El gobierno quiere tapar la crisis institucional en la Policía y se agrava la interna con los oficiales

La situación dentro de la Policía de San Luis ha alcanzado un nivel de tensión que ya no puede disimularse. Los rumores sobre una profunda crisis institucional se multiplican y, aunque no hay confirmación oficial, la posible salida del jefe de la fuerza, Pablo Alejandro Vieytes, marca un punto de quiebre. Versiones no desmentidas señalan que su alejamiento estaría vinculado a presuntas irregularidades administrativas y posibles hechos de corrupción.

En medio de este escenario, el gobierno provincial optó por la estrategia del silencio. Lejos de ofrecer explicaciones públicas, se activó un operativo de contención comunicacional desde la Secretaría que dirige Diego Masci. La prioridad es impedir la circulación de información que pueda escalar la crisis. El funcionario respondió con dureza a las publicaciones del Diario de la República, medio que dio a conocer los primeros indicios del conflicto. Mientras que el resto del ecosistema mediático local permaneció en una inusual quietud, en base a presiones y a pauta oficial. 

Sin embargo, puertas adentro de la fuerza comenzaron a conocerse cambios concretos en la estructura de mando. Aunque la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, no los confirmó, distintas fuentes dan cuenta de las siguientes modificaciones:

Comisario General Javier Miranda como nuevo jefe de la Unidad Regional de Orden Público 1.

Comisario Inspector Gerardo Contreras como segundo jefe en esa misma unidad.

Comisario Inspector Eduardo Morán, nuevo director general de Recursos Humanos.

Comisario Inspector Javier Sosa, como director en ese mismo ámbito.

Comisario General Juan José Salinas, nuevo director general de Asuntos Judiciales.

Comisario Inspector José Marín, director.

El hermetismo oficial no ha hecho más que aumentar las sospechas sobre la profundidad del conflicto. En paralelo, crece el malestar dentro de la institución. Fuentes consultadas describen un clima de fuerte desgaste, con acusaciones de maltratos, favoritismos en los ascensos y una creciente pérdida de confianza hacia la conducción política del área.

Este episodio se inscribe en una línea de manejo de la información pública cada vez más restrictiva. La misma lógica se aplicó en el caso del PANE, donde el gobierno aún no ha brindado detalles claros sobre las intoxicaciones ocurridas en Buena Esperanza y Luján durante las últimas semanas.

La administración de Claudio Poggi se encuentra en un punto crítico. Mientras el Ejecutivo centra sus esfuerzos en controlar el relato, la seguridad en la provincia se deteriora y la fuerza policial —pieza clave del sistema institucional— atraviesa una fractura interna que amenaza con agravarse.