Denuncias por violencia laboral, complicidad institucional y las víctimas siempre pagan los platos rotos.
ActualidadEl miércoles
Redacción
El Tribunal de Cuentas de la Ciudad de San Luis atraviesa una de esas crisis que no se solucionan con una nota de prensa ni con el silencio oficial. En el epicentro del escándalo está la presidenta del organismo, María Paz Pagano, acusada formalmente por violencia laboral. A su lado, Walter Ariel Fernández, vocal que prefiere mirar para otro lado, y detrás de todo el circo, el intendente Gastón Hissa, que no activa protocolos ni protege a las víctimas: las traslada.
Entre 2024 y 2025, varias trabajadoras del Tribunal denunciaron lo mismo: destrato, gritos, humillaciones, arbitrariedades. El patrón se repite cada semana, no hay reuniones, no hay criterios, no hay respeto. Solo una cadena de abusos solapados bajo el barniz institucional.
La frase que se unifica entre las denunciantes sobre la actitud de Pagano, pinta de lleno sus formas de manejarse. “Llega cinco minutos, maltrata a alguien y se va”, advierten.
Una de las víctimas llevó la denuncia a la Justicia e incluso pidió la recusación de Pagano, para defender su integridad y su fuente laboral. Mientras tanto, el otro miembro del Tribunal, el vocal Fernández, hizo lo que mejor sabe, nada. No abrió sumarios, no pidió informes, no movió un papel.
Cuando se le pidió que intercediera, respondió como si no entendiera el problema y para burlarse de las trabajadoras, giró los expedientes a la mismísima Pagano. O sea, la denuncia a la denunciada. ¿Ingenuidad? ¿Complicidad? ¿Cobardía? Cualquiera de las tres es grave, las tres juntas son criminales.
Mientras tanto, Recursos Humanos de la Municipalidad fue debidamente notificado. Ahí aparecía una esperanza, la intervención del famoso —y hasta ahora invisible— Gabinete de Abordaje Interdisciplinario, creado por Ordenanza en 2021 para actuar frente a casos de violencia laboral. Pero el gabinete no existe en la gestión de Jorge Gastón Hissa, nunca fue conformado. Una omisión deliberada del Ejecutivo municipal, el mismo que se saca fotos hablando de derechos y modernización.
La historia se cierra con un gesto que revela el ADN del poder cuando quiere silenciar una denuncia, el propio Hissa firmó un decreto para reubicar a una de las denunciantes. No a la agresora, sino a la víctima.
Una solución conveniente para la mesa directiva, la trabajadora es desplazada, mientras la funcionaria con múltiples denuncias permanece sin daños. Así, el Tribunal que debería auditar, se convierte en garantía de impunidad.
Así funciona el circuito, una presidenta intocable, un vocal funcional, un intendente ausente y víctimas que desaparecen del mapa institucional. Justicia, acá, es apenas una palabra vacía colgada en la puerta de algún despacho.
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El convenio con FEFARA, firmado entre sombras, hunde a la obra social universitaria en una crisis cada vez más profunda. Mientras Moriñigo transfiere fondos millonarios para contener el colapso, los afiliados denuncian abandono, discrecionalidad y un modelo de salud convertido en negocio. La bomba que le quedará a Raúl Gil y una situación cada vez más parecida a DOSEP.
Así lo publicó el medio Visión Política que detalló el millonario gasto que significó el viaje del gobernador y su esposa, Sandra Correa. Vuelo privado, asientos VIP y un viaje que salió de los bolsillos de los puntanos.
Inmobiliarias, mercados y gimnasios, entre otros negocios, ya advirtieron que no se podrá pagar más con aplicaciones como Mercado Pago, Uala, Naranja X, etc.
Otra vez, la presidenta del Concejo Deliberante hizo gala de su autoritarismo contra los trabajadores del Legislativo y su completo desconocimiento de las leyes laborales.
En vez de mejorar la calidad de los alimentos y reforzar los controles, la idea es ir descontinuando el plan que se quedará sin su responsable en las próximas semanas.
Firmó el ajuste con una sonrisa, pero ahora llora los recortes en casa. Poggi quiso ser el aliado perfecto de Milei, aunque no se banca las facturas del amor libertario.
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El Senado aprobó la media sanción de una norma que busca proteger cuentas oficiales. Sin embargo, el propio oficialismo permitió su uso partidario tiempo atrás, cuando El Chorrillero se quedó con las cuentas del programa San Luis Inspira.