Hissa utiliza la estructura municipal para repartir un diario poggista que difama a los concejales de la oposición

El intendente Jorge Gastón Hissa dio una nueva muestra de cómo entiende el poder, no como una herramienta de gestión, sino como una estructura al servicio de sus intereses y del aparato político que lo sostiene. Esta semana, se lo vio utilizando recursos humanos y logísticos de la Municipalidad de San Luis para repartir casa por casa el diario “Todo un país”, una publicación financiada por el gobierno de Claudio Poggi y dirigida a atacar a los concejales opositores.

Lejos de tratarse de un medio independiente o de interés público, “Todo un país” es una maquinaria de propaganda que responde directamente a los objetivos del poggismo. Su contenido es panfletario, su credibilidad nula, y su financiamiento millonario. Aunque en su tapa figura un valor de $600 por ejemplar, la publicación se reparte gratuitamente gracias a una pauta oficial que escapa a cualquier criterio de austeridad o transparencia. Pero en esta ocasión, se cruzó una línea institucional, la estructura estatal fue puesta al servicio de la difusión de un ataque político.

Empleados municipales fueron obligados a repartir el diario en barrios de la zona oeste, cargando bolsas con ejemplares destinados a desprestigiar a los concejales del peronismo, a quienes se acusa falsamente de frenar un programa de escrituración de viviendas. Lo paradójico es que dicho plan fue impulsado originalmente por el justicialismo durante el último gobierno de Alberto Rodríguez Saá. Así lo recordó el concejal Andrés Russo, quien acusó al oficialismo local de mentir deliberadamente y desviar la atención sobre su propia inacción: “Son ustedes los que no quieren trabajar, muchachos”, sentenció.

La operación política no es improvisada. El director del pasquín, Daniel Poder, es un ex periodista del peronismo devenido en operador oficialista tras su pase a las filas de Poggi. Hoy, su rol central no es informar, sino construir relatos para encubrir la incapacidad del gobierno municipal y provincial. Quien alguna vez se jactó de defender la comunicación pública, ahora se encuentra al frente de un instrumento de difamación sostenido con dinero del Estado.

Lo que está en juego no es un simple conflicto entre bloques. Es la utilización descarada de los recursos municipales para intervenir en la disputa política con herramientas que no deberían estar disponibles para ningún dirigente. Hissa no solo gestiona mal, también manipula la estructura estatal para alimentar una narrativa falsa, encubrir su fracaso como intendente y perseguir a quienes no se alinean con su gestión.

La pregunta de fondo es quién controla estos abusos o quién autoriza que empleados públicos se transformen en repartidores de propaganda política. Tampoco nadie se pregunta en la Justicia como es que el gobierno gasta millones en un medio que no tiene audiencia. 

“Todo un país” no informa, funciona como brazo comunicacional de un proyecto político que utiliza el dinero de todos para sostenerse. Su existencia, distribución y contenido no hacen más que confirmar que en San Luis, el oficialismo no distingue entre el Estado y el partido.

Esto no es periodismo. Es un dispositivo de poder que opera con fondos públicos y una impunidad preocupante. Mientras tanto, la ciudad está sucia, los servicios colapsan y la gestión se diluye entre papel impreso y titulares vacíos.