RedacciónLa diplomatura en Inteligencia Artificial que el gobierno impulsó como eje de su política educativa no generó adhesión espontánea entre docentes ni directivos. Con el convenio ya suscripto con la Universidad Austral y la inscripción sin respuesta, la administración provincial recurrió a dos incentivos concretos y desesperados, la entrega de computadoras y el otorgamiento de puntaje docente. Sin esos beneficios, la iniciativa no tenía pie.
El operativo de seducción igual quedó corto. Cientos de docentes suplentes y educadores sin cargo efectivo intentaron inscribirse y fueron rechazados. El sistema de admisión los dejó afuera desde el inicio, lo que derivó en quejas masivas y expuso una contradicción central, el gobierno presentó la propuesta como una política educativa amplia, pero diseñó el acceso para una franja restringida del sistema.
La situación se da en un contexto de crisis salarial sostenida en el sector. Los docentes puntanos vienen de años de pérdida de poder adquisitivo y paritarias que no empataron la inflación. Ofrecer hardware y puntaje en ese marco no es un dato menor, sino que revela que el gobierno conocía la debilidad de la propuesta y eligió compensarla con beneficios materiales antes que reformularla.
La diplomatura en IA puede tener valor pedagógico en abstracto. El problema es el modo en que se gestionó, un convenio firmado antes de medir el interés real, una convocatoria que no prendió, una solución improvisada con recursos públicos y, al final, un colectivo docente —el más precarizado— que ni siquiera pudo participar.
