
La gestión municipal convirtió una política pública en ruinas y ahora la publicita como “plan integral”. No hay épica donde hubo desmantelamiento.
Llegará a 7 miembros en 2025 y a 10 en 2027. El proyecto ahora depende de la aprobación o no, por parte del intendente Luciano Ayala, en medio de una feroz interna del oficialismo.
Actualidad27 de noviembre de 2024
Redacción
Este miércoles, el Concejo Deliberante de La Punta aprobó ampliar el número de concejales a 7. Con los votos favorables de Roxana Oros y Mario Gil, ambos de Avanzar, y el rechazo de Fernando Orozco, del Movipro. De esta manera se dio luz verde a una iniciativa que promete reconfigurar el tablero político. Ahora, el destino de esta medida está en manos del intendente Luciano Ayala, quien deberá decidir si la veta o la convierte en ordenanza.
El proyecto establece una ampliación escalonada: tres nuevos concejales en 2025 y otros tres en 2027, elevando el cuerpo legislativo a diez integrantes. Desde sectores libertarios, la crítica fue inmediata, argumentando que solo aumentará los costos para los contribuyentes, una postura que resuena en un contexto en el que el propio Ayala promovió un polémico aumento de sueldo para los funcionarios municipales.
Pero más allá de las cifras, lo que emerge con fuerza es el trasfondo político. La interna oficialista en La Punta se tensa día a día, con Mario Gil y el ex intendente Martín Olivero enfrentados abiertamente al actual jefe comunal. Este conflicto podría derivar en una estrategia arriesgada: dividir al oficialismo en dos bloques, asegurando concejales afines en ambas trincheras. Sin embargo, es una jugada que podría ser un arma de doble filo.
En las últimas elecciones, Ayala se sostuvo en la intendencia por un margen estrecho. Una fractura visible en el oficialismo no solo pone en peligro su gestión actual, sino que podría ser el golpe definitivo en los próximos comicios. Si el proyecto de Gil avanza y se materializa, el 2025 no solo traerá más concejales, sino también una competencia política más encarnizada.
La aprobación de esta medida no es solo un capítulo más en la vida política de La Punta. Sino el umbral a una nueva reconfiguración de la dirigencia, en medio de una imagen muy negativa del oficialismo por las quejas de los vecinos a la gestión municipal actual.

La gestión municipal convirtió una política pública en ruinas y ahora la publicita como “plan integral”. No hay épica donde hubo desmantelamiento.

Concejales del bloque justicialista cuestionaron la proyección de ingresos, la distribución de partidas y la metodología utilizada por el Ejecutivo. Advirtieron inconsistencias que, según señalaron, distorsionan el verdadero estado de las finanzas municipales.

La sesión exprés y el micrófono silenciado abrieron la puerta a una medida cautelar que pone en jaque la validez de la ordenanza. El reglamento, otra vez, quedó en segundo plano.

El sindicato pidió mejoras en múltiples administraciones, excepto en San Luis, donde se concentran la mayor cantidad de empleados. La omisión reaviva cuestionamientos sobre su rol durante el deterioro laboral en la gestión municipal de la capital.

Un grupo de integrantes de la Cámara de Comercio se reunieron con Jorge Gastón Hissa y lo responsabilizaron por el caos que generó la proliferación de manteros. Aunque agradecieron la convocatoria, aseguran que las soluciones que ahora propone ya existían en la gestión anterior y que el intendente sólo reacciona mirando el calendario electoral.

La bancada opositora busca suprimir el requisito impuesto por el Ejecutivo, al que señalan como ilegal y responsable de trabar la renovación del carnet a cientos de vecinos. El dictamen en minoría apunta a restituir los criterios de la Ley Nacional de Tránsito.

Mientras la gestión navega entre anuncios inflados y resultados escasos, la comunicación oficial intenta convertir encuentros administrativos en gestas históricas. La maquinaria propagandística crece, pero la credibilidad se achica.

Pascual Celdrán afirma que el gobierno de Claudio Poggi utilizó denuncias falsas para desviar la investigación e intentar involucrar a funcionarios de la gestión anterior. Señala presiones sobre la Justicia y responsabiliza a funcionarios actuales por el desvío del maíz.

Decretos firmados el 17 de septiembre readecuaron los sueldos de funcionarios de la Secretaría de Hacienda que conduce Néstor Ordoñez. Mientras los estatales continúan muy por debajo de la canasta básica alimentaria.

El sindicato pidió mejoras en múltiples administraciones, excepto en San Luis, donde se concentran la mayor cantidad de empleados. La omisión reaviva cuestionamientos sobre su rol durante el deterioro laboral en la gestión municipal de la capital.

Del Profe Aedes

Concejales del bloque justicialista cuestionaron la proyección de ingresos, la distribución de partidas y la metodología utilizada por el Ejecutivo. Advirtieron inconsistencias que, según señalaron, distorsionan el verdadero estado de las finanzas municipales.

La gestión municipal convirtió una política pública en ruinas y ahora la publicita como “plan integral”. No hay épica donde hubo desmantelamiento.