Se trata de personas que lavaban autos en la Plaza Independencia y la Municipalidad de Jorge Gastón Hissa les impidió continuar. La jueza María Eugenia Bona, con vínculos con el poggismo, deberá resolver un caso incómodo donde lo político y lo personal se entrecruzan.
Actualidad11 de septiembre de 2025
Redacción
La pulseada entre los llamados “trapitos” y la gestión de Jorge Gastón Hissa escaló en las últimas horas. Raúl Guillermo Goyochea, limpiavidrios histórico de Plaza Independencia, presentó un amparo (Exp. 49766/25) contra la ordenanza municipal N° II-1077-2025 que les prohíbe trabajar en la zona. El planteo es simple pero contundente, la norma vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional al impedirles ganarse el sustento.
“Nos dejan debajo de la línea de pobreza”, escribió Goyochea en su presentación, aclarando que nunca cobró por cuidar autos ni generó conflictos, sino que recibe colaboraciones voluntarias por limpiar vidrios.
Del silencio al desalojo
Antes de judicializar el conflicto, los trabajadores habían optado por el camino administrativo. En el expediente E-08060067-2025 solicitaron al Municipio autorización para seguir en la plaza. La respuesta fue silencio oficial y, luego, la presencia policial, operativos ordenados por Hissa para sacarlos del lugar.
En los hechos, la Municipalidad convirtió una negativa encubierta en un gesto de autoridad política. Hissa buscó enviar el mensaje de que el espacio público se “ordena” con uniformes y decretos, aunque ese orden signifique desplazar a quienes llevan más de veinte años en la misma esquina.
La paradoja Bona
La causa quedó en manos de la jueza laboral María Eugenia Bona Scarpati, figura con reconocidos vínculos con el poggismo. Sin embargo, lejos de verlo como un escollo, los denunciantes lo leen como un factor de confianza: llevan más de dos décadas frente al Poder Judicial, y aseguran que la propia Bona, fiscales y empleados del tribunal han avalado tácitamente su presencia en reiteradas ocasiones.
La paradoja es evidente, en un expediente que enfrenta a trabajadores informales con un intendente que busca disciplinar la calle, la cercanía de la magistrada con el poder político podría jugarle a favor a quienes siempre estuvieron frente a su despacho.
El caso pone en tensión dos relatos. Por un lado, el de los trabajadores que reclaman el derecho básico a subsistir, apoyados en la Constitución y en su historia de permanencia en la plaza. Por otro, el del intendente que pretende mostrar firmeza y usar la "prohibición" para justificar acciones represivas.,
Ahora la incógnita es si Bona optará por resguardar el derecho al trabajo o por convalidar la decisión política de Hissa. Los trabajadores, mientras tanto, apelan a la memoria de quienes los vieron trabajar cada día durante los últimos veinte años.
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