El rumor crece a cada hora. Facundo Santarone es quien encabezó el negocio entre la multinacional y el Poggismo.
Actualidad07 de septiembre de 2024
Redacción
En el entramado político de San Luis, se corre con fuerza un rumor que ha generado gran revuelo entre las empresas de internet locales y sectores políticos: el gobierno de Claudio Poggi habría entregado la Autopista de la Información a la multinacional Movistar. Este hecho no solo pone en riesgo uno de los proyectos más emblemáticos de la provincia, sino que también sugiere una creciente ola privatizadora que sigue avanzando a paso firme en la gestión actual.
La Autopista de la Información (AUI) ha sido, desde sus inicios, uno de los pilares del desarrollo tecnológico de San Luis. Creada hace más de dos décadas, su objetivo fue garantizar acceso gratuito a internet a todos los habitantes de la provincia, colocando a San Luis a la vanguardia en la implementación de una red de comunicación digital que ha permitido conectar incluso a las zonas más remotas del territorio. El ambicioso proyecto supuso años de inversión en infraestructura y recursos públicos, transformándose en un emblema de progreso y desarrollo inclusivo.
El descontento de las empresas locales
El presunto acuerdo entre el gobierno de San Luis y Movistar ha encendido las alarmas en las empresas locales de internet, que ahora ven amenazada su viabilidad frente a una competencia desleal. La entrega de toda la infraestructura pública a una multinacional de la envergadura de Movistar no solo altera las reglas del juego, sino que golpea de lleno a los pequeños y medianos proveedores que han crecido al amparo de la AUI.
Estos proveedores aseguran que el gobierno ha dado un golpe bajo al ceder una estructura pública que pertenece a los puntanos, una red construida a lo largo de décadas con el esfuerzo de todos, a cambio de un acuerdo con una empresa que prioriza sus intereses económicos sobre el bienestar de la población. La concentración del mercado en manos de Movistar limitará la competitividad, afectando tanto a los precios como a la calidad del servicio.
Facundo Santarone y el "negocio redondo"
En el trasfondo de este polémico acuerdo aparece el nombre de Facundo Santarone, el hombre fuerte de las finanzas del gobierno de Poggi. Conocido por manejar los negocios más lucrativos del poggismo, Santarone sería el artífice del acuerdo con Movistar, el cual, según rumores en los círculos políticos, habría sido cerrado por una suma millonaria. Aunque no se conocen montos específicos, la operación ya se perfila como una de las más significativas de la gestión actual, y como una clara señal de que la privatización de los servicios públicos no es una excepción, sino la regla.
El impacto en San Luis A1000
La puesta en manos privadas de la Autopista de la Información no solo afectará a las empresas de internet locales, sino que también podría desmantelar el futuro del plan "San Luis A1000", que proyectaba modernizar aún más la red provincial y expandir sus beneficios a nuevos sectores de la sociedad. Con la entrada de Movistar, queda en suspenso el destino de este proyecto, y existe el temor de que los avances tecnológicos que la provincia ha logrado hasta ahora sean revertidos en beneficio de una corporación extranjera.
Movistar, por su parte, ya comenzó a mover sus piezas. Apenas cerrado el acuerdo, la empresa lanzó sus planes de fibra óptica, aprovechando la infraestructura pública y los años de inversión que los puntanos han financiado. Ahora, con la red bajo su control, la firma tiene garantizado un mercado ya desarrollado que le permitirá maximizar sus ganancias sin tener que asumir los costos de construir desde cero.
Un paso más en la ola privatizadora
La entrega de la Autopista de la Información es vista como un eslabón más en una cadena de privatizaciones que ha caracterizado la gestión de Claudio Poggi. Mientras el gobierno presenta un discurso de modernización y desarrollo inclusivo, en los hechos sigue cediendo servicios fundamentales a empresas privadas, afectando la soberanía tecnológica de la provincia y dejando a los puntanos a merced de los intereses corporativos.
La privatización de la Autopista de la Información no solo implica la pérdida de un bien público estratégico, sino que también revela una clara orientación del gobierno hacia la venta de activos provinciales en beneficio de unos pocos.
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