggi por controlar la Justicia lo lleve a estas maniobras, cuando los datos duros, como el expediente, desmienten su narrativa.

El caso Becerra no solo expone una política de salud desastrosa, sino también la falta de empatía de un gobierno dispuesto a explotar el dolor ajeno para sus propios fines. Mientras los funcionarios miran para otro lado y los medios oficialistas fabrican enemigos, la realidad sigue cobrando vidas. Poggi debería dejar de lado las operetas y empezar a gestionar, aunque sea por una vez.

Darío Pantano - Responsable del CAPP.

Los barrios 600 y 900 Viviendas continúan sin suministro desde hace cuatro días. La Municipalidad responde solo con publicaciones en redes sociales. El intendente Luciano Ayala no dio explicaciones públicas ni fijó plazos de solución.

El gobierno de Martín Llaryora difundió el detalle de su inversión publicitaria entre enero y junio del año pasado, con discriminación de montos, medios y rubros. La provincia de Claudio Poggi, en cambio, no publica datos consolidados sobre contrataciones a figuras mediáticas ni el destino de los fondos destinados a comunicación oficial.

Dirigentes cercanos sospechan de una maniobra para forzar la salida de Berta Arenas sin asumir el costo político de removerla. La denuncia del juez federal Juan Carlos Nacul y los videos sobre irregularidades en el hospital llegaron en simultáneo y alimentan la hipótesis de filtración deliberada desde el núcleo del oficialismo provincial.

El local El Capo fue asaltado esta madrugada frente a un puesto de seguridad vacío. Los propietarios denunciaron que la zona está liberada y exigieron presencia policial efectiva. El mismo comercio había sido usado en 2023 por la gestión Poggi para denunciar inseguridad en la gestión anterior.

En la previa de una asamblea extraordinaria, comenzaron a delinearse dos opciones para manejar los destinos del "Verde". Andrés Vallone competirá en las próximas elecciones e irá contra el libertario, Rodolfo Negri.

Mediante una nota, el concejal Martín “Tincho” Bastías. Reclama fumigación en el ejido urbano y zonas aledañas ante la proliferación de mosquitos.

La Diócesis confirmó cambios en los horarios de apertura tras una serie de hechos de inseguridad dentro del templo. La decisión expone la falta de respuestas oficiales frente a robos denunciados desde hace meses en iglesias del centro capitalino.

Un relevamiento, basado en datos del INDEC y la Secretaría de Turismo de la Nación, expuso el bajo peso de la provincia en el mapa turístico. Empresarios del sector advierten que la temporada arrancó floja y cuestionan la eficacia del gasto oficial en promoción.

En la previa de una asamblea extraordinaria, comenzaron a delinearse dos opciones para manejar los destinos del "Verde". Andrés Vallone competirá en las próximas elecciones e irá contra el libertario, Rodolfo Negri.

El local El Capo fue asaltado esta madrugada frente a un puesto de seguridad vacío. Los propietarios denunciaron que la zona está liberada y exigieron presencia policial efectiva. El mismo comercio había sido usado en 2023 por la gestión Poggi para denunciar inseguridad en la gestión anterior.

Dirigentes cercanos sospechan de una maniobra para forzar la salida de Berta Arenas sin asumir el costo político de removerla. La denuncia del juez federal Juan Carlos Nacul y los videos sobre irregularidades en el hospital llegaron en simultáneo y alimentan la hipótesis de filtración deliberada desde el núcleo del oficialismo provincial.

El gobierno de Martín Llaryora difundió el detalle de su inversión publicitaria entre enero y junio del año pasado, con discriminación de montos, medios y rubros. La provincia de Claudio Poggi, en cambio, no publica datos consolidados sobre contrataciones a figuras mediáticas ni el destino de los fondos destinados a comunicación oficial.

La medida judicial alcanza a Javier González Fraga, Lucas Llach y otros 18 exfuncionarios del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri, además de directivos del Grupo Vicentín, en el marco de la investigación por un presunto fraude al Estado argentino.