Las demoras administrativas en el caso de un joven fallecido que tuvo problemas de adicción, tienen como responsables exclusivos a la ministra de Salud, Teresa Nigra y a las autoridades del CPAA. El expediente nunca se movió y naufragó en el sistema provincial.
Actualidad15 de enero de 2025
Redacción
En un espectáculo que ya se ha vuelto marca registrada del oficialismo, Claudio Poggi y su aparato mediático intentaron otra vez manipular el dolor humano con fines políticos. Esta vez, usando la tragedia de una madre que perdió a su hijo, intentaron responsabilizar a la Justicia por demoras que, según los documentos oficiales, tienen nombre y apellido: Teresa Nigra, ministra de Salud, y las autoridades del CPAA, Darío Pantano y Mónica Lucero.
Según el expediente al que accedió El Mosquito, las demoras en la atención del joven Becerra no fueron judiciales, sino administrativas. El pedido de internación, solicitado por el Juzgado de Familia N° 1 a cargo de Natalia Rita Giunta, estaba registrado desde el 5 de noviembre. Desde entonces, el trámite se transformó en una pelota que rebotó de un área a otra del Ministerio de Salud sin solución.
El propio informe del CPAA indicaba la necesidad de internar al joven en una comunidad terapéutica en Buenos Aires. Sin embargo, el sistema ministerial lo dejó “en pausa”, atrapado en el limbo burocrático que caracteriza a la gestión Poggi.
El CPAA es un reflejo perfecto del gobierno de Poggi: un espacio que se presentó con bombos y platillos como una solución integral, pero que en la práctica no cumplió con su propósito. Fue creado en las instalaciones de una clínica de DOSEP, reconvertida sin planificación y, como el caso Becerra lo demuestra, con una capacidad operativa nula.
El relato de Poggi sobre su supuesta lucha contra las adicciones no resiste el menor análisis. Su frase durante la inauguración del centro, prometiendo estar “preparados para asistir”, es un eco vacío frente a una realidad que le pasó por encima.
La operación del medio oficialista El Chorrillero no solo fue burda, sino malintencionada. Intentaron cargarle a la Justicia la responsabilidad de un caso cuya desidia recae directamente sobre las autoridades provinciales. Es irónico que la obsesión de Poggi por controlar la Justicia lo lleve a estas maniobras, cuando los datos duros, como el expediente, desmienten su narrativa.
El caso Becerra no solo expone una política de salud desastrosa, sino también la falta de empatía de un gobierno dispuesto a explotar el dolor ajeno para sus propios fines. Mientras los funcionarios miran para otro lado y los medios oficialistas fabrican enemigos, la realidad sigue cobrando vidas. Poggi debería dejar de lado las operetas y empezar a gestionar, aunque sea por una vez.
Darío Pantano - Responsable del CAPP.
El lunes, la secretaria de Servicios Públicos, Yanina Miranda, afirmó que el camión accidentado estaba siendo sometido a una prueba de frenos. La explicación oficial llegó sin la presencia del intendente Gastón Hissa y reavivó cuestionamientos sobre el estado del parque automotor y la seguridad laboral.
El accidente ocurrió el domingo por la noche en el barrio Cerro de la Cruz. El vehículo involucrado fue denunciado por ATE en mayo ante Relaciones Laborales por fallas en los frenos. Otra vez, la intendencia de Hissa volvió a quedar bajo la lupa por las condiciones de seguridad laboral.
Las designaciones quedaron formalizadas el pasado 7 de noviembre. Los nombramientos contradicen el discurso de mérito y austeridad sostenido por Claudio Poggi desde su asunción.
Personas anotadas en los planes provinciales quedaron encuadradas en la modalidad de entrega de materiales sin contar con un lote propio. El reclamo se multiplicó en redes oficiales durante los sorteos y conferencias, con mensajes que luego fueron eliminados.
Con 46 votos afirmativos, la Cámara alta aprobó el primer presupuesto del gobierno de Javier Milei. El artículo 30, que deroga mínimos de inversión educativa y científica, se sancionó con el respaldo de legisladores libertarios y la división del peronismo.
El hecho expone una cadena de denuncias por amenazas, traslados forzados y violencia interna en distintas áreas del municipio.
Tras la renuncia de Jorge Caro, el prosecretario parlamentario de LLA en el Senado, Rodolfo Negri, anunció que presentará un proyecto para presidir el club. La movida se da en un contexto de vacancia institucional y reabre el debate sobre la injerencia política en entidades deportivas.
La intervención comenzó hace varios meses y quedó inconclusa, con montículos de arena y trabajos a medio hacer. Comerciantes y vecinos advierten problemas de tránsito y peligros por falta de señalización. El antecedente inmediato es la obra inconclusa en la avenida Presidente Perón durante la gestión de Jorge Gastón Hissa.
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Las designaciones quedaron formalizadas el pasado 7 de noviembre. Los nombramientos contradicen el discurso de mérito y austeridad sostenido por Claudio Poggi desde su asunción.
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La misma persona fue presentada como vecina en actos oficiales realizados en septiembre en Serranías Puntanas y esta semana en Vialidad Nacional. El episodio vuelve a mostrar que el gobierno está más preocupado por el show que por bajar la cantidad de delitos.
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