RedacciónDarío Oviedo Helfenberger, exdirector de Ética Pública y Control de Gestión, confirmó que pedirá formalmente la prisión preventiva del secretario Ricardo Bazla. El movimiento responde a un dato concreto, fue la propia defensa del funcionario de Poggi la que solicitó primero esa medida contra Oviedo, quien ahora replica el pedido para blindar la causa. La Fiscalía de Instrucción N°4 de Villa Mercedes, a cargo de Leandro Estrada, ya citó al secretario a indagatoria para el 25 de marzo.
El argumento de Oviedo se apoya en el Código de Procedimientos Penal de San Luis, el artículo 202 habilita la prisión preventiva cuando las demás medidas de coerción resultan insuficientes para asegurar los fines del proceso. El requisito central es demostrar que el imputado obstaculizará la investigación. Bazla, que nunca renunció y sigue siendo Secretario de Ética, satisface ese umbral con creces según la querella, tiene rango ministerial, acceso a la estructura institucional y, hasta ahora, ninguna señal de que vaya a apartarse del cargo voluntariamente.
En tanto, el artículo 204 del mismo código es aún más preciso. Para evaluar el peligro de entorpecimiento, la norma indica que debe analizarse si el imputado puede destruir, modificar u ocultar prueba, o influir sobre coimputados, testigos y peritos para que declaren falsamente o se comporten de manera reticente. Para Oviedo, que acusa a la cúpula de la Secretaría de haber generado documentación "pos cosecha" para redistribuir responsabilidades, ese riesgo no es teórico, sino que es la lógica que, según su relato, ya operó antes de que la causa llegara a la Justicia.
La trama tiene una lógica política que Oviedo describe sin rodeos, él cumplía órdenes por jerarquía, fue el eslabón más visible de la cadena, y terminó siendo denunciado y echado. Bazla, en cambio, quien encabezaba la estructura, se tomó una licencia que formalmente no existe. El tercer nombre que aparece en el expediente es el de Víctor Endeiza, en ese momento era Fiscal de Estado, hoy integrante del Superior Tribunal de Justicia.
Lo que está en juego no es solo un caso de posible corrupción administrativa, sino el relato de la ética que el gobierno de Poggi creó. Que el principal imputado siga en funciones mientras la Justicia avanza convierte cada audiencia en un test sobre los límites reales del poder institucional en San Luis.
