Las demoras administrativas en el caso de un joven fallecido que tuvo problemas de adicción, tienen como responsables exclusivos a la ministra de Salud, Teresa Nigra y a las autoridades del CPAA. El expediente nunca se movió y naufragó en el sistema provincial.
Actualidad15/01/2025
Redacción
En un espectáculo que ya se ha vuelto marca registrada del oficialismo, Claudio Poggi y su aparato mediático intentaron otra vez manipular el dolor humano con fines políticos. Esta vez, usando la tragedia de una madre que perdió a su hijo, intentaron responsabilizar a la Justicia por demoras que, según los documentos oficiales, tienen nombre y apellido: Teresa Nigra, ministra de Salud, y las autoridades del CPAA, Darío Pantano y Mónica Lucero.
Según el expediente al que accedió El Mosquito, las demoras en la atención del joven Becerra no fueron judiciales, sino administrativas. El pedido de internación, solicitado por el Juzgado de Familia N° 1 a cargo de Natalia Rita Giunta, estaba registrado desde el 5 de noviembre. Desde entonces, el trámite se transformó en una pelota que rebotó de un área a otra del Ministerio de Salud sin solución.
El propio informe del CPAA indicaba la necesidad de internar al joven en una comunidad terapéutica en Buenos Aires. Sin embargo, el sistema ministerial lo dejó “en pausa”, atrapado en el limbo burocrático que caracteriza a la gestión Poggi.
El CPAA es un reflejo perfecto del gobierno de Poggi: un espacio que se presentó con bombos y platillos como una solución integral, pero que en la práctica no cumplió con su propósito. Fue creado en las instalaciones de una clínica de DOSEP, reconvertida sin planificación y, como el caso Becerra lo demuestra, con una capacidad operativa nula.
El relato de Poggi sobre su supuesta lucha contra las adicciones no resiste el menor análisis. Su frase durante la inauguración del centro, prometiendo estar “preparados para asistir”, es un eco vacío frente a una realidad que le pasó por encima.
La operación del medio oficialista El Chorrillero no solo fue burda, sino malintencionada. Intentaron cargarle a la Justicia la responsabilidad de un caso cuya desidia recae directamente sobre las autoridades provinciales. Es irónico que la obsesión de Poggi por controlar la Justicia lo lleve a estas maniobras, cuando los datos duros, como el expediente, desmienten su narrativa.
El caso Becerra no solo expone una política de salud desastrosa, sino también la falta de empatía de un gobierno dispuesto a explotar el dolor ajeno para sus propios fines. Mientras los funcionarios miran para otro lado y los medios oficialistas fabrican enemigos, la realidad sigue cobrando vidas. Poggi debería dejar de lado las operetas y empezar a gestionar, aunque sea por una vez.
Darío Pantano - Responsable del CAPP.
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