La propuesta fue presentada por el Bloque Justicialista en el Concejo Deliberante, En medio del brutal tarifazo que implementó el intendente Jorge Gastón Hissa.
Actualidad22 de enero de 2025
Redacción
En San Luis, los concejales del Bloque Justicialista dieron el primer paso hacia lo que podría ser un cambio estructural en la política tarifaria del agua: la creación del Programa Municipal de Instalación de Caudalímetros. El objetivo es garantizar un consumo medido y equitativo en una ciudad donde el agua sigue siendo un recurso tan necesario como escaso. La iniciativa se presenta como una respuesta directa al tarifazo impuesto por el intendente Jorge Gastón Hissa, quien aplicó una tarifa plana que pesa desproporcionadamente sobre los bolsillos de quienes no cuentan con medidores.
Con aumentos de hasta el 1.000% en las facturas anuales, la situación amenaza con asfixiar económicamente a miles de vecinos, mientras el superávit presupuestario descansa cómodo en las arcas municipales. Actualmente, las familias sin caudalímetro enfrentan el cobro de una tarifa plana de 200 UMM, una cifra exorbitante comparada con el costo de quienes tienen medidor, cuya facturación refleja el consumo real. El resultado es una inequidad flagrante en la distribución de costos, que parece más un castigo que una política pública.
El proyecto presentado busca revertir esta situación combinando justicia social y un uso más eficiente de los recursos. Propone financiar la instalación de caudalímetros mediante los casi 6.265 millones de pesos disponibles en el Fondo FIMA, un dinero que podría servir para algo más útil que acumular intereses en un banco. En tanto, los caudalímetros serían instalados prioritariamente en hogares con mayor vulnerabilidad económica, un criterio que quedará en manos de la Secretaría de Desarrollo Social. Además, los beneficiarios podrán pagar los dispositivos en 12 cuotas sin interés, lo que supone un alivio para quienes ya están en jaque financiero.
Mientras tanto, el cobro de la tarifa plana será suspendido y reemplazado por una tarifa reducida de 60 UMM hasta que los medidores estén en funcionamiento. Esta medida, aunque paliativa, podría aliviar el impacto inmediato del tarifazo.
No obstante, la implementación del proyecto está cargada de desafíos, desde los procedimientos de licitación hasta la distribución e instalación de los dispositivos, sobre todo en una gestión que ha demostrado no estar a la altura en materia de servicios básicos.
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