La CGT presentó un amparo judicial contra la ley de reforma laboral

Tal como lo había anunciado, la Confederación General del Trabajo (CGT) presentó hoy un amparo judicial para que se suspenda la ley de la reforma laboral, que el gobierno promulgó esta mañana mediante un decreto que se publicó en el Boletín Oficial.

Ya la central obrera había anunciado que buscaría el camino judicial para impedir que se aplique la ley que modifica los contratos de trabajo y los derechos adquiridos por los trabajadores durante décadas.

La CGT realizó la presentación ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo de Enrique Lavie Pico, que es el fuero donde se tramitan habitualmente las demandas contra el Estado.

Se trata del mismo juez que había desarticulado en su momento el decreto de desregulación que había decretado Milei a principios de 2024. Pero hasta que el juez tome alguna medida la ley ya se encuentra vigente.

El planteo está firmado por el triunvirato de la CGT y por los líderes de los distintos sindicatos que forman parte de la central obrera.

La presentación judicial llega luego de que el lunes pasado la CGT marchara a Tribunales y presentara ante la Justicia un recurso para que se declare la inconstitucionalidad de la ley de reforma laboral, que recibió sanción definitiva el viernes último en el Senado y aún no fue promulgada por el Poder Ejecutivo.

En un comunicado difundido tras la presentación, la central sostuvo que su reclamo de inconstitucionalidad se fundamenta en la afectación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, así como de principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Pacto de San José de Costa Rica, que tienen rango constitucional.

“La mal llamada ‘modernización’ significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales”, señaló el texto. Según la CGT, la nueva norma vulnera el principio de Progresividad o No Regresión, que impide adoptar medidas injustificadas que supongan un retroceso en derechos laborales adquiridos.

También considera que se viola el Principio Protectorio, basado en la “desigualdad estructural entre empleador y trabajador” y orientado a restituir la equivalencia y evitar abusos sobre la parte más débil.

En esa línea, el escrito advierte que se afectan derechos contemplados en el artículo 14 bis, como la protección contra el despido arbitrario, el derecho a huelga, la negociación colectiva, la libre agremiación, la libertad sindical y la seguridad social, entre otros.

La central cuestionó además aspectos concretos de la reforma. Sostuvo que la normativa permite “jornadas de trabajo de hasta 12 horas, el fin de las horas extras y, consecuentemente, reducción del salario”.

Asimismo, objetó la eliminación de “sanciones a los empleadores que no pagaron aportes y transgredieron la ley” y la posibilidad de que las indemnizaciones por despido se abonen en cuotas y a través del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).