La misma fórmula que Arancibia Rodríguez aplicó como presidenta del Concejo Deliberante –ignorar fallos judiciales hasta que la presión pública la obligara a cumplir– ahora parece ser la política oficial de DOSEP. Entonces fueron trabajadores despedidos ilegalmente los que sufrieron su capricho autoritario; hoy es una mujer con cáncer quien enfrenta las consecuencias de una estrategia de desobediencia sistemática que pone en riesgo vidas.
Actualidad06 de enero de 2025
Redacción
Cuando se habla de desobediencia judicial en San Luis, un nombre resuena como antecedente perfecto: Agustina Arancibia Rodríguez. La concejala poggista, conocida por su desprecio abierto hacia las decisiones de la Justicia, sentó un precedente que hoy encuentra su eco más duro en la lucha que vive Claudia Rebolledo, paciente oncológica de Villa Mercedes.
La misma fórmula que Arancibia Rodríguez aplicó como presidenta del Concejo Deliberante –ignorar fallos judiciales hasta que la presión pública la obligara a cumplir– ahora parece ser la política oficial de DOSEP. Entonces fueron trabajadores despedidos ilegalmente los que sufrieron su capricho autoritario; hoy es una mujer con cáncer quien enfrenta las consecuencias de una estrategia de desobediencia sistemática que pone en riesgo vidas.
Rebolledo, de 35 años, necesita un medicamento que cuesta más de 25 millones de pesos para encapsular un tumor agresivo. En diciembre, un fallo judicial ordenó a DOSEP cubrir el tratamiento al 100%. ¿Qué hizo la obra social? Nada. La misma nada que Arancibia Rodríguez ofreció a los trabajadores a quienes despidió arbitrariamente y se negó a reincorporar pese a las sentencias judiciales que la obligaban.
La actitud de la concejala no solo fue un acto aislado, sino el inicio de una peligrosa normalización: en San Luis, las órdenes de los jueces son optativas, siempre que el poggismo así lo decida.
Este lunes, familiares y amigos de Claudia protestaron frente a las oficinas de DOSEP. La imagen es un espejo del pasado, cuando los despedidos por Arancibia tuvieron que recurrir a la presión pública para que finalmente los reincorporara, meses después y no sin antes demostrar un desprecio absoluto por las instituciones que el poggismo dice defender.
Pero el daño ya está hecho. Arancibia Rodríguez dejó un legado tóxico: la desobediencia judicial como herramienta política. Hoy DOSEP y el gobierno de Poggi replican esa estrategia con total impunidad, desoyendo fallos que afectan la vida misma. Lo irónico es que este oficialismo, que se viste de republicanismo de utilería, no tiene problemas en usar la Justicia contra sus opositores, pero cuando un fallo no encaja en su agenda, lo ignoran con la misma facilidad con la que recortan presupuestos.
La situación no es solo la historia de un sistema de salud desmoronado, sino el resultado directo de un modelo de gestión que prioriza los favores políticos sobre los derechos de las personas. DOSEP, arrasada por recortes, se ha convertido en el emblema de esta política despiadada. Y el sello de Arancibia Rodríguez, con su desprecio hacia las sentencias judiciales, sigue marcando el camino.
El oficialismo, desesperado por controlar todos los poderes de San Luis, ha demostrado que la Justicia solo es útil si puede ser manipulada. Pero para el resto de San Luis, la lección es clara: si la desobediencia de Arancibia Rodríguez marcó un antes y un después, hoy el poggismo se asegura de que esa marca quede grabada a fuego en cada fallo judicial que decide ignorar.
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